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Hartazgo entre los jueces por el bloqueo del CGPJ: ahora el PP quiere cambiar el modelo de elección

Los 'populares' abogan por regresar a la ley de 1980, por la que los doce vocales de la carrera judicial eran elegidos por los propios jueces, pero el PSOE ya ha contestado que no. Ante este nuevo desencuentro, las asociaciones judiciales están divididas: unas priman la renovación urgente del CGPJ y otras, el cambio de legislación. 

Fachada del edificio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid (España) a 18 de octubre de 2020.
Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Jesús Hellín / Europa Press

"Todas las asociaciones estábamos confiadas en que ahora, tras las elecciones de Madrid, se retomarían las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- dice la magistrada Ascensión Martín, portavoz de la Asociación Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD)--; estábamos ilusionadas, pero no ha podido ser". El colectivo de jueces y juezas ya da por sentado que el tapón para la renovación del CGPJ sigue engordando, tras más de tres años con el mandato caducado, y sin visos de solución a corto plazo.

Ahora la nueva exigencia del PP para lograr un pacto con el PSOE de cara a la renovación de esta institución y también del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo es que los propios jueces elijan a 12 de los 20 vocales del CGPJ y que los otros ocho, a cargo del Congreso y del Senado, no tengan un perfil político. Es decir, el PP aboga por volver a la Ley Orgánica del CGPJ de 1980, sustituida por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, en vigor.

El sistema actual establece que la elección de los doce vocales de la carrera judicial son elegidos por el Congreso y por el Senado (seis por cada cámara)  entre 51 candidatos alcanzados por los propios jueces; y los restantes ocho vocales son propuestos por los partidos entre juristas de reconocido prestigio. España es, junto a Polonia, el único país de la Unión Europea que tiene este sistema, que en su día, trataba de evitar el corporativismo de los jueces y garantizar la acción de la soberanía popular en la elección de los miembros del órgano constitucional. 

Pero desde el año 1985 hasta ahora, la renovación del CGPJ se ha convertido, según algunos jueces, en un reparto de cromos entre los dos grandes partidos. Por eso algunas asociaciones judiciales ya no hablan ni siquiera de renovar el órgano del gobierno de los jueces. "El daño es ya tan grande que ahora mismo si se renovara sería contraproducente, porque la imagen de politización es tan enorme que pretender que con un nuevo reparto de los vocales se va a arreglar algo es bastante ilusorio", sostiene Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

En la misma línea se manifiesta al magistrada Concepción Rodríguez, portavoz de Foro Judicial Independiente: "Este CGPJ no nos representa ni ningún otro que salga del sistema actual. Llevan 35 años repartiéndose el poder los dos grandes partidos y los jueces hemos dicho que ya no se puede seguir con esta situación". Se refiere esta magistrada a la encuesta que realizó Metroscopia para el CGPJ en octubre de 2020, que arrojó el siguiente resultado: el 90% de los jueces encuestados (mil) están de acuerdo con que los doce vocales de la carrera judicial sean elegidos entre los miembros del colectivo y no por el Parlamento. "Entendemos que el PP no quiera pactar. No entendemos como el PSOE se niega a asumir una reforma que va a ahondar en calidad democrática y que la está pidiendo la Unión Europea y el Consejo de Europa", dice Concepción Rodríguez

Para otras asociaciones, sin entrar en el debate de si hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes en el CGPJ, lo urgente ahora es proceder a la renovación tal cual marca la ley. "La responsabilidad de renovar el CGPJ la tiene quien tiene la competencia para hacerlo, ni más ni menos, y es el Parlamento", dice Juan José Carbonero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial. "Creemos que esta guerra de desgaste no va a favorecer a ninguno de los dos partidos, ni PSOE ni PP van a obtener réditos políticos", opina este magistrado, que recalca: "La primera obligación de estos partidos es atender a sus deberes para que las instituciones funcionen. Luego se puede hablar de otros métodos de elección de los vocales". En la misma línea se pronuncia la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia.

Este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido tajante y ha dejado claro que el PSOE no cambiará la fórmula para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial como le pide el Partido Popular para llegar a un acuerdo sobre su renovación. "El PP siempre quiere cambiar las reglas del juego cuando pierde las elecciones", ha dicho Ábalos. 

El actual CGPJ lleva desde 2013 con los mismos veinte vocales en su composición. Tras el mandato de cinco años, en diciembre de 2018 tendría que haberse renovado, pero se abortó el pacto entre PP y PSOE por la filtración de un 'Whatsapp' del senador Ignacio Cosidó jactándose de que el Partido Popular controlaría la Sala de lo Penal del Supremo "desde atrás", gracias al pactado nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Supremo y del CGPJ.

La caducidad del CGPJ se produjo durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, tras el desalojo del Ejecutivo por una moción de censura de Mariano Rajoy. Las negociaciones entre los socialistas y los 'populares'  para la renovación del gobierno de los jueces han estado siempre marcadas por la discordia, pero tras el pacto de gobierno con Unidas Podemos, la tensión ha ido aumentando, al negarse Pablo Casado a que el partido morado formara parte de las negociaciones. El PP vetó al magistrado de corte progresista José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia de la trama Gürtel, de corrupción del PP.  "Ahora no nos consta que el veto sea por nombres --dice la magistrada Ascensión Martín, de JJpD --. Es una postura política de obstrucción a esa renovación por parte del PP. Creemos que oponerse a la renovación de los órganos constitucionales forma parte de una estrategia política".

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