InvestiduraEl Gobierno se mantendría, al menos, hasta el 23 de septiembre de 2020 por mandato constitucional

El eventual Gobierno que puede salir de las elecciones del 10-N tiene garantizada una duración mínima. En ningún caso podría decaer antes del 23 de septiembre de 2020, debido a un precepto constitucional que alejaría las elecciones durante casi un año, si el Ejecutivo se conformara antes de que acabe diciembre, como tratan de lograr el PSOE y Unidas Podemos.

El artículo 116 de la Carta Magna recoge los preceptos y las facultades para disolver el Congreso y el Senado. Establece, por ejemplo, que la disolución será decretada por el rey a propuesta del presidente del Gobierno (previa resolución del Consejo de Ministros), y que el líder del Ejecutivo no puede realizar esta propuesta cuando está en trámite una moción de censura.

El tercer apartado de este artículo (referido a la Cortes) es el que blinda el eventual Gobierno que pueda conformarse en el próximo mes y medio. El precepto recoge que "no procederá una nueva disolución (de las Cámaras) antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5". Esta excepción del artículo 99 es precisamente la que se produce cuando fracasa una investidura y hay una repetición electoral, como ocurrió el pasado 10 de noviembre y también el 26 de junio de 2016.

Sin embargo, si finalmente se conforma un Gobierno, las Cortes no podrán ser disueltas hasta un año después de la anterior disolución, esto es, hasta el 23 de septiembre (la fecha fijada por el decreto de convocatoria de las elecciones del 10-N fue precisamente esa); por lo que este eventual Ejecutivo tendrá una duración mínima de unos 10 meses (si hay investidura antes de que acabe el año).

La referencia de la Carta Magna a la disolución de las Cortes da un breve tiempo a un Gobierno (teniendo en cuenta que una legislatura dura cuatro años) en un momento en el que el ciclo político del país ha venido marcado por la celebración de elecciones generales. Con cuatro comicios en cuatro años, los partidos han centrado buena parte de sus discursos en apelar a la estabilidad y en tratar de formular propuestas para acabar con el bloqueo que condujo al 10-N.

En este escenario, algunos han advertido de que la solución no se da cuando se logra sacar adelante una investidura, sino que, tras superar este escollo, el Ejecutivo deberá demostrar que puede aportar estabilidad política y que puede gobernar con uno de los Parlamentos más fragmentados que se recuerdan.

La primera prueba de fuego es, sin duda, la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas que están en vigor se aprobaron en junio de 2018 y fueron elaboradas por el Ministerio de Hacienda que dirigía el conservador Cristóbal Montoro, pero validados por el Gobierno de Pedro Sánchez que, tras llegar a La Moncloa, impulsó los PGE del PP bajo el pretexto de dar estabilidad a la legislatura.

Sin números para una nueva moción de censura

El líder socialista ya fracasó en la aprobación de unas cuentas a principios de año, cuando el Congreso no respaldó el proyecto presupuestario que habían elaborado entre el PSOE y Unidas Podemos, y que finalmente derivó en las elecciones del 28 de abril. Si el eventual Ejecutivo que se conforme en esta legislatura quiere dotar de un mínimo de estabilidad al próximo ciclo político, deberá recabar los apoyos suficientes para sus PGE, algo que no se antoja tarea fácil.

Pero aunque no lo lograra, una nueva prórroga de las cuentas de 2018 y un nuevo escenario de incertidumbre política no podrían abocar a otras elecciones, ya que el artículo 116 de la Constitución no dejaría disolver las Cortes hasta el 23 de septiembre del próximo año. 

Si finalmente lo que se constituye es un Ejecutivo de coalición, Sánchez e Iglesias tendrán hasta esta fecha para demostrar que se puede gobernar con uno de los Parlamentos más plurales y fragmentados que se recuerdan, excepto que se constituya una mayoría alternativa para una moción de censura, una situación que estaría prácticamente descartada (solo podría liderarla el bloque de la derecha, y tendría que ser apoyada obligatoriamente por partidos nacionalistas e independentistas).