Izquierda Unida presentará esta semana en la Audiencia Nacional una querella criminal contra Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Federico Trillo, Rodrigo Rato, Pablo Crespo y Ángel Acebes por haber cometido varios presuntos delitos derivados de los pagos de empresas que aparecen en la contabilidad B del extesorero del Partido Popular.

La denuncia, que está terminando de redactarse, ha sido apoyada también por Ecologistas en Acción, la Asociación Justicia y Sociedad y la Asociación Libre de abogados.

La querella se dirige asimismo contra los presidentes y expresidentes de ocho constructoras que constan como presuntos donantes en esos manuscritos de Bárcenas. Según IU, si se coteja con los anuncios del BOE, algunas de estas empresas habrían realizado los supuestos pagos al PP incluso 24 horas después de haber sido las adjudicatarias de obras y servicios para la Administración Pública.

En concreto se trata de José Luis Sánchez Domínguez (Sando), Manuel Contreras (Azdvi), Juan Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr-Vallehermoso), Alfonso García (Constructora hispánica), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José Mayor Oreja (FCC) y Antonio Vilella (Grupo Rubau).

Tal y como explicó el coordinador federal de IU, Cayo Lara, los presuntos hechos ilícitos se cometieron desde 1990 hasta 2008 y las acusaciones se centran en la etapa 2003 - 2008. Que en la querella aparezcan los nombres de Rato, Acebes y Trillo se debe a que 'en el momento en el que se habrían producido los delitos eran ministros y por lo tanto no podían recibir dinero o recursos que no fueran los propios del ejercicio del Ministerio'. 

Entre los delitos que destacó Lara estarían el de competencia desleal, 'ya que las empresas que fueron adjudicatarias  de obras y servicios públicos no competían, al realizar esos pagos, en las mismas condiciones con el resto'; también habló de un presunto delito de 'competencia ilícita electoral del PP porque si ha competido en unas elecciones teniendo esos recursos ilícitos podría haber ganado con recursos que no están aceptados en la Ley del Régimen Electoral General'.

El secretario de Convergencia Político-Social de IU, Enrique Santiago, dijo que sin ninguna duda'en el seno del PP se perpetuó una asociación ilícita que además está en profunda relación con las causas que sumieron a España en la crisis al estar involucrados los mayores constructuores, que hacían aportaciones al partido y que, de algún modo, estaban comprando Gobiernos'.

'Comprando Gobiernos -añadió- porque son muchos los ministros que han estado cobrando estas aportaciones económicas'. Santiago quiso centrarse en dos casos concretos. El de Pablo Crespo, secretario de Organización del PP en Galicia, 'que deberá explicar por qué teniendo ese cargo, además de ser empresario, mandaba pagos superiores a los 100.000 euros a la sede central del Partido Popular en la Calle Génova'. También en el de Adolfo Sánchez, 'personaje del que no se sabe nada y que no dudamos que pueda tratarse de un nombre códificado. El sólo hecho de utilizar ese tipo de codificaciones en los apuntes contables ya podría constituir en sí mismo un indicio de delito'.

Según la investigación de IU, 'algunas empresas realizaron esos pagos justo 24 horas después de que apareciera en el BOE como adjudicatarias de obras públicas'. En el caso específico de Aldesa'efectuó pagos al PP  por la adjudicación de un tramo del AVE en febrero de 2004, justo un mes antes de las elecciones generales. Además, Aldesa también aparece como donante justo antes de las elecciones municipales de 2003'.

Aldesa donó dinero al PP a un mes de las Generales de 2004 y también antes de las municipales de 2003Santiago aclaró que la querella no se dirige directamente contra el PP porque 'si hay una responsabilidad general del partido lo debe establecer el juez. En el texto citamos los propios estatutos del partido y parece que durante 20 años no se repestaron'. Tampoco se dirige contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy 'porque no estamos buscando titulares. No queremos que nos acusen de demandar aleatoriamente a los responsables del PP. No va contra Rajoy porque en ese periodo sabemos a ciencia cierta que estaba sumido en la campaña electoral y no pensamos aún, quiero resaltar: aún, que estuviera relacionado'. 

El responsable del área Político-Social de IU expresó su preocupación porque muchos de estos supuestos delitos podrían estar prescritos o a punto de prescribir y pidió la actuación urgente de la Justicia. 'Los hechos cometidos hasta el 25 de febrero de 2003 ya habrían prescrito. Estamos alarmados por la inacción de la Fiscalía Anticorrupción que parece estar más preocupada de calmar los ánimos de la calle que de investigar y judicializar el caso'.

Por su parte, Ecologistas en Acción justificó en un comunicado su apoyo a la querella de IU porque 'Los papeles de Luis Bárcenas aportan presuntamente claves para entender las razones de estas concesiones insostenibles'. Concesiones que opdrían haber dado lugar a 'infraestructuras multimillonarias que ha quedado cristalizada en estaciones fantasma, aeropuertos vacíos, edificios públicos inutilizados'.