El Ministerio de Hacienda ha denunciado al expresident catalán Carles Puigdemont y a sus exconsellers ante el Tribunal de Cuentas para que paguen de su bolsillo los costes del referéndum del pasado 1 de octubre, según han confirmado fuentes del Gobierno.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en el que denuncia el uso de dinero público en el referéndum independentista.

Concretamente, ha pedido que se investiguen todas las subvenciones públicas recibidas por ANC y Òmnium para tratar de determinar si éstas se destinaron a gastos del referéndum y ha reclamado también colaboración de la banca para identificar transferencias en este sentido.

De este modo, el Tribunal de Cuentas podría someter a Puigdemont y a sus consellers a un expediente de responsabilidad contable similar al que ya tienen Artur Mas y otros miembros de su Govern por el referéndum del 9 de noviembre. El Tribunal de Cuentas fijó una fianza de 5,2 millones de euros para Mas por el desvío de dinero público para el referéndum del 9-N, de los que ya ha depositado 2,2 millones.

El secretario de Estado, en declaraciones a los periodistas, ha enmarcado esta petición en una denuncia remitida a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas con el fin de que cuantifique "los daños causados al erario público" para organizar la consulta del pasado 1 de octubre y se reclamen esos fondos a los miembros cesados del Govern. De igual modo, pide que se analice la "responsabilidad" que puedan tener en este proceso las entidades Òmnium Cultural y ANC.

Fernández de Moya ha puntualizado que la denuncia fue enviada el pasado 20 de octubre para requerir que se aclaren "las actuaciones contractuales y administrativas" dirigidas a utilizar "patrimonio público y medios materiales" para organizar y celebrar el referéndum. Precisamente en ese sentido, busca que se defina el montante total y que se "identifique" al Govern como "responsable" de ese gasto de dinero público, así como que se reclamen "las indemnizaciones que correspondan" a sus integrantes.

El extenso escrito del secretario de Estado esta acompañado de numerosas referencias y de un relato de los hechos que, a juicio de Hacienda, evidencian la voluntad "directa y conscientemente decidida" de emplear medios y recursos públicos "para un fin manifiestamente ilegal".

Del mismo modo, se adjunta un listado de actuaciones desarrolladas por Puigdemont y sus consellers hasta la celebración de la consulta, como por ejemplo la presentación pública de las urnas, su traslado a los colegios electorales, la campaña institucional y los medios informáticos o aplicaciones para móviles.

Recuerda el secretario de Estado que hay un procedimiento por malversación de caudales públicos abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por lo que, en su caso, "procedería reclamar del mismo las actuaciones practicadas para delimitar los daños y las personas responsables y fijarse así en eventual importe de las indemnizaciones".

Y explica todos los requerimientos que se fueron haciendo a la Generalitat para evitar que se destinase dinero público a un referéndum ilegal e incluso los escritos enviados a la Fiscalía General del Estado ante la falta de contestación o las respuestas incompletas del Govern.