Interior omite en una respuesta parlamentaria las condenas de 27 policías por delitos contra la libertad sexual

Detrás de los barrotes españoles hay policías que ya no llevan arma ni uniforme. Cuando terminó 2019, se contabilizaban 183 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en prisión por diversos delitos. 27 de ellos cumplían condenas por delitos contra la libertad sexual. Este dato, que figura en un reciente informe del Defensor del Pueblo, ha sido omitido en una respuesta enviada hace unas semanas por Interior al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

"Queda en evidencia la falta de transparencia y el desprecio ante la labor de control del Gobierno. Mienten y les da igual", señaló a Público el representante de la coalición independentista vasca tras recibir una breve contestación del Ejecutivo, que en un documento de tres líneas descarta dar información relativa a una década.

Iñarritu había preguntado por escrito "cuántas denuncias de delitos contra la libertad sexual se han producido dentro de las FCSE en los últimos 10 años". En dicha iniciativa parlamentaria, formulada en junio pasado, también requería información sobre el número de condenas registradas por tales delitos desde 2010. Requería además que se especificara "tipo de delito, cuerpo policial, unidad, escalafón y género del victimario/a", así como como "escalafón y género de las víctimas", junto a la fecha y provincia en el que se registraron los hechos.

En la respuesta escrita remitida el pasado 24 de agosto, el Gobierno se limitó a señalar que "en el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior no existe ninguna variable estadística que permita dar respuesta a la cuestión planteada". Fuentes de Interior consultadas por Público subrayaron que "el sistema estadístico no permite discriminar" los autores de delitos "por profesiones".

Datos detallados

No obstante, el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, indica que en 2019 había 27 miembros de las FCSE –no detalla a qué cuerpos concretos pertenecían– que cumplían condena por "acciones contra la libertad e indemnidad sexual". Fuentes del Defensor del Pueblo confirmaron que esas cifras fueron obtenidas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior. 

Asimismo, a mediados de 2018 el Gobierno había remitido una respuesta escrita a Iñarritu en la que sí daba datos al respecto. En aquel documento, el Ejecutivo detallaba los delitos por los que se encontraban en prisión 188 miembros de distintos cuerpos.

En concreto, había entonces 82 guardias civiles, 50 integrantes de la Policía Nacional, 29 policías locales, 12 militares, 11 funcionarios de Instituciones Penitenciarias y cuatro agentes de "policía autonómica", sin concretar exactamente a cuáles pertenecían. De esos 188, 156 cumplían condena y 31 se encontraban en prisión preventiva.

En cuanto a los delitos por los que habían sido encarcelados, se señalaba que había nueve por "abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años" y otros tres por "abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años". Se contabilizaban además seis ingresos en prisión por "abusos sexuales", otros seis por "agresión sexual" y dos por "exhibicionismo o pornografía de menor de edad con discapacidad", así como un caso por "prostitución de menor de edad o con discapacidad" y otro por "exhibicionismo y provocación sexual".

En aquella respuesta gubernamental de 2018 también se identificaban seis casos de funcionarios encarcelados por "asesinato de violencia de género", 18 por "quebrantamiento de pena o medida de alejamiento" por violencia contra las mujeres. También se citaban cinco casos de "malos tratos de violencia de género", tres por "violencia habitual de género" u otros cinco por "amenazas".

"Hay un problema"

Con estos datos sobre la mesa, Jorge del Cura, integrante del Centro de Documentación Contra la Tortura, sostiene que "no existe voluntad política para aclarar lo que está pasando en los centros de detención". En tal sentido, destaca que "los datos del Defensor del Pueblo se refieren a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que están en prisión, aunque no incluyen necesariamente a todos los que han sido condenados a penas inferiores y, por tanto, no están en la cárcel".