La reforma de la financiación autonómica, camino de ser el gran incumplimiento del Gobierno de coalición

"No tributan los territorios, tributan los ciudadanos". A finales de 2020 el Gobierno de coalición y, en concreto, el Ministerio de Hacienda, se mostraban absolutamente decididos a acometer una profunda reforma de la financiación autonómica que lograra armonizar la presión fiscal entre los distintos territorios. Esta frase la pronunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que el PSOE alcanzase un acuerdo con ERC para abordar este asunto.

El debate de la financiación ha discurrido en torno a varios ejes, pero uno ha sobresalido respecto al resto por la coyuntura política. Se trata de la intención del Ejecutivo de acabar con el denominado 'dumping' fiscal de la Comunidad de Madrid, que de facto se traduce en la deslocalización de empresas y patrimonio que provocan los territorios cuyos recursos y posición económica les permiten atraer a empresas a través de incentivos fiscales que no pueden igualar otros territorios del Estado (y donde Madrid sería el principal exponente).

Aunque el debate no es nuevo, la relevancia que ha obtenido la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su confrontación directa con el Gobierno estatal hizo de este asunto una batalla política de primer orden. El choque parecía servido, pero finalmente parece que no se va a producir.

En el Ejecutivo ya comienzan a contar con que esta reforma no se va a producir en esta legislatura, a pesar de ser uno de los grandes compromisos de Pedro Sánchez, junto con la resolución del conflicto político con Catalunya y la reforma fiscal (también la reforma laboral).

De hecho, el presidente del Gobierno ya se comprometió con este asunto en 2018, por lo que su retraso es todavía mayor que el del resto de grandes cuestiones. A mediados de 2021, Hacienda creó un grupo de expertos para estudiar una reforma fiscal que incluyera modificaciones de calado y una propuesta de armonización fiscal de las comunidades autónomas.

Sin embargo, cuando los expertos obtuvieron sus conclusiones, el departamento dirigido por María Jesús Montero no abrió el 'melón' ni de la reforma fiscal ni de la situación tributaria de las autonomías. Algunos presidentes autonómicos (también socialistas) pidieron abordar este asunto, pero el debate no tuvo ni ha tenido lugar todavía, aunque también el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, lo pidió.

Algunas voces en el Gobierno ya admiten que es demasiado tarde para acometer una reforma que tendría sentido iniciar en el primer o el segundo año de una legislatura, pero no en el último. En primer lugar, apuntan, porque no hay tiempo material para una modificación que precisa de una negociación compleja que se prolongaría en el tiempo con las comunidades, que después debería materializarse en una propuesta concreta que precisaría de una mayoría importante en las Cortes.

En segundo lugar, en menos de un año tendrán lugar las elecciones autonómicas, y no se espera que las comunidades se presten a alcanzar un gran acuerdo sobre un tema que causa enormes discrepancias tanto territoriales como políticas a las puertas de sus respectivas citas con las urnas.

La última vez que Hacienda apuntó de manera seria a la financiación autonómica y a acabar con el dumping fiscal de Madrid, la ministra señaló dos tributos concretos: el impuesto de patrimonio y el de sucesiones. Se trata de dos figuras tributarias estatales que ceden la competencia recaudatoria a las comunidades y que, por lo tanto, el Gobierno tiene capacidad para modificarlas si lo considera necesario.

"No tributan los territorios, tributan los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener unas cargas fiscales homogéneas en función de su capacidad económica y su nivel de renta, vivan donde vivan. La armonización fiscal no agota la capacidad normativa de las comunidades. Lo que se busca es que no se provoque un efecto atracción de empresas y rentas en determinadas comunidades que provoque que se vacíe el resto de España", defendía María Jesús Montero a finales del año 2020.

A menos de un año de las elecciones autonómicas y prácticamente sin tiempo para acometer una de las reformas más complejas y que más discrepancias suscita a todos los niveles, el Ejecutivo parece haber renunciado a un cambio profundo en el modelo de la financiación autonómica, que va camino de convertirse en el gran incumplimiento de la legislatura.