"El diálogo social no es hacer una norma y pasárnosla 24 horas antes de su aprobación para ver qué nos parece. El diálogo social languidece, e instamos al Gobierno a tomar nota". Estas son palabras del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, hace unas semanas, el mismo día en el que decaía en el Congreso el decreto de conciliación que contenía la reforma del subsidio por desempleo (que no fue pactado ni negociado con los agentes sociales).

La advertencia del líder de CCOO era una expresión del malestar que tienen las principales organizaciones sindicales con el Ejecutivo tras los primeros meses de legislatura. En el pasado ciclo político tuvo lugar uno de los diálogos sociales más productivos de la historia, con más de un quincena de acuerdos (en su mayoría tripartitos) que alumbraron medidas como la reforma laboral, la reforma de las pensiones o la denominada ley rider para regular el trabajo en las plataformas digitales.

Sin embargo, a juicio de los sindicatos, el Gobierno ha transmutado un diálogo social que consistía en la negociación de cada coma, en el que los actores sociales participaban de manera directa en la elaboración de las leyes, en un mero "proceso de consultas" por el que las organizaciones sindicales dan o no su visto bueno a una ley ya cerrada.

El malestar es tal que CCOO y UGT han remitido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una carta para solicitar una reunión con él con el objetivo de abordar el estado actual de la concertación social. El Gobierno parece haber dado un primer paso y el gesto ha venido de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La también vicepresidenta segunda ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Trabajo en una sesión en la que ha desgranado una serie de reformas que su departamento quiere llevar a cabo en esta legislatura y que, de facto, reactivan el diálogo social y el trabajo legislativo con patronales y sindicatos.

La mesa para reducir la jornada arranca este jueves

Tras la subida del SMI este enero (un pacto alcanzado con las organizaciones sindicales, después de descolgarse voluntariamente de las negociaciones la patronal), Díaz ha fijado sus prioridades para este ciclo político, y la primera parada del diálogo social es la reducción de la jornada laboral.

Se trata de una de las medidas estrella de Sumar durante la campaña electoral y una de las reformas pactadas entre los de Díaz y el PSOE en el acuerdo de coalición. Este mismo jueves arrancarán los trabajos de la mesa de diálogo social con el objetivo, apuntó la vicepresidenta, de avanzar hacia la jornada de 37,5 horas semanales sin reducción salarial.

En el acuerdo de Gobierno se establece una reducción progresiva de la jornada en dos fases: de las 40 actuales a 38,5 horas en 2024; y de 38,5 a 37,5 en 2025. Muchos convenios laborales ya recogen jornadas inferiores a las 40 horas, y el objetivo de Trabajo es el de blindar legislativamente esta situación para darle normalidad.

El siguiente hito legislativo avanzado por la vicepresidenta en el Congreso es el desarrollo del denominado Estatuto del Trabajo del siglo XXI. En la legislatura pasada, desde su departamento ya expresaron su deseo de acometer una reforma en profundidad del estatuto actual, vertebrado para sostener un sistema fordista que nada tiene que ver con el mundo actual del trabajo, sobre todo en un contexto marcado por un fuerte desarrollo tecnológico.

La vicepresidenta ha explicado que el primer paso en este sentido será el de encargar a un grupo de expertos la elaboración de un informe que siente las bases de esta reforma "para adecuar un marco legislativo obsoleto a los desafíos y retos del mercado de trabajo actual teniendo especialmente en cuenta las nuevas tecnologías a la hora de desarrollar y gestionar las relaciones laborales".

El despido restaurativo

Otro de los grandes hitos de la legislatura en materia laboral señalados por Díaz es la reforma del actual modelo de despido. En este ámbito la ministra de Trabajo ha mencionado dos reformas; la primera es la eliminación del supuesto de despido automático en casos de invalidez permanente.

La segunda es el desarme del modelo de despido improcedente actual para avanzar hacia el modelo del denominado despido restaurativo establecido en la Carta Social Europea (otro de los puntos recogidos en el acuerdo de coalición rubricado entre el PSOE y Sumar). En la actualidad, la indemnización del despido se calcula en base a los días por año trabajado (33 con un máximo de 24 mensualidades).

El objetivo de Díaz es el de avanzar hacia un modelo en el que la indemnización tendría en cuenta variables como el género, la edad o la antigüedad del trabajador y se calcularía en función del perjuicio sufrido a raíz de ese despido, por lo que eventualmente también tendría mayor capacidad disuasoria para las empresas a la hora de despedir.

Todas las reformas planteadas este lunes por la vicepresidenta en la Comisión de Trabajo del Congreso tendrán que pasar por el diálogo social para su aprobación. De momento, ya hubo un acercamiento previo entre los sindicatos y Trabajo la pasada semana, cuando Díaz, Sordo y Pepe Álvarez (secretario general de la UGT) rubricaron el pacto de la última subida del SMI.