IU propone una descentralización para empoderar a los ayuntamientos y una nueva financiación autonómica

Un nuevo modelo territorial que garantice los suficientes recursos para que ayuntamientos y comunidades puedan prestar servicios públicos de calidad en todos los territorios. Eso es lo que se recoge, a grandes rasgos, en el borrador del programa marco de Izquierda Unida a las elecciones municipales y autonómicas, al que ha tenido acceso Público.

El texto será debatido este sábado por la Coordinadora Federal de la organización, y algunas de las medidas recogidas son susceptibles de cambios y modificaciones. Sin embargo, el borrador recoge una serie de ideas fuerza que señalan una apuesta clara por reforzar la autonomía local y por cerrar las brechas y la desigualdad territorial en el conjunto del Estado.

El documento se divide en dos secciones o programas distintos: el de las municipales y el de las autonómicas. A nivel local, Izquierda Unida apuesta por dotar de más recursos a los consistorios y por avanzar en una descentralización del Estado que empodere los gobiernos municipales, que para IU son los que tienen mayor capacidad de proporcionar servicios públicos por su cercanía con la gente.

Entre otras medidas que se debatirán en la asamblea de este sábado, los de Alberto Garzón proponen la derogación de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la creación de una nueva ley sobre Competencias y Financiación local "que establezca con claridad el cuadro de competencias a ejercer y, en consecuencia, a financiar, en aplicación de los principios de autonomía política y financiera de los Entes Locales".

También se pone sobre la mesa la necesidad de revisar en profundidad la organización territorial "a través de posibles reestructuraciones de entidades subcentrales para dotar a los ayuntamientos de mayor eficacia y eficiencia en la provisión de los servicios públicos a todos los niveles".

Otra propuesta es la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), "que obliga a los ayuntamientos a registrar equilibrio presupuestario, impide incurrir en crecimiento del gasto y de la inversión y obliga a usar los posibles superávits solo para devolver deuda".

Democracia participativa 

Durante la pandemia (y en la actualidad) las denominadas reglas fiscales están suspendidas por la Unión Europea, lo que ha permitido a las administraciones hacer frente a inversiones para paliar consecuencias económicas en materias como el transporte, la vivienda, las facturas y los suministros básicos, etc.

IU también contempla revisiones en materia de fiscalidad para los municipios, aunque estos no tengan capacidad legislativa para crear o modificar tributos. En el marco de sus competencias, los de Garzón proponen, entre otras medidas, una reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para incluir una escala progresiva que haga más justo el tributo.

En este sentido, se apuesta por revisar y eliminar las exenciones y bonificaciones fiscales que permiten no pagar el IBI, "especialmente en el caso de inmuebles de la Iglesia no relacionados con las actividades de culto protegidas por el vigente Concordato con la Iglesia Católica"; y un recargo en el IBI a las viviendas vacías con el objeto de incentivar el mercado de viviendas en alquiler. En materia fiscal también se contempla la creación de un impuesto sobre grandes superficies, centros y cadenas comerciales con el objeto de que la recaudación pueda permitir políticas públicas para impulsar y proteger al pequeño comercio.

A nivel municipal IU también deja clara su intención de avanzar en la democracia participativa (ya que la cercanía con la ciudadanía lo haría más posible que en otros niveles de la administración), a través de una Carta de Derechos de Participación de la ciudadanía, el desarrollo de los Consejos Municipales de Participación, el impulso de procesos de auditoría ciudadana municipal de la deuda y las políticas públicas, y una regulación estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de cargos públicos.

Respecto a las comunidades, Izquierda Unida apuesta por una reforma del sistema de financiación autonómica en profundidad. "El sistema actual no garantiza la prestación de servicios públicos" y no está sujeto a ningún índice de calidad estos servicios, recoge el borrador del programa.

La financiación autonómica, la gran reforma pendiente

A juicio de IU, "la prestación de servicios públicos de las comunidades autónomas no puede depender de sus ingresos y recursos, tiene que haber equidad y que la prestación de servicios tenga la misma garantía en todos los territorios". Es por esto que se aboga por la puesta en marcha de "un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios".

Entre las medidas de este esquema se recogen varias medidas fiscales, que tiene que ser debatidas y aprobadas en los órganos internos del partido. Se apuesta por eliminar la capacidad normativa autonómica sobre los mínimos personales y familiares en el IRPF; e impedir la deducción de gastos educativos en este impuesto "porque solo benefician a los usuarios de educación privada".

También, limitar la deducción en IRPF del 20% de las inversiones realizadas en la adquisición de acciones y participaciones sociales a las empresas de economía social caracterizadas por la participación de los trabajadores en la propiedad y la gestión (Sociedad Anónima Laboral, Sociedad de Responsabilidad limitada laboral o sociedad cooperativa).

La reforma también afectaría a Sucesiones y Donaciones: "se establecerán niveles mínimos de tributación que impidan que una posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición del tributo. A partir de 1 millón de euros, será imposible bonificar el tributo", recoge el borrador.

Por último, también se propone reformar el Impuesto sobre Patrimonio "para convertirlo en un verdadero impuesto a las grandes fortunas. Se debe determinar por parte del Estado una base imponible homogénea, un mínimo exento amplio hasta 1 millón de euros y una tarifa igual en todo el territorio nacional. Ninguna comunidad autónoma podrá bonificar el tributo a partir de ese importe".

Después de la reunión de la Coordinadora Federal para aprobar el programa marco, IU organiza en Rivas (Madrid) el acto Cuidamos lo cercano, con concejales y alcaldes de la formación en toda España.