El Gobierno ha ordenado la creación de un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma provocado por la covid-19. Además, este equipo deberá anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración. 

Todo ello tras el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el primer estado de alarma, y todavía tiene que decir sobre el segundo. El Ejecutivo, además, ha creado equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, participando también la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial. 

El Gobierno procederá a la devolución "de oficio" de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas, con el asesoramiento de equipos informáticos. Para proceder a dicha devolución, se habilitará un mecanismo que permitirá a los ciudadanos consignar una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción. 

En el equipo participan las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de todas las comunidades autónomas excepto Catalunya y Euskadi, que tienen la competencia en esta materia transferida. De hecho, el vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció a principios de octubre que se procedería a la devolución. 

Más de un millón de multas

El estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 —con una durabilidad hasta el 21 de junio— otorgaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales la potestad para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró incostitucional esta medida. 

En total, se impusieron 1.142.127 multas en todo el país, únicamente en el primer estado de alarma y, al menos, 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma —desde 26 de octubre hasta mayo—, según datos del Ministerio del Interior facilitados en marzo. 

En mayo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública actualizó la cifra, al informar de que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno habían resuelto ya con sanción 172.482 expedientes, el 50,1% del total. 

Las delegaciones del Gobierno tramitaron estos expedientes a raíz de las propuestas de sanción tramitadas por Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos y locales. Correspondía, por tanto, al confinamiento domiciliario más estricto y a las multas tramitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

Andalucía y Madrid, las autonomías más expedientadas

De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se habían resuelto con sanción y 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales). 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas. Las 156.262 restantes, tras el análisis del instructor correspondiente se había determinado que, a la vista de los hechos, "no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas". 

Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) eran las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentaban las menores cifras, con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente. 

Para atender al volumen de expedientes y a la "desproporcionada carga de trabajo", Política Territorial anunció en mayo que ponía en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de multas con la idea de que quedaran "resueltos en tiempo y forma". En total, había 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.