El periodista Mohamed Lamin Haddi vive en un cuerpo frágil. La última vez que habló con su madre le contó que le dolían los riñones, el estómago. También la soledad. Su vida, por llamarlo de alguna forma, gira entre las paredes de una de las cárceles de Marruecos. Lamin está comprometido con la libertad del Sahara. Por eso está preso y por eso lo torturaron. Por eso también duerme sobre el suelo de su celda, encerrado en condiciones infrahumanas. 

Mohamed Lamin Haddi es uno de los 43 presos saharauis en prisiones marroquíes. Este periodista fue condenado en el macroproceso conocido a nivel internacional por el nombre de Gdeim Izik, en el cual 23 activistas saharauis recibieron penas de entre 20 años de cárcel y la perpetuidad por su participación en las protestas registradas en el campamento de Gdeim Izik en 2010.

"Me dijo que si no le conceden sus reivindicaciones, entrará en una huelga indefinida. Está muy determinado en llevar esa huelga. Le supliqué que renunciara a la huelga de hambre a lo que respondió que es insoportable seguir siendo torturado y maltratado, sufriendo enfermedades. Está durmiendo sobre el suelo sin mantas y en aislamiento, sin ningún contacto humano. La alimentación es inexistente, así como el tratamiento médico", dice la madre del periodista en una carta difundida el pasado miércoles. 

Los 43 presos políticos saharauis están repartidos en 11 cárceles marroquíes. "Son defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Su detención y condena forma parte de la política sistemática de la ocupación marroquí de silenciar sus reivindicaciones por el respeto del derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui", señala un informe aportado a Público por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa).

En tal sentido, destaca que todos ellos "fueron arbitrariamente arrestados y se encuentran arbitrariamente detenidos en violación de los Convenios de Ginebra y de los Convenios Internacionales suscritos por la potencia ocupante así como el propio Estado Español", al tiempo que "el alejamiento de la mayoría de ellos hacia cárceles situadas en Marruecos es un castigo hacia los presos y sus familias".

Alejamiento de sus familias

"Sus carceleros les golpean y les humillan, no reciben atención médica, las condiciones de alimentación, salubridad y de frío son deplorables. Les tienen en cárceles dispersas por el territorio de Marruecos, a unos 1.200 kilómetros de la capital del Sahara Occidental, El Aaiún, y de sus familias", denuncia por su parte Cristina Martínez, integrante del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis.  

La activista destaca que "el derecho internacional prohíbe esa práctica de alejamiento". En concreto, el artículo 76 del Cuarto Convenio de Ginebra establece que "las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si son condenadas, deberán cumplir allí su castigo", algo que no ocurre en estos casos.

Las vulneraciones no terminan ahí. Los familiares no pueden visitar a los presos, "muchos de ellos en situación de incomunicación, ya que bajo diferentes pretextos se les prohíben las llamadas semanales a la que tienen derecho", denuncia Afapredesa.

Asimismo, la mayoría "no tiene acceso a la salud, a la alimentación adecuada o a la educación", a tal punto que, según advierte el colectivo de familiares, "los presos saharauis están siendo sistemáticamente sometidos a una grave negligencia médica".

"Todos los saharauis detenidos arbitrariamente sufren de problemas de salud tras haber sido torturados o sujetos a malos tratos y vivir en condiciones inhumanas en prisión, y tras haber llevado a cabo múltiples huelgas de hambre sin supervisión médica, lo que hace peligrar sus vidas", agrega.

Por su parte, el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis destaca que "cualquier comunicación en vivo o telefónica, está presenciada por un funcionario. Si cuentan lo que les han hecho, habrá represalias. Tampoco los presos quieren preocupar más a la familia". "Los abogados no tienen acceso a sus clientes. La Cruz Roja Internacional no va por allí. Están sumidos en una desprotección total", advierte.

En España, el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis se encarga de informar periódicamente al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las graves condiciones que atraviesan los presos saharauis. Una de las últimas cartas remitidas al ministro José Manuel Albares recoge precisamente "el trato inhumano que se da a los presos saharauis en las cárceles marroquíes".

La detención arbitraria de defensores de derechos humanos saharauis y activistas han sido ampliamente documentadas por los mecanismos de Naciones Unidas, en particular por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) y el Comité contra la Tortura, cuyos dictámenes "evidencian que los activistas saharauis son objeto de detención arbitraria en respuesta a sus opiniones sobre el derecho de autodeterminación".

El pasado día 12 de marzo, el GTDA reclamó la puesta en libertad de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza, el preso político saharaui más antiguo en una cárcel marroquí. Su pena se extiende a los 15 años, de los cuales ya ha cumplido 14. 

En anteriores pronunciamientos, este Grupo de Trabajo de Naciones Unidas remarcó que el encarcelamiento de activistas saharauis "constituía una violación de las obligaciones internacionales de Marruecos de no enjuiciar ni discriminar políticamente", resume Afapredesa.  

Omisión española

La asociación de familiares de presos saharauis denuncia la "responsabilidad de España es por omisión en 41 casos y por participación activa en otros dos". Cita en concreto el caso de Hussein Bachir Brahim, "expulsado en enero de 2019 por España y entregado a las autoridades coloniales marroquíes sin haber tratado su solicitud de asilo".

Asimismo, el ciudadano saharaui Faisel Ali Salem Bahloul fue detenido por la Policía Nacional en Basauri (Bizkaia) el 30 de marzo de 2021 y entregado a Marruecos el pasado 16 de noviembre. 

En estos dos casos, "España ha violado sus obligaciones como potencia administradora del territorio del Sáhara, contempladas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones", además de incumplir "el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, que prohíbe "la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura", recuerda Afapredesa.