El Gobierno de Pedro Sánchez protagonizó este viernes un giro histórico en su posición sobre el Sáhara Occidental. En una carta enviada al rey de Marruecos, Mohamed VI, aceptaba el plan de autonomía para el territorio que defiende el país vecino. España abandona así su posición de neutralidad activa en el marco de la ONU y se posiciona, por primera vez y de forma oficial, a favor de una de las partes en el conflicto. El Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, mantiene la necesidad de realizar un referéndum de autodeterminación para la que un día fue la provincia número 53 del Estado español. Los saharauis consideran que se ha cedido al "chantaje" marroquí. 

Las consecuencias de esta decisión son imprevisibles. Primero, a nivel geopolítico, por el papel que puede cumplir Argelia, país aliado de los saharauis. Esta situación se produce además en un contexto delicado, en el que ambos países había estrechado lazos de cooperación que garantizan el suministro de gas tras la invasión de Rusia a Ucrania. Pero también a nivel interno. Unidas Podemos tardó poco este viernes en dejar claro su rechazo a este cambio de estrategia. "Toda solución al conflicto debe pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui", señaló la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. 

A esta "nueva etapa", como calificó Moncloa la situación tras la publicación de la carta por Marruecos, se llega después de meses de tensiones y presiones a diferentes bandas. El comunicado del Gobierno, que no menciona la palabra "autonomía" ni "Sáhara", señala que el objetivo es "garantizar la estabilidad, la soberanía y la unidad territorial entre ambos países". Y la explicación se puede encontrar en diferentes acontecimientos ocurridos desde hace un año y medio.

En primer lugar hay que mirar a noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario dio por roto el alto el fuego debido a la incursión marroquí en un territorio neutral, en las fronteras fijadas por la ONU. Llegaba la guerra, con intercambios de ataques entre el ejército saharaui y las fuerzas marroquíes. Poco después, en sus últimos coletazos de la Presidencia de Donald Trump, éste daba un espaldarazo relevante a Marruecos al reconocer la "soberanía" marroquí sobre el territorio, algo que es contrario a la legalidad internacional. El exmandatario estadounidense lo anunciaba a cambio del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel. 

Brahim Gali y la crisis en Ceuta

Pero fue un nombre propio el que generó un terremoto político y social. En mitad de la pandemia, el secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, entró en nuestro país e ingresó en un hospital para recibir atención médica. La manera en la que entró y algunas causas judiciales pendientes levantaron una polvareda política y judicial importante, que tendría consecuencias humanitarias. El dirigente saharaui había sido registrado con otro nombre para evitar la polémica con Marruecos, la cual estalló por los aires.

En este contexto se encuadra la ofensiva marroquí sobre Ceuta del mes de mayo. Tal y como reconocía la embajadora marroquí en Madrid, Karim Benyaich, el problema no era la presencia de Ghali en un hospital español, sino la postura española sobre el Sáhara. Más tarde lo corroboraba el ministro de Exteriores de Rabat, Nasser Bourita, quien no dudó en remarcar que el Sáhara es a Marruecos como Catalunya a España. De esta manera, negaba la condición colonial del conflicto saharaui, tal y como se reconoce en la bibliografía legal internacional. Sánchez fue contundente en su respuesta: "Es inaceptable que se ataquen nuestras fronteras por desavenencias en política exterior".

Marruecos facilitó en mayo de 2021 la llegada de golpe de 8.000 civiles migrantes marroquíes a Ceuta, muchos de ellos menores. La situación fue inédita y complicada, con presiones evidentes y claras. Las reivindicaciones históricas de Marruecos sobre los dos ciudades autónomas, e incluso sobre las Islas Canarias, siempre han estado presentes en los movimientos diplomáticos españoles. 

Poco después se producían los primeros cambios en los ministerios del Gobierno de coalición. Sánchez destituía a la titular de Exteriores, Arancha González Laya, por José Manuel Albares. La primera estaba entonces señalada judicialmente por el caso Ghali y su gestión se caracterizó en mantener la posición de España alineada a la ONU en este conflicto. 

El nuevo enviado especial de la ONU

El caso Ghali seguía coleando tras el verano y la oposición del PP de Pablo Casado lo usaba  como arma arrojadiza contra el Gobierno, incluso por encima de los intereses españoles. Los populares se llegaron a dar cita con integrantes de un partido político marroquí que defiende recuperar Ceuta y Melilla. En octubre, la ONU nombraba un nuevo enviado especial tras dos años con la vacante libre. El italiano Staffan De Mistura llegaba al puesto para reactivar las negociaciones. El pasado mes de enero se reunió con Albares tras haber visitado previamente a las partes.

