La mitad de las leyes que quiere aprobar el Gobierno en 2024 son compromisos con la UE

La enorme capacidad de legislar, cuantitativamente, ha sido uno de los mensajes de los que más ha sacado pecho el Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez. Pese la necesidad de buscar acuerdos y votos "debajo de las piedras", como ha dicho el presidente en alguna ocasión, el balance numérico ha sido positivo incluso comparado con las mayorías absolutas del PP. 

La situación desde el pasado año es diferente. En 2023 el adelanto electoral y la dilatación temporal de la investidura provocó que hubiera apenas seis meses de actividad legislativa. El ciclo electoral actual y el puzzle parlamentario que tiene que afrontar el Gobierno marca también la situación en 2024. 

En este contexto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado este martes las principales líneas de actuación y prioridades del Ejecutivo de Sánchez. El Plan Anual Normativo, es "realista", según palabras del propio Bolaños. Será público en unos días, contiene 198 iniciativas entre las que se incluyen seis leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos.

Uno de los datos más destacados del plan es que de estas casi 200 iniciativas aproximadamente la mitad son compromisos con la Unión Europea (UE). En concreto, 36 con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el cumplimiento de hitos que conllevan desembolsos de fondos europeos. Y 62 en materia de incorporación al Derecho nacional de normas de Derecho europeo.

Fuentes del Gobierno confían en que las leyes ordinarias y orgánicas puedan ser aprobadas con el apoyo de su socios. Es decir, un total de 49. Consideran que son leyes que suscitarán mayorías amplias. "El Gobierno suma y sigue", insistió Bolaños pese un contexto de cierta incertidumbre por el ciclo electoral y el papel que puedan jugar Junts o ERC tras las elecciones en Catalunya. 

Siempre y cuando se cumpla la estabilidad que pregonan en Moncloa, al Gobierno le costará no obstante negociar cada ley. Un ejemplo de los esfuerzos y equilibrios que habría que hacer se ha visto ya con la conocida como ley del suelo. Aprobada este martes en el Consejo de Ministros, grupos como Podemos o Sumar ya han mostrado sus críticas. 

El Plan Anual Normativo establece las prioridades del Gobierno. Una de ellas es la "modernización socioeconómica desde una perspectiva verde y digital". Aquí se incluyen normas como la Ley de Industria y la Ley del Cine, o "la reforma, mejora y modernización de las instituciones públicas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que ofrecen". Este apartado incluye actuaciones como la Ley para la Transformación de la Administración Pública.

En el plan se ha incluido la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Un asunto que estuvo sobre la mesa durante las negociaciones con Junts para la ley de amnistía. Bolaños no ha ofrecido más detalles sobre qué cambios se acometerán. "Está en una fase muy inicial porque es una norma que está en fase de informe preceptivo del CGPJ. Llevan tres años. Una vez que conozcamos el informe, tenemos que trabajar sobre esa ley. El objetivo es adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI", destacó. 

Otra de las prioridades es "el avance en derechos para toda la ciudadanía". Aquí se pretenden legislar iniciativas como la Ley Orgánica de Medidas Complementarias para Reforzar la Protección frente a la Violencia de Género, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. También se pretenden desarrollar medidas como la modificación del Estatuto de los Trabajadores o la ampliación por ley del nivel asistencial de la protección por desempleo. 

Tal y como ha destacado Bolaños, la agenda legislativa de este año culminará con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, en la que el Ejecutivo ya está trabajando tras renunciar a negociar las cuentas de este año. 

Un punto que ha sido destacado por Bolaños está relacionado con la juventud al asegura que existe "una deuda de derechos y oportunidades que saldar". Aquí se pretenden aprobar en 2024 normas como la Ley de Juventud, la ley para la protección de los menores en los entornos digitales, o la ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. Además, Bolaños anunció que aprobarán un estatuto de la startup de estudiantes y otro de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa. 

Bolaños ha confirmado que la Ley de Secretos Oficiales, que reclaman muchos grupos políticos, no está incluida en el Plan Anual Normativo. El ministro se ha referido a que hay una ley que el PNV presentó al Congreso y que él mismo aprobó en el Consejo de Ministros otra iniciativa. Sobre ambas bases, ha destacado Bolaños, "se puede trabajar para actualizar la normativa". 

Evaluación de 2023

En paralelo, Bolaños ha apuntado algunos datos del informe de evaluación normativa del año 2023, que estará disponible próximamente en el Portal de Transparencia. El Gobierno considera que el balance es positivo porque 2023 solo fue hábil a efectos de actividad normativa hasta el 21 de mayo y que hasta la última semana de noviembre no fue elegido un Gobierno con plenas funciones. Además, la actividad parlamentaria ordinaria no comenzó hasta mediados de diciembre.

En términos cuantitativos, el 52% de las 117 iniciativas normativas incluidas en el Plan fueron aprobadas (47 de ellas, un 40%) o se encuentran en tramitación (14 de ellas, lo que supone un 12%). Como complemento, en 2023 el Gobierno aprobó 219 normas no contempladas en el PAN 2023, además de ocho reales decretos leyes.