El plan normativo del Gobierno de coalición para el año 2022 es, además de una agenda legislativa, una declaración de intenciones que apunta hacia el objetivo de agotar la legislatura. Prueba de ello es que, además de las leyes ya conocidas (como la ley de Vivienda, la ley de Industria o una ley contra la trata), el Ejecutivo incluye dos subidas del salario mínimo interprofesional y la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para el 2023.

La intención de incrementar el SMI hasta en dos ocasiones despeja cualquier duda acerca de la senda de crecimiento que van a seguir los salarios más bajos en los próximos meses. Y esto es una novedad, teniendo en cuenta que este asunto ha sido objeto de disputa entre el PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno en varias ocasiones (de hecho, en 2020 se congeló en contra del criterio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz).

La primera de estas subidas es la de este año, cuya negociación está previsto que comience en las próximas semanas, cuando el Ejecutivo logre cerrar un acuerdo con los grupos parlamentarios para tramitar la reforma laboral en el Congreso. Se apruebe cuando se apruebe, tendrá carácter retroactivo al 1 de enero.

A finales de 2020, Trabajo creó un grupo de expertos para, entre otros encargos, establecer una senda de crecimiento del salario mínimo con el objetivo final de que alcanzase el 60% del salario medio al final de la legislatura. Además, en el acuerdo que el Ejecutivo y los agentes sociales firmaron para subir el SMI en 2021 se recogió que habría un nuevo incremento a principios de 2022.

Pero el Gobierno no se queda ahí y en el plan normativo también se recoge una nueva subida del SMI en 2023 (cuya negociación y aprobación está prevista para finales de este año). 

Esta agenda legislativa incluye la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio, lo que indica que el Ejecutivo está dispuesto a agotar la legislatura sacando unas cuentas cada año (de momento, se han aprobado las de 2021 y las de 2022).

Unos Presupuestos cada año

Aunque lo habitual es esto, unos PGE cada año, cabe recordar que las últimas legislaturas se han desarrollado bajo un único marco presupuestario entre 2018 y 2021, lo que convirtió las últimas cuentas del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en las más longevas de la historia de la democracia.

El plan normativo recoge otras reformas que son novedosas, como la ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés. Los objetivos de de esta norma, reza el documento del Ejecutivo, son "regular las relaciones de los grupos de interés con los responsables públicos; definir
'grupo de interés' y derechos y obligaciones de sus miembros; establecer la publicidad de las agendas de los altos cargos; crear un registro público y obligatorio de grupos de interés" e, incluso, "establecer un régimen sancionador para altos cargos, empleados públicos y 'lobistas'".

También durante este año se llevarán al Consejo de Ministros reformas que pretenden cambiar las condiciones de publicidad y comercialización del tabaco. En este sentido el plan recoge un real decreto que quiere promover la introducción del empaquetado genérico en los cigarrillos y en el tabaco de liar en España.

Este decreto pretende actualizar las normativas actuales para "responder a la existencia de determinados ingredientes y aditivos que están siendo utilizados actualmente en el mercado de productos de tabaco y relacionados". En concreto, se promoverá una regulación para atajar el aumento de nuevos componentes aromatizados con mentol "que comprometen la prohibición de aportar un aroma característico a los productos del tabaco".

Tras toda esta batería de medidas se esconde también la determinación del Ejecutivo de no parar de hacer reformas, cumplir con el acuerdo de coalición e intentar que a la ciudadanía perciba la recuperación económica.

También el objetivo es mostrar que la decisión del Gobierno a terminar la legislatura en el 2023 y, pese a los enfrentamientos puntuales que puedan surgir como el más reciente con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la decisión tanto del PSOE como de Unidas Podemos es seguir gobernando juntos y cumplir con los acuerdos políticos firmados entre ambos.