La situación del periodista y preso político saharaui Mohamed Lamine Haddi se agrava aún más. El pasado miércoles 16, funcionarios de la prisión Tiflet 2, situada al este de Rabat, volvieron a someterle a una sesión de torturas que incluyó una práctica salvaje: según denuncian organismos saharauis de derechos humanos, le arrancaron la barba con tenazas. 

Tales hechos fueron relatados por la madre de Haddi a la Liga de Protección de los Presos Saharauis. Poco después de recibir una llamada telefónica de su hijo, la mujer contó a esa organización que el activista había sido torturado por los funcionarios de la prisión. 

El día anterior, este preso político había presentado una notificación por escrito a la administración penitenciaria en la que informaba de que tenía previsto iniciar una nueva huelga de hambre, así como las razones que motivaban tal medida. 

Estos graves hechos ocurrieron de forma paralela al último tramo de las negociaciones entre los Gobiernos de Marruecos y España en torno al futuro del Sáhara Occidental, unas conversaciones que parecen haber excluido cualquier referencia a la grave situación que se registra en las prisiones marroquíes.

Tal como ha relatado Público, actualmente hay 43 presos saharauis en las cárceles del Estado de Marruecos. Sus familiares denuncian malos tratos, incomunicación y negligencias médicas que ponen en riesgo la integridad física de los prisioneros. 

Repercusión internacional

Haddi arrastra un largo periodo en la cárcel. En 2013 fue condenado a 25 años de prisión por su participación en las protestas del campamento de Gdeim Izik que se registraron en noviembre de 2010. "El tribunal militar que lo juzgó junto con otros saharauis no investigó sus denuncias de haber sido obligados a firmar
confesiones por medio de tortura", destaca un documento de Amnistía Internacional (AI) sobre este caso. 

En tal sentido, la organización de derechos humanos destaca que "un tribunal civil confirmó su condena en 2017 basándose en declaraciones que él afirmaba haber hecho bajo tortura". "Desde que está en Tiflet II, Mohamed Lamine Haddi tiene prohibidas las visitas de su abogado, y en marzo de 2020 se prohibieron las visitas familiares", denuncia AI.

En ese contexto, a lo largo de 2021 realizó dos huelgas de hambre que duraron 69 y 63 días respectivamente (del 13 de enero al 22 de marzo y del 27 de septiembre al 28 de noviembre). Ambas protestas fueron interrumpidas por la administración penitenciaria, que nada pudo hacer para frenar la repercusión internacional que adquirió este caso.

Incomunicado

Hoy Haddi vuelve a estar en las súplicas y denuncias de los grupos de derechos humanos. La Liga de Protección de los Presos Saharauis señala en un comunicado que durante los últimos tres días, la administración penitenciaria prohibió a este preso político "llamar y utilizar el teléfono fijo de la prisión", de tal forma que no podía "informar a la familia de las torturas y prácticas ilegales" empleadas por los funcionarios.

"La tortura y el maltrato cruel infligido por la administración penitenciaria al preso político saharaui Mohamed Lamine Haddi se consideran un delito punible por la ley y confirman de forma tangible la persistencia del fenómeno de la tortura en el interior de las cárceles marroquíes y la falta de respeto de todas las convenciones contra la tortura y protocolos relacionados", afirma la asociación.

Ante esta situación, la Liga para la Protección de los Presos Saharauis ha lanzado un llamamiento urgente a las Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a todas las organizaciones internacionales preocupadas por los derechos humanos "para que intervengan y trabajen con urgencia por la liberación de todos los presos políticos saharauis".