El Ministerio de Trabajo tiene previsto iniciar ya el trámite para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI), cuya cuantía, tras la última subida, se sitúa en la actualidad en 1.184 euros brutos al mes. Hace tiempo que la ministra del ramo, Yolanda Díaz, anunció que pondría en marcha este procedimiento y, según ha podido saber Público, el primer paso podría darse esta semana.

El proceso arranca con la convocatoria por parte de Trabajo de la Comisión Asesora del Salario Mínimo Interprofesional, el grupo de expertos y expertas que propondrá la cuantía de la subida mediante un informe. El año pasado este grupo estuvo compuesto por 12 personas, entre las que se encontraban profesores de universidad, expertos y técnicos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, así como técnicos de los principales sindicatos del país (CCOO y UGT).

En el informe, los expertos establecerán una horquilla de subida obtenida de estimar el salario medio neto a tiempo completo correspondiente a 2025 con el objetivo de mantener el SMI en el 60% de este salario medio, como mandata la Carta Social Europea.

Una vez la comisión asesora emita su informe, Trabajo convocará una mesa de diálogo social con las principales patronales (CEOE y Cepyme) y sindicatos del país para, atendiendo a la propuesta y al informe completo de los expertos, definir una cuantía concreta para la subida.

Sin embargo, en esta ocasión el foco no sólo estará en cuánto van a subir los salarios más bajos, sino que hay otros elementos que terminarán definiendo el alcance real de la medida. El objetivo de los sindicatos y de los de Yolanda Díaz es que el incremento llegue en su totalidad a las nóminas, para lo que será necesario abordar dos reformas.

La primera consiste en evitar que los denominados complementos y pluses terminen absorbiendo la subida, como ha sucedido hasta ahora, impidiendo que el incremento de los sueldos más bajos repercuta de manera indirecta en el alza del resto de sueldos.

Algunas empresas utilizan estos pluses para que, cuando el SMI (fijado en muchas ocasiones como referencia para el salario base) suba, se amortice esa subida, por lo que los salarios netos de los trabajadores no se incrementan aunque suba su salario base.

A finales de enero, Trabajo y sindicatos cerraron un acuerdo para abordar esta reforma, y en la actualidad forma parte de la negociación de la mesa de diálogo social para trasponer la Directiva Europea de Salarios Mínimos. En este foro los de Díaz aspiran a pactar una modificación (que en principio se llevaría a cabo mediante un decreto) de la ley que regula el salario mínimo para incorporar elementos como la no absorción de los pluses o el blindaje que tiene que ver con situar la cuantía en el 60% del salario medio (un compromiso recogido en la Carta Social Europea pero no incorporado a la legislación española).

El pasado lunes este foro se reunió y Trabajo remitirá a sindicatos y patronales un texto con las principales aportaciones de la última reunión, documento que los agentes sociales se han comprometido a valorar. 

En paralelo, CCOO también pide modificar la ley de desindexación de la economía para garantizar los incrementos del salario de las personas trabajadoras en empresas sujetas a licitación pública (esta norma impide subir el precio de los contratos públicos, pese al incremento del IPC, lo que acaba repercutiendo en los salarios de los trabajadores, ligados a estos contratos). Sin embargo, según fuentes sindicales, el Gobierno está en la actualidad bastante cerrado a hacer ninguna modificación en este sentido.

La otra reforma para garantizar que los perceptores del SMI cobren íntegra la futura subida, como quiere Trabajo, es la de eximir estos sueldos de su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Cuando se subió por última vez el salario mínimo, en enero, este asunto generó una importante disputa entre el Ministerio de Hacienda y el ministerio dirigido por Díaz.

Hasta ese momento, el SMI no tributaba por este impuesto, al considerar que los salarios eran muy bajos para que tuvieran la obligación de aportar a las arcas públicas. Sin embargo, tras los sucesivos incrementos que se han producido desde 2018, en Hacienda consideraron que ya estaban en situación de tributar, ya que no hacerlo suponía una merma importante de ingresos para el Estado (el salario mínimo lo cobran alrededor de 2,5 millones de trabajadores).

Los de Díaz se opusieron radicalmente a esta decisión de Hacienda y exigieron abordar la reforma, lo que causó un enfrentamiento directo con el departamento dirigido por María Jesús Montero. Sumar acusó a los socialistas de ir en contra de la justicia fiscal, ya que pocas semanas antes se había aprobado en el seno del Ejecutivo la exención en ese mismo tributo, el IRPF, para los propietarios de vivienda que accedieran a situar sus precios del alquiler en los límites fijados por el sistema de referencia público. 

Además, desde Trabajo advirtieron de que la obligación de tributar provocaría que la cuantía final de estos sueldos no llegaran al 60% del salario medio, el objetivo principal del incremento. 

Relacionado con este tema

PSOE y Sumar negocian la tributación del SMI para que el conflicto no rompa su unidad en el Congreso

Samuel Martínez / Alexis Romero / Miguel Muñoz

Hacienda, por su parte, acusó a Díaz de hacer "populismo fiscal". En febrero se abrió una negociación entre ambas partes para tratar de alcanzar un acuerdo y, aunque estuvieron a punto de romperse, finalmente las conversaciones fructificaron en un acuerdo. Los de Montero accedieron a que el SMI siguiera exento de tributar IRPF, pero solo durante 2025 (mientras que Sumar pedía blindar la exención sin un límite temporal).

Sí que se incluyó en el acuerdo un compromiso para garantizar que los trabajadores siempre cobren, como mínimo, el 60% del salario medio neto, por lo que las subidas de estos salarios y su tributación siempre deberán atender a este criterio. Ya durante la disputa entre Trabajo y Hacienda, Comisiones Obreras defendió elevar más el SMI de lo previsto inicialmente para garantizar que los trabajadores recibían una cuantía acorde a los preceptos de la Carta Social Europea a la vez que aportaban a las arcas públicas a través del IRPF.

Por este motivo, es probable que la subida propuesta por los de Díaz para 2026 pueda incluir ya en su cálculo estos dos factores (el mantenimiento del 60% del salario medio, y la tributación en el IRPF).