Un nuevo escenario inédito se abre paso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se cumplen cuatro años y siete meses desde que venció su mandato. La jubilación del presidente suplente, Rafael Mozo, el miércoles 19 de julio, abre una nueva guerra en el seno del órgano porque el que debería sustituirle, según el procedimiento consensuado, es Vicente Guilarte, el vocal con más edad (70 años), pero este ejerce como abogado en un bufete, lo que podría ser causa de incompatibilidad. 

Nunca antes había sucedido que al presidente suplente del CGPJ hubiera que reemplazarlo; y respecto a si Guilarte puede ocupar el cargo sin renunciar antes a su actividad laboral ha dividido a los vocales. 

Rafael Mozo ha convocado un pleno el miércoles 19, el mismo día que cumple años y se produce su jubilación obligatoria. Ese mismo día debería salir el nombre del nuevo presidente suplente, pero se atisba que habrá polémica. 

El motivo es que Vicente Guilarte no pertenece a la Comisión Permanente, ese núcleo de siete vocales con dedicación exclusiva en el CGPJ que es quien realmente dirige el órgano de gobierno de los jueces, según la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que realizó el gobierno de Mariano Rajoy, sin consenso, en 2013. 

Los riesgos de la falta de dedicación exclusiva

Esa reforma dejó al resto de vocales del Consejo, los que no pertenecen a la Comisión Permanente, sin dedicación exclusiva y cobrando únicamente en función de la asistencia a los plenos y a las comisiones. Tienen autorización para ejercer sus profesiones, normalmente relacionadas con el Derecho. 

Y ahí radica el problema: el alto riesgo de falta de apariencia de independencia que supone que vocales que trabajan para ciertos despachos --en estos momentos hay tres-- puedan beneficiarlos a través de su actividad en el Consejo y de los asuntos que allí se tramitan.  

En octubre de 2018, durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, se volvió a reformar la LOPJ y se reestableció la dedicación exclusiva para los 20 vocales del CGPJ. Sin embargo, aún no se ha podido aplicar esta disposición porque sigue el mismo consejo nombrado en 2013, que no se ha podido renovar desde que caducó, en diciembre de 2018, por la negativa del Partido Popular.

En esta tesitura, seis vocales --tres del sector progresista y tres del conservador-- han dirigido un escrito al aún presidente, Rafael Mozo, en el que le piden que el pleno del 19 de julio declare que para ser presidente suplente del CGPJ sea necesaria la dedicación exclusiva. 

Bastaría, indican algunos de los consejeros que firman el escrito, con que Vicente Guilarte renunciara a su actividad como asesor del despacho Maio Legal, donde es especialista en derecho civil y mercantil. Además debería pasar a la situación administrativa de servicios especiales en su cargo de catedrático de la Universidad de Valladolid, como se pide en el escrito.

Vicente Guilarte, propuesto por el PP para el CGPJ, fichó por Maio Legal en 2015, un año y medio después de ser nombrado vocal del órgano del gobierno de los jueces, aprovechando la citada reforma del 2013, impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Una cuestión ética

En los últimos meses, parecía que Guilarte iba a abandonar el bufete, en previsión de la próxima jubilación de Rafael Mozo, indican fuentes del CGPJ, pero a día de hoy no ha sido así. Los vocales consultados por este diario advierten de que Vicente Guilarte no puede renunciar al cargo de presidente suplente, que es un imperativo legal, y que en caso de negarse al cargo debería abandonar también su puesto de vocal. "Es una cuestión ética", indican estos vocales. 

Desde que comenzó este largo periodo de caducidad del CGPJ, de los 20 vocales iniciales, más el presidente, Carlos Lesmes, solo quedarán 16 cuando se jubile Mozo. Este asumió la presidencia suplente tras la dimisión de Lesmes, en octubre de 2022, según el acuerdo del pleno por el que el cargo lo ocuparía el vocal con más edad.

Los vocales que consideran que sí es lícito que Guilarte acceda a la presidencia con sus circunstancias laborales intactas esgrimen que la presidencia del Consejo está en funciones desde que Carlos Lesmes dimitió y que el puesto de presidente suplente implica únicamente las funciones esenciales de esa presidencia vacante, para lo que ninguna ley establece que el cargo requiera dedicación exclusiva, según indica un vocal partidario de esta opción.