El Gobierno se revuelve contra la ofensiva judicial por la amnistía y fía su aplicación al Constitucional

Que la aplicación completa de la ley de amnistía no iba a ser un camino fácil era algo que en el Gobierno podían dar por descontado. Por ello se empeñaron en tratar de no dejar ni un cabo suelto en la redacción del texto que finalmente se aprobó el pasado 30 de mayo en el Congreso.

Esta semana, una resolución del Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a poner una piedra en el camino y ha revuelto a un Ejecutivo que apela ya al Tribunal Constitucional (TC) para su aplicación efectiva. 

La decisión del TS supone el rechazo a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig escudándose en el delito de malversación. Desde el lunes que se conoce este asunto las reacciones políticas se han sucedido en diferentes ámbitos. También en las filas socialistas.

El PSOE emitió un comunicado en el que calificaba de "sorprendentes" o "innecesarias" las "valoraciones políticas" del TS sobre la ley de amnistía en dicha resolución. Al mismo tiempo mostraban "respeto" por las decisiones judiciales, pero no ocultaban sus "discrepancias" con los argumentos dados. También recordaban que el Alto Tribunal no se refería a ninguna cuestión de posible inconstitucionalidad. 

Este martes, desde el Gobierno no se ha llegado a tanto de manera pública. La portavoz, Pilar Alegría, ha comparecido en rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros y ha sido preguntada en varias ocasiones por la valoración por el Ejecutivo de la decisión del TS. 

"Máximo respeto a las decisiones del poder judicial. La ley de amnistía fue aprobada por una mayoría del Congreso. El texto es muy claro, la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Somos conscientes de la eficacia y los efectos positivos de la ley. Lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley", ha destacado la portavoz. 

Alegría no salió de ahí. "Lo que es claro y meridiano es el texto de la ley de amnistía. La voluntad del legislador también, como el propio texto", repitió de manera incesante. Sus palabras contrastaron con las pronunciadas, segundos antes, por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sentada a su lado. 

"Si el TS pensase que la ley es inconstitucional, seguramente la llevaría al TC. No solamente no la lleva sino que volvemos a ver cómo pasan cosas extrañas", ha destacado. Díaz también ha recordado, en lo que ha llamado "radiografía del poder judicial", que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe "sobre una ley que no existía" o que presidentes de Audiencias Provinciales se manifestaron contra esa ley. "Si viniéramos de un país lejano y observásemos lo que está pasando, nos sorprenderíamos", ha añadido. 

Fuentes de Moncloa insisten en privado en el mensaje de que "la ley es clara y se debe aplicar". Al mismo tiempo apelan a que, si hay interpretaciones diferentes en los criterios de aplicación de la amnistía, será el TC quien tenga la última y definitiva palabra. En este sentido, no se descarta que los líderes independentistas terminen recurriendo al TC. Primero, eso sí, tendrían que recurrir ante el propio Supremo. 

Mientras tanto, en el PSOE esperan los recursos al TC anunciados "a bombo y platillo" por el PP. Se preguntan por qué no han dado todavía el paso si tan clara tienen la inconstitucionalidad del texto. Feijóo, este martes, respondía en una entrevista que agotarán el plazo de 90 días para elevar sus recursos. En esa misma conversación, el líder del PP cargó contra el TC al manifestar que en su partido dudan de su imparcialidad. Unas palabras que fueron rechazadas de forma tajante en las filas socialistas. 

Justo además este mismo martes se conocía la aplicación de la amnistía a 46 policías imputados por las cargas del 1-O en Barcelona. Antes ya se habían beneficiado de ella hasta 27 políticos y activistas catalanes. "Para amnistiar a policías los jueces no están encontrando problemas a la ley de amnistía. Parece entonces que las resistencias no son de orden jurídico, sino político", ha escrito al respecto el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón. 

También han mostrado su "preocupación" en privado fuentes socialistas por los audios desvelados por Diario Red este lunes. En ellos, el juez Joaquín Aguirre se jactaba de haber tumbado la ley de amnistía. Puigdemont ha anunciado una querella contra él por prevaricación. 

El progresivo enfado en el Gobierno por las injerencias

El PSOE se ha mantenido en una postura de mostrar "respeto" a las decisiones judiciales. Han rechazado criticar posibles actuaciones de prevaricación, algo que sí han hecho otros partidos de la izquierda o independentistas. Y el Gobierno ha sido especialmente cuidadoso en este aspecto. 

Pero durante los últimos tiempos sí que se han ido deslizando mensajes sobre las injerencias judiciales producidas desde el inicio de la legislatura. También han cargado las tintas contra resoluciones del juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

En enero, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cuestionó públicamente las decisiones del juez Manuel García Castellón sobre la investigación por terrorismo a Puigdemont. El revuelo creado provocó que, un par de horas después, Moncloa remitiera un comunicado aclarando su "respeto" al poder judicial, aunque en ocasiones no comparta sus dictámenes. 

En ese mismo mes de enero, en el marco de la negociación de la amnistía, fuentes de Ferraz apuntaban directamente a que los poderes, políticos, mediáticos y también judiciales quieren acabar con la legislatura de Sánchez. "Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los tiempos del legislativo. Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha. Y eso que la ley no está aprobada", señalaron entonces en el PSOE. "Tiene un objetivo claro", añadían en la dirección socialista.