El decreto de archivo del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, respecto de las tres denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid por el contrato de mascarillas del que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso deja algunas evidencias dignas destacar: en primer lugar, Tomás Díaz Ayuso fue quién diseñó la operación y la ejecutó; y se valió para ello de la empresa de su amigo. 

Sin embargo, Luzón descarta el delito de tráfico de influencias porque "su intervención de asesoramiento técnico para preparar la oferta fue desconocida por los funcionarios tramitadores", según los testimonios recabados en la investigación.

Pero no fue únicamente una "labor de asesoramiento técnico", como dice Luzón y por la que cobró 234.103,52 euros en concepto de comisiones y 'bonus'. Fue algo más: Tomás Díaz Ayuso fue el artífice absoluto del negocio, según se desprende la de investigación de la Fiscalía. 

El hermano de la presidenta trabaja desde 2008 en régimen de autónomo para varias empresas del sector sanitario. Además "tuvo la oportunidad de asistir a jornadas y congresos nacionales y a distintas ferias médicas internacionales lo que le permitió mantener contactos con fabricantes de equipamiento y material sanitario de diferentes países del mundo, incluida China", dice Luzón. 

En marzo de 2020, cuando se decretó el primer estado de alarma por la pandemia, Tomás Díaz Ayuso "consciente de la difícil situación" en la que quedaba la empresa de su amigo Daniel Alcázar, Priviet Sportive SL, constituida en 1994 y dedicada al comercio textil, le propuso "una oportunidad de negocio", dice el fiscal. 

Díaz Ayuso era también consciente de la enorme oportunidad que se abría para suministrar material sanitario de protección a las administraciones públicas. Entonces, según el relato del fiscal, propuso a su amigo aunar su "capacidad logística y financiera" y la experiencia en el sector sanitario que él acumulaba. 

A partir de entonces, fue Tomás Díaz Ayuso el que hizo todo el trabajo, según el decreto de la Fiscalía. Se encargó de los trámites para que Priviet Sportive se presentara antes las Administración Públicas como un fiable suministrador de material sanitario contra la covid.

En concreto, confeccionó para su amigo un dossier: el "documento elaborado para la introducción de la empresa Priviet Sportive S.L. en el Mercado sanitario", con el epígrafe Descripción de productos y características técnicas. Suministro de material necesario para hacer frente al covid-19 enfocado a varias Comunidades Autónomas, organismos de la Administración General del Estado y todo tipo de empresas privadas, tanto nacionales como internacionales", consta en el decreto. 

No sólo eso. En dicho dossier, Tomás Díaz Ayuso incluyó un listado de 14 clientes potenciales "de los que indica situación, objeto y contacto". Entre esos clientes con los que había que contactar figuraban la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad de Castilla y León. En relación a estas dos comunidades, el documento indicaba: "Hay que hacer todas las gestiones directamente a través del portal de contratación. Hay que mandar mail con la oferta que hagamos a través del portal". 

Esta advertencia es para Luzón una prueba de las precauciones que tomó Tomás Díaz Ayuso respecto a la comunidad que gobierna su hermana y a otra comunidad muy vinculada a su familia y gobernada por el PP. Tanto la familia de los Ayuso como la de Daniel Alcázar proceden de la localidad de Sotillo de Adrada, en la provincia de Ávila. 

Las comisiones

Daniel Alcázar aceptó emprender este negocio con su amigo, acordando que le remuneraría con una cantidad fija de 175.000 euros y un 'bonus' a determinar por cada operación de venta exitosa, en función de su rentabilidad, "que no se fijó inicialmente debido a la fluctuación de precios de venta de los fabricantes y del transporte, pero estableciendo en todo caso un tope máximo del 7%", consta en el decreto. 

En la preparación de las ofertas que Priviet Sportive presentó ante la subdirección general de contratación del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) también participó el hermano de Ayuso, según el fiscal, aunque se cuidó de que su nombre no apareciera, figurando en copia oculta en los correos que la empresa cruzó con la Administración madrileña. Por lo tanto, el fiscal infiere que "su intervención de asesoramiento técnico para preparar la oferta fue desconocida por los funcionarios tramitadores". Para afirmar tal cosa se basa en la copia oculta en los correos y en la declaración de dichos funcionarios.

Díaz Ayuso tomó precauciones

El fiscal asegura que "Tomás Díaz Ayuso no tuvo intervención en el procedimiento seguido en la Subdirección General. De acuerdo con las declaraciones prestadas en estas Diligencias y con la propia documentación aportada, no fue él quien contactó con la Subdirección sino Priviet desconociéndose en dicha Subdirección que el Sr. Díaz Ayuso tuviera relación alguna con esta empresa". 

Es decir, el fiscal primero afirma que el hermano de Ayuso está detrás de toda la operación, desde su origen hasta la preparación de las ofertas, incluso que figuraba en los correos con el Sermas en copia oculta. Pero luego concluye que no fue él quien contactó con la subdirección general de contratación del Sermas, por quedar su identidad oculta, y, por lo tanto, los responsables de aquella adjudicación no sabían que era el hermano de la presidenta quien iba a beneficiarse del contrato. 

"Tampoco consta que los distintos órganos administrativos intervinientes siguieran en la adquisición de las mascarillas a Priviet un procedimiento distinto al legalmente previsto ni que se diera a esta empresa un trato de favor", concluye.

Descarta así mismo el fiscal jefe anticorrupción que se haya producido en este caso un delito de negociaciones prohibidas y otro de prevaricación por cuanto asegura que Isabel Díaz Ayuso no intervino en la contratación. Este es quizá en uno de argumentos más endebles del fiscal. Alega que el Consejo de Gobierno (órgano Ejecutivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid) "no es órgano de contratación", como si la subdirección general de contratación del Sermas fuera un ente ajeno al propio gobierno regional. 

Ser accionista con más del 10% del capital

"No consta intervención directa ni indirecta de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco -ya se ha dicho- de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad
alguna", se indica en el decreto. 

Según se desprende de los razonamientos del fiscal, es muy improbable que puede constatarse en España casos de negociaciones prohibidas y tráfico de influencias cometidos por presidentes autonómicos, ya que ni las presidencias ni sus consejos de Gobierno son órganos de contratación por lo que no puede plantearse un conflicto de intereses. 

Así lo argumenta Luzón: "Para que esta mercantil, Priviet Sportive, estuviera incursa en la prohibición de contratar, Tomás Díaz Ayuso tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la Presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno". 

Pero ya se ha visto cómo el hermano de la presidenta se cuidó mucho de no figurar oficialmente detrás de Priviet Sportive, una empresa a la que devolvió la vida con los negocios de mascarillas en lo peor de la pandemia.