El Govern intenta mostrar unidad pero su futuro depende de las bases de Junts

El Govern de Catalunya ha querido mantener una imagen de normalidad en la reunión del Consell Executiu de este martes pese a atravesar la peor crisis entre ERC y Junts desde su formación, hace año y medio, y estar pendiente de si este último partido apuesta por salir o no de él después de la consulta a la militancia que finalizará el viernes.

"La reunión ha sido ordinaria en un contexto excepcional", ha afirmado la portavoz, Patrícia Plaja, quien ha añadido que la composición del Ejecutivo debe ser ratificada esta semana y esperarán a la decisión que tomen los 6.000 afiliados de Junts con derecho a voto. De este modo, Aragonès cierra la puerta a realizar cambios en el Govern antes de que su socio se pronuncie de forma definitiva, pese a hacer los preparativos por si ERC tiene que gobernar en solitario, tal avanzó Público. Una vez se sepan los resultados, Aragonès tomará decisiones de forma "ágil y diligente", aunque se esperan a partir del próximo lunes.

Pese a haber múltiples escenarios sobre la mesa, Plaja ha remarcado que "no hay nada roto ni cerrado" y la toma de decisiones está "absolutamente condicionada" a la decisión de Junts una vez finalice la consulta del partido, el viernes a las 17.00 horas.

El president Aragonès, que según Plaja mantiene una "relación fluida" con todos los miembros del Govern, ha transmitido personalmente en la reunión la voluntad de que el Ejecutivo continúe como hasta ahora y también de que la situación de crisis "no se alargue" más allá del plazo de la consulta. Las votaciones tendrán lugar el 6 y 7 de octubre y finalizarán el viernes a las 17h, cuando se sabrán los resultados provisionales. Los definitivos se proclamarán 24 horas más tarde.

Aragonès apuesta por la continuidad pero afirma que la crisis debe cerrarse esta semana

"Es una semana de toma de decisiones, donde se debe clarificar todo", ha zanjado Plaja. Aunque hay múltiples escenarios sobre la mesa, la convocatoria de elecciones no es uno de ellos: "El Govern continuará", ha insistido. El de este martes ha sido el primer Consell Executiu sin el vicepresidente Jordi Puigneró, cesado el pasado miércoles por Aragonès a raíz de haberle perdido la confianza.

Plaja ha remarcado que en la reunión, Aragonès ha reclamado a los consellers que estén "al 100%", como hasta ahora, y que "nada quede parado" de los proyectos que tienen entre manos, de los que han hecho un repaso. En cuanto a la labor del Govern, Plaja ha remarcado que actualmente se ha cumplido el 40% del plan de gobierno para esta legislatura y el conseller de Economia, Jaume Giró, de Junts, sigue trabajando en los presupuestos para 2023, uno de los asuntos más importantes que ocupa el Ejecutivo actualmente.

Plaja ha declinado valorar las declaraciones en TV3 de la presidenta de Junts, Laura Borràs, quien ha afirmado que nos encontramos ante un "Gobierno de colisión". "Ya no es un gobierno de coalición, es un gobierno de colisión", ha asegurado para después añadir que han recibido de Presidència una "negativa constante, total y permanente" a la demanda de cumplir el acuerdo de gobierno. Y ante esta situación, ha añadido, no se puede hacer ver que no está ocurriendo. "Rompe quien no está dispuesto a cumplir un acuerdo", ha concluido, señalando ERC.

Aprobados los estatutos de la energética pública

Como muestra de que el Govern sigue trabajando, Plaja ha anunciado que en la reunión se han aprobado los estatutos de la energética pública de la Generalitat, que ya estaba previsto que se pusiera en marcha en octubre. Se llamará L'Energètica y el próximo paso es constituir su consejo de administración, que estará formado por expertos. Tiene forma de una sociedad anónima unipersonal (SAU) y la voluntad es que acelere la transición energética, fomentando las energías renovables. Su principal objetivo será abastecer a los edificios públicos con energía procedente de placas solares.

Por otra parte, la Agència Catalana de l'Habitatge y el Incasòl han recibido 11,5 millones de euros para adquirir más de 200 viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias que se dedicarán a uso social para familias en situación vulnerable. Desde 2015, la Generalitat ha adquirido 3.630 pisos por valor de 198 millones de euros ejerciendo el derecho de tanteo y retracto.

Adicionalmente, la Agència Catalana de Consum se reforzará con 19 profesionales que velarán por el cumplimiento de la ley 11/2015, especialmente en lo que se refiere a la obligatoriedad de los grandes tenedores de ofrecer alquiler social a las personas vulnerables antes de desahuciarlas.