Izquierda Unida y Podemos amplían su alianza de cara a las elecciones del 28M
Las formaciones se presentarán en más de 500 localidades de forma conjunta, siendo 39 de ellas capitales de provincia.
Madrid-
Izquierda Unida y Podemos no solo han conseguido revalidar todos los acuerdos autonómicos de 2019 sino que han logrado ampliarlos en 100 localidades más respecto a los anteriores comicios. Así lo comunicaba la portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, en una rueda de prensa en la que informaba que la formación política se presentará en más de 500 localidades de forma conjunta, siendo 39 de ellas capitales de provincia.
En cuanto a Sumar, Rego ha asegurado que desde IU han solicitado la presencia de Yolanda Díaz, líder de Sumar, en algunos actos de campaña para las elecciones del 28M al considerar "de vital importancia preservar y reforzar los lugares en los que gobierna esta formación o la izquierda transformadora".
La eurodiputada también manifestó su malestar ante el principio de acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para la reforma de la ley del solo sí es sí, calificando de "retroceso" para los derechos de las mujeres la posible reforma. A pesar de ello, descarta que esta alianza pueda desestabilizar el Gobierno de coalición, añadiendo que van a seguir trabajando para que no salgan adelante enmiendas que no refuercen el consentimiento de la mujer.
Por otro lado, desde IU sí celebraron la nueva medida de Pedro Sánchez de poner a disposición de la Sareb más de 50.000 viviendas para el alquiler social, aunque recalcan que IU ya había propuesto una medida similar hace 10 años.
En la rueda de prensa también se presentó un manifiesto municipalista, un documento firmado por más de 400 cargos de la formación con el motivo de reclamar un cambio en la Ley de Financiación Local antes del fin de la legislatura, además de una Ley de Bases de Régimen Local que sea eficiente a la hora de documentar competencias y dotar de recursos.
Asimismo reclaman que los ayuntamientos puedan gestionar directamente aquellos fondos europeos que no empleen las comunidades autónomas, al igual que permitir que los gobiernos locales puedan desarrollar proyectos significativos en materia de vivienda.
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