Otro asunto que avivó las difíciles relaciones a tres bandas entre España, Marruecos y los representantes saharauis fue el veto que RTVE realizó a sus periodistas para viajar a los campamentos de población refugiada de Tinduf (Argelia). Fue en octubre cuando la dirección del ente público decidió que "por el momento delicado" no viajarían los profesionales a lo que consideraron "un viaje de parte". Tampoco se trasladaron periodistas de la Agencia EFE, en ambos casos medios públicos.

Desde los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos continuaban llegando informaciones preocupantes sobre los activistas saharauis. Un nombre propio intentó romper el bloqueo informativo con sus incesantes protestas: Sultana Jaya, quien denunció incluso una violación por parte de fuerzas paramilitares marroquíes.

Su nombre llegó al Congreso de la mano de Aitor Esteban, portavoz del PNV. El ministro Albares evitó pronunciarse sobre el caso de esta mujer. Por iniciativa del grupo de la Izquierda Europea (donde se integra Unidas Podemos), Jaya fue propuesta para el Premio Sajarov de Derechos Humanos que otorga el Parlamento Europeo. Los socialistas, o parte de ellos puesto que el voto es secreto, impidieron que se llevara el galardón, que recayó en la boliviana Jeannine Áñez, quien asumió la Presidencia de su país tras el golpe a Evo Morales.

Zapatero y Moratinos también defendieron la autonomía

El plan de Marruecos para el Sahara Occidental siempre ha pasado por la autonomía. El referéndum de autodeterminación que debería haber organizado la ONU (tiene una misión específica aún en vigor) es una línea roja para el Frente Polisario. En distintos momentos, y de manera más o menos pública, han saltado titulares de un posible apoyo del PSOE a los planes marroquíes. Una de  ellas fue protagonizada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, aunque de forma ambigua. Partidos como IU-ICV pidieron explicaciones ante esa postura. Dos años después, el mismo Gobierno de Zapatero definió el plan de autonomía como una "contribución positiva" por parte de Marruecos.

Ya en 2010, y gracias a los cables filtrados por Wikileaks y publicados por El País, se desvelaron las intenciones que más o menos habían transmitido en público los integrantes de aquel gobierno. Según los cables diplomáticos, el embajador español en Rabat, Luis Planas, le dijo a su homólogo de EEUU, Thomas Riley, en 2006, que Marruecos debía presentar un plan creíble de autonomía. 

Miguel Ángel Moratinos, entonces ministro de Exteriores, elaboró, según las informaciones publicadas, un documento sin membrete en los que se lanzaban ideas sobre el Sáhara. "Lo entregó a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En él les propone abandonar los términos de "descolonización, soberanía e independencia" y sustituirlos por el vocabulario de la "globalización" con palabras como "regionalización, autonomía y autogobierno". Sugiere para el Sáhara "una solución similar a la que España ha dado a Cataluña", publicaba el mencionado diario.

Desde entonces, el plan de autonomía no había vuelto a salir a la palestra, al menos en declaraciones de los gobernantes españoles. El propio Zapatero, ya como expresidente, declaró en el programa Al Rojo Vivo (La Sexta), en noviembre de 2020, que la única solución "realista" es un plan de autonomía. "Nunca he tenido otra convicción sobre esta materia: acuerdo Marruecos-Sáhara y explorar las vías que propuso Marruecos de autonomía, con amplios derechos. Será la única viable y que tenga realización".

Por su parte, Albares ha mantenido una línea aparentemente similar respecto a la posición española. Así lo reflejaba, por ejemplo, una reciente entrevista con Público a finales de enero. "España busca una solución dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas, no podemos poner la solución, es De Mistura quien ha sido escogido para hacerlo. Lo que sí le puedo garantizar es que tiene todo el apoyo de España y que seguiremos el plan que él marque. Hay resoluciones del Consejo de Seguridad, como la 2602, que es una pista interesante", destacó. 

La resolución a la que se refiere el ministro excluyó la palabra "referéndum" y no incluyó la palabra "autonomía", el deseo de Marruecos apoyado desde este viernes por el Gobierno de España. La ONU sí prevé "una solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental". 

En la misma entrevista, Albares daba una pista que este viernes se ha materializado. "Sobre todo, no mantengamos posiciones fijadas, ancladas; lo importante es que demos por finalizado este conflicto". Salvo que el Frente Polisario, que ya ha calificado como rendición al chantaje de Marruecos el cambio de España, aceptara esta autonomía, el conflicto seguiría plenamente abierto.