Hubo un desahucio que acabó en muerte. Ocurrió concretamente el 4 de mayo de 2016 en Oviedo, Asturias. "Se precisa el empleo de la fuerza para su ejecución ante la fuerte resistencia del inquilino, quien provoca lesiones a un agente. Tras la intervención el citado ciudadano es trasladado al hospital para el examen médico, donde se comunicó su fallecimiento", dice la versión policial. En Interior lo calificaron como una "muerte accidental".

Este caso es uno de los 15 que figuran en el documento enviado por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había pedido una ampliación de información sobre las muertes clasificadas de esa forma por Interior en una anterior respuesta parlamentaria.

En este nuevo documento, enviado el pasado 7 de mayo, el Ejecutivo asegura que "los motivos del fallecimiento se fija sobre la información facilitada en la fase inicial de la investigación", al tiempo que subraya que "cada uno de estos sucesos conlleva la intervención de la autoridad judicial competente, de cuyas investigaciones y actuaciones procesales no se informa a la Secretaría de Estado de Seguridad".

Interior señala además que "la consideración de un suceso como 'muerte accidental' se efectúa con la única finalidad de su diferenciación con sucesos de similar resultado en los que concurren factores como la voluntad del fallecido (suicidio) o derivada de causas internas en la persona (muerte natural)". Dicho esto, indica que "esta conceptuación no debe ser considerada más que orientativa en cuanto que las causas de la muerte son determinadas por el facultativo correspondiente que son establecidas en fases posteriores de la investigación".

Tras formular esas precisiones, el Gobierno detalla en un cuadro las circunstancias de esas 15 muertes "accidentales". Según ha podido comprobar Público, seis de ellas fueron provocadas por disparos policiales. "Choca que esas muertes sean calificadas como 'accidentales'. Se trata de muertes en actuaciones policiales en toda regla", afirma Iñarritu.

"No es accidental"

"Preso que aprovecha su conducción al juzgado para fugarse. Se inicia persecución en la que un agente hace uso de su arma corta. La persona fallece aparentemente por impacto de bala", señala Interior en una de las descripciones. En ese caso en concreto, se refería a una muerte registrada el 2 de marzo de 2018 en Cáceres.

Del mismo modo, en prácticamente todos los casos de muertes "accidentales" descritos por Interior se remarca que los agentes "repelieron" una agresión, provocando así los fallecimientos. "Estas muertes suelen ser bastantes oscuras. Repeler una agresión no es accidental", sostiene Valentín Aguilar, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Hay, además, dos casos de personas que murieron al ser atropelladas por vehículos de la Policía Nacional, ocurridos en octubre de 2016 en Madrid y en el diciembre de 2017 en Leganés respectivamente.