El Gobierno no teme que las fundaciones de los partidos políticos se conviertan en la oscura vía de entrada de financiación privada para éstos, a pesar de casos como Fundescam (presunta financiación irregular del PP de Madrid), que certifican este riesgo. Por ello, las fundaciones quedan al margen de la prohibición de que las empresas les donen dinero, algo que no podrán hacer con los partidos, a los que sólo podrán financiar personas físicas. Desde octubre de 2012, cuando se suprimió el límite de donación (161.706 euros) a estas organizaciones, el Ejecutivo ha relajado su control sobre las mismas, lo cual se confirma con la legislación presentada hoy.

La vicepresidenta ha informado de que las medidas anticorrupción anunciadas hace un año por el presidente Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación han sido aprobadas por el Consejo de Ministros y pasarán ahora a las Cortes para su trámite parlamentario. El Gobierno no ha aportado apenas novedad alguna hoy respecto a lo explicado por Rajoy en febrero de 2013 y lo expuesto también por Soraya Sáenz de Santamaría el pasado 13 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe sobre el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos y el de control de la actividad de los altos cargos de la Administración.

La portavoz del Ejecutivo se ha limitado a dar como primicia (en realidad, también lo anunció en diciembre) que los partidos deberán publicar en su página web balances de tesorería (donaciones superiores a 50.000 euros, subvenciones, etc.), cuentas de resultados y créditos pendientes de amortizar, incluyendo la entidad prestamista y los detalles del préstamo (importe, interés, plazos de amortización, etc.). Deberán hacerlo, además, según la vicepresidenta, en el plazo máximo de un mes transcurrido desde que estos mismo datos se manden al Tribunal de Cuentas.

Sáenz de Santamaría ha recordado también las medidas ya anunciadas en diciembre de 2013, las más importantes, que los bancos ya no podrán condonar los créditos a los partidos, ni totalmente ni los intereses vencidos, o que tampoco habrá posibilidad de renegociar estos créditos a un tipo de interés inferior al que fija el mercado.