El 19 de abril de 2022, Alfonso Fernández Mañueco tomaba posesión de su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León gracias al acuerdo con la ultraderecha. Con aquel acuerdo, Vox entraba por primera en un Gobierno autonómico. 

Estos dos años de coalición entre la derecha y la ultraderecha en Castilla y León han estado marcados por un nivel crispación nunca antes visto no sólo en el ámbito político, sino también en el social. Las polémicas se han multiplicado hasta convertirse en algo cotidiano, alimentadas en buena medida por Juan García-Gallardo, líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta. 

Las salidas de tono de García-Gallardo han sido constantes: el jefe de filas de Vox se ha enfrentado con casi todos, incluidos sus socios de Gobierno del PP. Los primeros enfrentamientos llegaron pronto, en cuanto Vox enseñó la patita: renegó del Estado de las autonomías, rechazó la existencia de la violencia de género o aseguró que acabaría con la Ley de Memoria Histórica.

Los habituales rifirrafes en sede parlamentaria hace tiempo que se han trasladado a las calles. Tanto es así que en febrero miles de personas salieron en una multitudinaria manifestación en Valladolid -algo nada habitual en la ciudad- para denunciar las políticas de la coalición PP-Vox por sus  "despropósitos antidemocráticos".

Este ambiente de crispación está llegando a su punto álgido, con agresiones que ya llegan a las calles, y eso que aún quedan dos años de legislatura por delante. Es el caso de lo sucedido esta misma semana en Ponferrada, donde un grupo de ultras, que lleva desde noviembre protestando ante la sede local del PSOE, agredió a Olegario Ramón, exalcalde socialista de Ponferrada.

La memoria histórica ha sido la catalizadora de la mayoría de esas polémicas. Hace poco más de dos semanas, las Cortes de Castilla y León registraron la proposición de ley autonómica de Concordia que derogará el actual decreto de Memoria Histórica y Democrática. Esa fue una de las exigencias de la ultraderecha cuando formó Gobierno con el PP en 2022 y que provocó que el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, Ángel Hernández, presentara su dimisión.

Esta misma semana fue vandalizado el monolito que homenajea a los fusilados del franquismo en Puente Castro (León) con una pintada en la piedra en la que se podía leer: "Culpables los que provocaron la guerra", "Vosotros dictadores y fascistas" o "Por vuestros antepasados hay cadáveres en las cunetas".

Sin salir de León en este caso, otra polémica ha salido de la mera actividad política para llegar, en este caso, a las aulas. Los padres de los alumnos de un colegio público de la capital denunciaron la proyección en clase de Historia de un karaoke con el Cara al Sol y la explicación de la profesora, que invitaba a sus alumnos a "no quedarse sólo con lo malo" del fascismo.

Poco antes de estos sucesos, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento fascista conocido como La Pirámide de los Italianos, situado en el valle de Valdebezana, en el puerto del Escudo, en Burgos. 

Se trata de un santuario funerario construido en 1937 por orden de Franco para los soldados italianos de Mussolini muertos en la batalla de Santander. La Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) anunció que denunciaría este hecho, que según su propio comunicado sirve para "seguir celebrando la victoria de los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini".