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Errores de bulto de la Guardia Civil: su informe dice que la OMS declaró la pandemia en enero, cuando fue en marzo

"A partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación", concluye el documento que apunta al ministro Illa y al doctor Simón como responsables sanitarios que conocían la gravedad del coronavirus antes de las concentraciones de aquel fin de semana.

Dimite el DAO de la Guardia Civil un día después del cese de Pérez de los Cobos
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general asturiano Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión este martes. (Fuente: Moncloa, Congreso)

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El informe de la Guardia Civil que ha originado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y la dimisión del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, contiene errores de bulto y especula sobre posibles contagios en los días previos a la declaración del estado de alarma del 14 de marzo.

El error de bulto más llamativo es cuando el informe entregado a la juez Carmen Rodríguez Medel asegura que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 30 de enero. Pero esta declaración se produjo el 11 de marzo, tres días después de la marcha feminista del 8 de marzo.

El 30 de enero, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró la alerta internacional por la covid-19 al ser "una emergencia de salud pública de preocupación internacional".

El informe especula además sobre si ciudadanos provenientes de otras zonas de riesgo "hayan infectado a la población española", como fueron los viajes a Valencia el 9 de marzo de hinchas del Atalanta, un club de Lombardía. Otra especulación: "Unos y otros podrían haber acudido a las distintas reuniones y manifestaciones" celebradas en la Comunidad de Madrid "pudiendo crecer los contagios de forma exponencial de haber sido el caso".

La Guardia Civil analiza en el documento al que ha tenido acceso Público las 177 concentraciones que se realizaron en la Comunidad de Madrid entre el 5 y el 14 de marzo.

La juez investiga si el delegado del Gobierno, José Antonio Franco, cometió prevaricación al permitirlas a pesar del riesgo sanitario

La juez investiga si el delegado del Gobierno, José Antonio Franco, cometió prevaricación al permitirlas a pesar del riesgo sanitario.

Uno de los puntos claves a aclarar en la investigación es si, como ha certificado ante el juzgado, en la Delegación del Gobierno ignoraban el riesgo sanitario hasta el mismo día de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo.

Los agentes creen que Franco estaba alertado del riesgo para la salud pública. El informe concluye que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento  de los "informes, recomendaciones y documentación" que han sido emitidos por el Ministerio de Sanidad antes del 8-M.

Según los investigadores, en esas fechas ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas".

El informe asegura además que "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19" en los primeros días de marzo como la manifestación feminista del 8-M.

La investigación apunta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como esos "responsable sanitarios" que conocían la gravedad del coronavirus a partir del 5 de marzo.

El informe reprocha a Fernando Simón que permitiera diversas concentraciones y, sin embargo, desaconsejara otras. Así ocurrió con un congreso evangélico donde iban a acudir personas de otros países de riesgo.

Illa: "No, eso no se puede hacer"

La Guardia Civil subraya en sus conclusiones que las "recomendaciones imperativas" que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al "colectivo evangélico" y el "nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones" son indicios de la "preocupación" de éstos frente a la pandemia y "su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios".

Tres miembros de la organización de un congreso evangélico -la  Federación de Asambleas de Dios en España (FADE)- han asegurado a la Guardia Civil que el 5 de marzo tuvieron una reunión en el ministerio de Sanidad, en la que estuvieron el ministro Illa, el doctor Simón y el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco. El ministro llegó a decirles: "no, eso no se puede hacer", según la declaración del dirigente evangélico J. H. F. B.

El 6 de marzo ya no participó Illa en una nueva reunión. Pero sí el doctor Simón les, quien aseguró a los dirigentes evangelistas que "ese congreso no se puede celebrar bajo ningún concepto" por el riesgo de contagios para los asistentes y la salud pública.

El documento de la Guardia Civil obvia que el riesgo de contagio residía en que al congreso evangélico mundial iban a acudir 8.000 personas, muchas de ellas provenientes de distintos países donde ya la covid-19 era epidémica. 

El documento de la Guardia Civil obvia que el riesgo de contagio residía en que al congreso evangélico mundial iban a acudir 8.000 personas

La Guardia Civil  destaca que se prohibió esa celebración y se autorizaron otras "en fechas posteriores, en que el número de contagios acreditados era superior". A modo de ejemplo, señala manifestaciones como las del 8-M con una "participación prevista de un millón de personas". Las promotoras de estas concentraciones del 8-M no han querido declarar en la Guardia Civil, según el documento.

La Guardia Civil contabiliza "12 reuniones/manifestaciones/concentraciones canceladas" después de llamadas efectuadas desde la delegación del Gobierno a sus convocantes. Estas llamadas no están contabilizadas en la documentación remitida al juzgado, y el informe aventura que "existe una posible intencionalidad para que no figure en el registro oficial a pesar de que conocían la gravedad de la pandemia".

Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, ordenó a la Guardia Civil que sólo transmitieran a ella el resultado de sus indagaciones. Y esta ausencia de información al ministro del Interior estuvo detrása del cese del coronel Pérez de los Cobos.

Responsable de la comandancia de Madrid, Pérez de los Cobos no informó a sus superiores de la existencia de dicho informe que está fechado el jueves 21 de mayo. El viernes fue entregado a la juez y el domingo se produjo el cese. El lunes, la magistrada comunicó a Interior que ha dado instrucciones de no difundir la información y advirtió de los riesgos disciplinarios y penales en caso de incumplirla.

Este martes, 26 de mayo, el Director Adjunto Operativo, el general Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión  por la falta de sintonía con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El anuncio de Ceña es simbólico, ya que iba a jubilarse el próximo 2 de junio.

EL Gobierno ha nombrado nuevo DAO al general Pablo Salas, el hasta ahora jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil.

La juez Medel ha citado como investigado al delegado del Gobierno el próximo 5 de junio. Le preguntará sobre las decisiones adoptadas entre los días 5 y 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma.

'Relevo natural', dice Marlaska

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que el relevo de Pérez de los Cobos  como jefe de la Comandancia de Madrid responde a un "relevo natural" de los mandos. El ministro del Interior ha desvinculado esta decisión de la negativa del coronel a aportar detalles del informe que apunta al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, así como al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a Fernando Simón.

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