El Gobierno ha defendido este martes el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para delegar competencias en materia migratoria a Catalunya y ha abierto la puerta a que otras comunidades autónomas puedan seguir el mismo camino.

Así lo han expresado las ministras de Seguridad Social y Migraciones, y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz y Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha desvelado que, de momento, no han recibido ninguna petición por parte de otro territorio para delegar las competencias en materia de migraciones, pero, ha precisado, "si alguna comunidad muestra el interés y da un paso adelante, se estudiará con detenimiento y rigor".

La titular de Migraciones ha destacado que en Catalunya "hay una voluntad política histórica" de gestionar las competencias migratorias que es mayoritaria en la sociedad catalana. "Conocen su realidad social y asumen esa responsabilidad", ha defendido.

Saiz ha insistido en varias ocasiones en que no se trata de una "cesión", sino de una "delegación de competencias amparada por la Constitución, como ha habido delegación de competencias en otras materias anteriormente". 

El papel de Catalunya y el Estado en las expulsiones

Desde el Ejecutivo trasladan que la novedad radica en la "incorporación integral" de la administración catalana (también de los Mossos d´Esquadra) en "todos los procesos migratorios", desde la denominada ventanilla única hasta el control en frontera, una labor que compartirán y coordinarán con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

También se ha detenido en explicar la función de la administración catalana en las expulsiones. En el caso de que no haga falta un expediente de expulsión (por ejemplo, en el caso de personas que tengan prohibida la entrada a España), la Generalitat podrá expulsar directamente.

Sin embargo, en los casos en los que se precise un expediente de expulsión, la administración catalana podrá hacer una propuesta que, en todo caso, deberá atender a los criterios de la Junta de Seguridad Catalana (organismo de coordinación entre el Estado y el territorio), pero no tendrá la decisión en su mano.

También ha insistido la ministra de Migraciones en que el texto de la norma acordada con los de Carles Puigdemont atiende al respeto de los derechos humanos: "La ley recoge expresamente la voluntad de crear un nuevo contrato social para proteger a estas personas especialmente vulnerables y estamos desplegando un plan de integración", ha asegurado.

Saiz ha avanzado una reforma "próxima" del artículo 35 de la ley de extranjería

Preguntada por el impulso parlamentario a la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de migrantes, Saiz ha calificado de "buenos" el debate y la tramitación, pero ha evitado concretar ninguna acción.

Sí que ha avanzado la ministra que próximamente se procederá a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para fija una fórmula de reparto de los niños no acompañados, tras rechazar las comunidades del PP alcanzar un acuerdo que dé salida a situaciones de presión como la que sufre Canarias.

Sobre el recurso de inconstitucionalidad que han anunciado los de Feijóo contra esta norma pactada entre el PSOE y Junts, Saiz ha dicho que "se trata de  una delegación de competencias que se contempla en la Constitución, nace de la Constitución y se aplica con ella en la mano".