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Juan Carlos I usó tras abdicar dinero oculto en Suiza para pagar un viaje de lujo a Tahití

Corinna Larsen, la examiga del emérito, amenazó a Felipe VI con destapar información sensible en su poder que afectara al "corazón de la casa real, sus finanzas y sus conexiones íntimas con el CNI" si no le ayudaban ante la investigación en Suiza.

Juan Carlos I y Felipe VI en una imagen de archivo.
Juan Carlos I y Felipe VI en una imagen de archivo.

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Juan Carlos I pagó un viaje de lujo a la Polinesia Francesa para él y sus escoltas con dinero procedente de una sociedad instrumental de Liechtenstein controlada por su primo Álvaro de Orleans en el año 2015, cuando ya había perdido la inmunidad tras haber abdicado un año antes.

Esta investigación, revelada por El Confidencial, figura en las diligencias abiertas por el fiscal Yves Bertossa en Suiza contra la examiga Corinna Larsen, los gestores de la fortuna del rey Arturo Fasana y Dante Canónica, así como contra el propio Orleans.

La Fundación Zagatka que pagó el viaje en noviembre de 2015 y tiene como primer beneficiario a Álvaro de Orleans, utilizó varias sociedades instrumentales para ocultar el envío del coste del viaje.

El dinero fue enviado a una empresa del exprimer marido de Larsen, Philip Adkins, quien se hizo amigo de Juan Carlos I y había adelantado el coste del viaje de lujo a una agencia londinense.

Sólo el precio de los billetes de avión de Juan Carlos I y sus cuatro escoltas ascendió a 26.311 libras esterlinas (32.500 euros al cambio del momento). Viajaron en Air Tahití desde Los Ángeles a Papeete, donde el rey emérito celebró su 78 cumpleaños.

El pago se produjo en noviembre de 2015, por lo que Juan Carlos I podría afrontar un delito fiscal al tratarse de dinero no declarado a la Hacienda española y de un presunto blanqueo de capitales si se acredita el origen ilícito del dinero de la Fundación Zagatka, y si se acredita que es una tapadera de Juan Carlos I.

La Fiscalía del Supremo ha abierto diligencias informativas respecto al origen de los más de 100 millones de euros que llegó a haber en otra fundación con cuenta en Suiza, Lucum, vinculada a Juan Carlos I. En 2012 cerró su cuenta por orden del emérito y remitió el saldo de 65 millones de euros a Corinna Larsen. En 2014, después de abdicar, el emérito reclamó a su examiga la devolución del dinero y ella se negó por temor a incurrir en delitos fiscales. Juan Carlos I le acusó de robarle el dinero y "desató una campaña de difamación" contra Larsen, según denuncian sus abogados.

Tanto la Fundación Lucum como Zagatka, la que pagó vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen, es investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa.

FInanzas de la casa real y sus conexiones con el CNI

Por otro lado, la examiga del emérito, amenazó a Felipe VI en una carta con destapar información sensible en su poder que afectara al "corazón de la casa real, sus finanzas y sus conexiones íntimas con el CNI" si no le ayudaban ante la investigación en Suiza, según publica El Mundo.

Así consta en la tercera carta de los abogados de Corinna Larsen remitida al jefe de la casa del rey, Jaime Alfonsín y fechada el 23 de abril de 2019. Era la contestación a la misiva que éste había enviado un mes antes donde advertía que emprendería acciones judiciales si "involucraba" a Felipe VI en las operaciones en Suiza de su padre, de las que aseguró no tener "conocimiento, participación ni responsabilidad alguna".

"Parece que no han entendido la seriedad de los asuntos abordados y su posible impacto en la casa real", decía la carta de los abogados de Corinna Larsen después de que ella accediera a reunirse con Juan Carlos I tras la primera carta que envió a Felipe VI. La defensa de Larsen pretendía la creación de un canal confidencial y la designación de abogados por parte de Felipe VI, quien trasladó esta carta al Gobierno de Pedro Sánchez y al emérito.

"Ya habrá visto que la prensa española y la internacional, concretamente el diario The Times de Londres, ya han empezado a publicar informaciones que abordan la verdad de los asuntos tratados en la carta del 5 de marzo", decía la tercera carta.

"Nuestra cliente será llamada en las próximas semanas para proporcionar más información a la investigación en Suiza sobre la Fundación Lucum, que implica directamente a los intereses de su majestad el rey Felipe VI y la infanta Leonor, ya que ambos son beneficiarios de la misma", avisó su defensa.

La defensa de Larsen anunciaba que estaba dispuesta a "colaborar con la Fiscalía en cualquier investigación sobre otras estructuras" financieras 'off shore' vinculadas con la familia real española y que testificaría a favor del comisario José Manuel Villarejo.

Este caso comenzó con el descubrimiento de unas grabaciones de Villarejo a Larsen cuando éste fue detenido. Fueron realizadas en 2015 subrepticiamente y la examiga del rey emérito revela la existencia de la fortuna oculta en Suiza y cómo cobraba dinero de los países árabes.

Contradicciones sobre la 'bomba de relojería'

En su declaración ante el fiscal Bertossa, que no ha sido enviada a España porque se opone su defensa, Larsen se negó a responder a nada relativo a estas conversaciones y alegó que eran "ilícitas y trucadas". La declaración es publicada en El País.

Larsen asegura al fiscal suizo que todas las propiedades que posee en Marruecos, Reino Unido y Suiza son suyas, que el dinero que le transfería Juan Carlos I era "préstamos" que ha devuelto. Y que los casi 65 millones de euros que recibió en 2012 del emérito fue  "por gratitud y amor, porque tenía la esperanza de recuperarla y no para deshacerse del dinero".

En cambio, el gestor Dante Canónica sostuvo ante el fiscal que esa fortuna oculta era "una bomba de relojería" para Juan Carlos I, que tenía miedo a ser descubierto porque Suiza había endurecido sus controles del dinero opaco. Dos meses después del famoso accidente en Botswana, Canónica envío 64,8 millones de euros desde la Fundación Lucum a una cuenta de Larsen en Bahamas.

Ella aseguró en una carta dirigida a Felipe VI que dos años después Juan Carlos I le había pedido la devolución del dinero y que no lo hizo aconsejada por sus letrados para no incurrir en delitos fiscales. Ante el fiscal suizo no dice nada de esta reclamación y dice que el dinero procede de "un regalo" a Juan Carlos I que realizó en 2011 el rey Abdalá de Arabia Saudita, fallecido en 2015. El fiscal suizo sospecha que es una 'retrocomisión' por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas.

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