MADRID.- La Audiencia Nacional asumirá la investigación sobre los directivos del banco chino ICBC detenidos en febrero en la 'operación Shadow' por "favorecer masivas transferencias de fondos en efectivo entre los años 2011 al 2014", concretamente por una cifra aproximada de 90 millones de euros.

Así figura en un auto dictado por el juez central de instrucción número 2, Ismael Moreno, quien asume la investigación iniciada en el Juzgado de Instrucción 7 de Parla (Madrid) con motivo de las detenciones.

El juez Ismael Moreno justifica que la Audiencia Nacional asuma esta causa por tratarse de conductas que han perjudicado "seriamente" a la economía nacional realizadas por una entidad bancaria que estaba obligada por la normativa de prevención de blanqueo a colaborar con la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción defendía que fuera la Audiencia Nacional el órgano que atrajera el caso por el “evidente daño para el orden socio económico y la propia economía nacional” que podría producir los 400 millones de euros que, inicialmente, se consideró que era la cifra blanqueada y que ahora se ha estimado en 90 millones.

Otro de los motivos que esgrimía la Fiscalía era que el “afloramiento del banqueo” se produce en China. La ley establece que es la Audiencia Nacional el órgano competente para investigar los delitos cometidos en el extranjero y no un juzgado de instrucción ordinario.

La Fiscalía considera que los ejecutivos del ICBC pudieron "ocultar y encubrir" el origen delictivo de unos fondos provenientes de organizaciones criminales.

Entre ellas se encontraría el empresario chino Gao Ping, supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales desarticulada en octubre de 2012 en el caso Emperador. Este empresario aparece como uno de los clientes de este banco que abrió sucursal en la madrileña calle Recoletos y, posteriormente, también en Barcelona.

También se sigue el rastro de la conexión de este banco con otras operaciones como Snake o Juguetes, casos donde se investigan la importación y distribución ilegal de mercancías procedentes de China.

"Desde el principio", sostiene la Fiscalía sobre el banco chino ICBC, "su modelo de negocio bancario se dirigió a captar el efectivo de sus nacionales, que acudían físicamente a la sucursal de la calle Recoletos portando mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivo que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China".

El juez investiga los delitos, entre otros, por conductas de contrabando por declaraciones falsas de infravalor en la Aduana Española, fraude en las declaraciones de IVA a la importación o falsificaciones en documentos mercantiles y oficiales, así como delitos contra la propiedad industrial.

Las periciales de los análisis aduaneros han revelado que introducían los contenedores "casi a pérdidas" en la Unión Europea, "lo que generaba una cadena de ventas opacas sucesivas e ingentes sumas de dinero en efectivo procedentes todo ello de la economía sumergida", continúa el escrito del fiscal.

Para ocultar los flujos de salida al exterior a ojos de las autoridades supervisoras, el ICBC troceaba las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 euros. También dividían los importes en diversas sociedades de organizaciones criminales investigadas en las operaciones Emperador y Snake.

El fiscal acusa a los directivos del banco chino de maniobrar para impedir la investigación cuando fue conocedor de las "pesquisas policiales y judiciales" sobre sus clientes. De esta forma, se infringió la obligación de colaboración con organismos como el SEPBLAC cuando seguía el rastro a 78 clientes del ICBC.