Isabel Perelló, una presidenta progresista para devolver el prestigio a un Poder Judicial bajo sospecha de 'lawfare'

La magistrada Isabel Perelló, catalana de 66 años, ha logrado recabar el consenso entre los vocales conservadores y los progresistas y se convierte, gracias a una holgada mayoría de 16 votos de 20, en la primera mujer en presidir en Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Es un "hito" que se ha logrado gracias a la labor de los veinte vocales del CGPJ, sin injerencias políticas, destacan fuentes del Consejo. Los nuevos vocales han necesitado cinco sesiones y algunos vetos para desbloquear la elección de la presidencia antes de la inauguración, este jueves, del nuevo curso judicial. 

El perfil de Isabel Perelló se nutre de opiniones favorables de sus compañeros y compañeras en el Supremo, adonde llegó en 2009, destinada a la Sala Tercera. Destacan de ella su calidad como jurista, su afán por llegar a acuerdos, su empatía y su visión progresista de la sociedad. 

Afiliada a la única asociación judicial progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Perelló tiene por delante cinco años de presidencia y llega a ella en uno de los momentos más críticos del Poder Judicial, con sospechas de lawfare ante la batalla judicial por la ley de amnistía que se libra ya desde antes del verano pero que será la semana que viene cuando se avive por la presentación del recurso de inconstitucionalidad del PP. 

Por la igualdad

Perelló ha compaginado la crianza de sus hijos con su profesión y ha participado en muchos tribunales de oposición, destacan fuentes del Supremo, que auguran que será buena presidenta del CGPJ, por su capacidad de liderazgo. 

Amiga de la ministra de Defensa, Margarita Robles, Perelló protestó con ella y con la magistrada ya jubilada Celsa Picó ante el lenguaje sexista que empleó Carlos Lesmes en 2014, al comienzo de su mandato como presidente del CGPJ, cuando se dirigía por escrito a los jueces y juezas del Supremo empleando únicamente la forma masculina. 

También es cercana al vocal del bloque conservador José Antonio Montero, magistrado de la misma Sala que Perelló; ambos llegaron en la misma fecha al Tribunal Supremo. Precisamente, algunas fuentes señalan que la buena sintonía de Montero, que se perfila ya como el líder del bloque conservador del CGPJ, con Isabel Perelló ha facilitado la elección de esta última para la presidencia del órgano, pese a ser una candidata eminentemente progresista.

Retos para los próximos cinco años

Entre los retos de la presidencia del CGPJ más inmediatos está resolver el problema de las vacantes en la cúpula judicial, ocasionado por la caducidad del anterior CGPJ, que no podía hacer nombramientos mientras siguiera con el mandato caducado. 

Ahora es lo primero que tendrá que acometer el nuevo Consejo, según  fuentes del CGPJ. Son 26 vacantes las que acumula el Tribunal Supremo, lo que provoca que deje de dictar unas mil sentencias menos al año. En total, es casi un centenar de plazas las que debe designar ahora el órgano de gobierno de los jueces no solo en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional y en los tribunales superiores de Justicia. 

Guerra judicial o 'lawfare'

Pero al margen de las cuestiones operativas imprescindibles para que el servicio público de la Justicia funcione correctamente, está el prestigio perdido del Poder Judicial, envuelto en sospechas de instrumentalización política por la ley de amnistía y contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. 

Causas judiciales como la que se centra en Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, o la que tiene a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, pendiente de una posible imputación por el Supremo por haber desmentido un bulo sobre los delitos fiscales del novio de la presidenta Ayuso vaticinan un otoño muy caldeado. 

Las sospechas de lawfare o guerra judicial atenazan al Poder Judicial con causas como las anteriormente citadas, sin acusaciones fundadas y con el tufo de la ultraderecha como trasfondo. 

Informe sobre la reforma de la LOPJ

Otra de las tareas pendientes del nuevo CGPJ viene recogida en el pacto entre el Gobierno y el PP para renovar el mandato del Consejo, en junio pasado. Se trata de un informe que el CGPJ debe redactar en los seis primeros meses de su mandato sobre una posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de cara a modificar la forma de elegir a los vocales de origen judicial del CGPJ. 

Los consejeros deben estudiar cómo se eligen a los miembros de los consejos judiciales en los países de la Unión Europea y plantear una reforma que incida en dotar de mayor independencia al órgano del gobierno de los jueces. 

Sin embargo, el acuerdo entre PP y PSOE no menciona si esa reforma debe ser para que los vocales judiciales sean elegidos exclusivamente por sus pares de la carrera judicial. Esta ha sido la exigencia del PP con la que justificaban el bloqueo durante los últimos cinco años.

Hay que recordar que la presidenta del CGPJ tiene voto de calidad en caso de empate y además organiza los asuntos a tratar en el pleno, dando prioridad a unos en detrimento de otros. 

La "amargura" del Supremo

Fuentes del Supremo trasladan a este diario el "punto de amargura" que se ha vivido en el Alto Tribunal ante la incapacidad del nuevo CGPJ para designar presidente desde su primer pleno, el pasado 25 de julio. Han desfilado hasta siete magistrados y magistradas de "gran talla" como candidatos y uno a uno han sido desechados en las votaciones, lo que ha generado malestar no solo entre los candidatos sino también entre el conjunto de jueces del Supremo, que hubieran deseado mayor efectividad en los nuevos vocales. 

Se refieren estas fuentes a la magistrada Pilar Teso o al juez Pablo Lucas, que figuraban como los favoritos desde el principio y han visto cómo se les ha vetado por parte de ambos bloques ideológicos del CGPJ.