Pese a la complejidad de la legislatura y la incertidumbre electoral ante los próximos meses, el Gobierno de PSOE y Sumar aspira a ser ambicioso en cuestiones legislativas. Esta semana se ha hecho público el Plan Anual Normativo para 2024, que fija las prioridades de este año. En números totales, el documento contiene 198 iniciativas entre las que se incluyen seis leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos. 

La mitad de las leyes son compromisos con la UE, bien a través de los hitos marcados para la consecución de fondos europeos o para incorporar al Derecho nacional normas de Derecho europeo. Pero también se incluyen medidas que contiene el pacto de coalición progresista firmado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. 

Una de las más destacadas tiene que ver con el Impuesto de Sociedades. Según el documento, entre las previsiones impulsadas por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero se encuentra la "ley por la que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud".

La reforma se asienta en dos compromisos legislativos del Ejecutivo: por un lado, la trasposición de una directiva europea que pretende poner coto al traslado, por parte de las grandes empresas, de sus beneficios a Estados europeos con menor presión fiscal que sus países de origen (dumping fiscal), a través de la fijación de un mínimo de tributación en todos los territorios.

Por otro lado, el compromiso adquirido por PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno, en el que cifraban este mínimo tributario en Sociedades en un 15% para las grandes empresas. La previsión legislativa del plan normativo no hace referencia a ningún porcentaje concreto en el tributo, pero este sí que está recogido en el pacto rubricado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Sin previsiones para la "gran reforma fiscal"

Sí que se especifica en el plan que "se establece un límite a la competencia fiscal en relación con los tipos del Impuesto sobre Sociedades mediante el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para aquellos grupos multinacionales que tengan un importe neto de la cifra de negocios consolidado igual o superior a los 750 millones de euros, en, al menos, dos de los cuatro últimos ejercicios".

Sin embargo, más allá de establecer un mínimo en Sociedades para las grandes multinacionales, el plan normativo del Gobierno para 2024 no recoge ninguna de las medidas pactadas entre PSOE y Sumar para abordar la reforma fiscal pendiente. No se contempla ninguna modificación en el IRPF para hacer el impuesto más progresivo, ni más reformas en el de Sociedades para que las pequeñas empresas no tributen más que corporaciones del Ibex.

El plan tampoco contempla ninguna reforma para redistribuir el peso fiscal entre las rentas salariales y del trabajo (que soportan una gran parte de la tributación) y las rentas del capital (que con las bonificaciones de impuestos como el de patrimonio, o el de sucesiones y donaciones tienen una carga fiscal menor, y que provocan dumping fiscal entre territorios por las comunidades con recursos para bonificar).

No hay ninguna mención a convertir en permanentes los impuestos a las grandes eléctricas y a la gran banca, y tampoco a la reforma fiscal comprometida por Sánchez para armonizar los territorios y acabar con la infrafinanciación de las autonomías peor paradas en el sistema actual.

Teresa Ribera y Yolanda Díaz, en cabeza

Por ministerios, los que más leyes previstas tienen incluidas en el documento son los que encabezan Teresa Ribera y Yolanda Díaz. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico contempla la aprobación de un total de 29 medidas, cuatro leyes y 25 reales decretos. Siete de esas medidas están basadas en el Plan de Transformación y Resiliencia mediante el que se conceden los fondos europeos. 

Algunos de los reales decretos que contempla aprobar el Ministerio liderado por Ribera son sobre los neumáticos y la gestión de sus residuos; la aprobación del reglamento de reutilización del agua o sobre la gestión de los residuos de los productos del tabaco con filtros. Respecto a las leyes, una de ellas prevé el restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía, un ente regulador que funcionó hasta 2013, cuando se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Trabajo también recoge un buen número de leyes y de decretos en sus previsiones legislativas. Entre las más importantes, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial; la reforma del despido (para revisar su causalidad, reparar el daño causado en los improcedentes y prohibir los despidos automáticos en situación de discapacidad sobrevenida); una ley para democratizar las empresas; una ley de economía social para impulsar el modelo de cooperativas; los estatutos del becario y del artista, o una nueva subida del SMI para 2025 vía decreto.

Otras leyes destacadas en el documento son la Ley Orgánica de Medidas Complementarias para Reforzar la Protección frente a la Violencia de Género o la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, ambas del Ministerio de Igualdad. La ley de trata ya fue presentada en Consejo de Ministros hace unas semanas. También se han incluido dos decretos sobre memoria democrática para desplegar la ley aprobada en 2022. Uno de ellos debería servir para la resignificación de Cuelgamuros. 

Desde Moncloa han destacado también proyectos que pretenden aprobar este 2024 como la Ley de Industria o la Ley del Cine, ambas pendientes desde la pasada legislatura. El Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, por su parte, tiene previsto aprobar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) o la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En materia de Juventud, con un ministerio propio que lidera Sira Rego, el Gobierno destaca la Ley de Juventud, la ley para la protección de los menores en los entornos digitales, o la ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad.

Fuentes del Gobierno confían en que las leyes ordinarias y orgánicas puedan ser aprobadas con el apoyo de su socios. Es decir, cerca de la cifra de 50. Consideran que son leyes que suscitarán mayorías amplias y consensos que sean capaces de convencer a grupos parlamentarios tan diferentes como los que necesitan PSOE y Sumar en cada votación en el Congreso. 

Otros compromisos pendientes

No está incluido en el documento de previsiones una de las leyes que no terminaron de aprobarse la pasada legislatura y que muchos de los socios de PSOE y Sumar reclaman. Se trata de la Ley de Secretos Oficiales. Bolaños se justificó en rueda de prensa por este asunto. Hay una norma que el PNV presentó al Congreso y otra que él mismo aprobó en el Consejo de Ministros. Sobre ambas bases, ha destacado Bolaños, "se puede trabajar para actualizar la normativa". 

Un caso similar es el de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. El rechazo de ERC y EH Bildu la pasada legislatura por considerarla insuficiente dio al traste con uno de los asuntos que tenía en mente el Gobierno. No hay menciones en el Plan Normativo, pero, igual que la Ley de Secretos Oficiales, podría retomarse mediante las iniciativas parlamentarias del PSOE u otros grupos.