MADRID.- Tras un mes de prueba, los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han llegado a un acuerdo unánime para difundir un comunicado conjunto en el que denuncian las “graves disfuncionalidades” creadas con la remodelación de la sede de los juzgados penales de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de Madrid.

El presupuesto inicial de las obras era de 14 millones de euros, pero el coste se ha disparado hasta los 27 millones de euros. La remodelación ha sido realizada por el Ministerio de Justicia con la aceptación de los dos presidentes de la Audiencia Nacional que se han producido desde que comenzó la construcción, Ángel Juanes, actual vicepresidente del Tribunal Supremo, y José Ramón Navarro.

Los jueces centrales de instrucción denuncian que en el nuevo edificio resulta “imposible” atender en condiciones dignas al público y a los profesionales, ya que no existe un espacio para ello en los juzgados. El espacio para los funcionarios es limitado, de tal manera que en algunos casos tienen que colocar el material de oficina en las zonas de paso “vulnerando así las normas sobre riesgos laborales”.

Es más, denuncian también que los abogados defensores no disponen de un lugar para examinar las actuaciones que hay abiertas sobre sus defendidos, cuando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal refuerza este derecho. “El acceso a las salas de declaraciones supone graves pérdidas de tiempo”, denuncian los jueces, ya que se encuentran en el subsuelo de un parque cercano, el de la plaza de la Villa de París.

Las salas de declaraciones son “pequeñas, agobiantes para las declaraciones de más de dos horas, y desde fuera se puede oír fácilmente lo se habla dentro. De otro lado, no se ha habilitado una sala más amplia para el caso de que tengan que asistir muchos profesionales, lo cual acontece en múltiples ocasiones”, relatan los jueces. En el pasillo de espera, explican, “confluyen múltiples personas, de forma que ni siquiera existe un lugar para preservar a los testigos”. Es más, un juez tiene que atravesar las salas de declaraciones hasta acudir a la suya, agrega la nota acordada por cinco de los seis los jueces centrales de instrucción.

Por no contar, denuncian, no cuentan con una sala de reuniones para los jueces, cuando es habitual que mantengan encuentros para dirigir la instrucción de una causa con las fuerzas policiales y el Ministerio Fiscal, entre otros. Pero en sus despachos, agregan, no caben más de cinco personas. El Decanato, que cuyo titular actual es el juez Santiago Pedraz, ha sido situado dentro del archivo documental de la Audiencia Nacional y no dispone “de un espacio digno”, denuncian los jueces Pedraz, Ismael Moreno, Juan Pablo González, Fernando Andreu y José de la Mata.

Tampoco se ha previsto un lugar donde situar un servicio “del todo punto necesario”: el Servicio Común de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo (SCRRDA). Este servicio sigue en otra sede de la Audiencia Nacional, la de la calle Goya de Madrid, donde se encuentran los juzgados centrales de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.

La ausencia de este registro junto a los juzgados penales supone introducir retrasos en medidas como la interceptación de las comunicaciones de los investigados, que ahora tiene que acordarse en un plazo de 24 horas, tras las reforma de la LECrim, que realizó el Ministerio de Justicia, el mismo que impulsó la reforma del edificio. “Resulta por tanto paradójico que mientras en la antigua sede ninguno de estos problemas acontecía, ahora en el nuevo edificio se den, redundando obviamente en perjuicio de una adecuada administración de justicia”, explican los jueces.

El acuerdo de los jueces de instrucción es unánime, ya que en la reunión sólo faltó Eloy Velasco, el titular del juzgado número 6, quien se encontraba de permiso cuando se produjo la Junta de Jueces el pasado 4 de noviembre, pero que apoya el escrito, según sostiene el Decano.

La Junta de Jueces centrales de instrucción remiten este escrito a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para que, en lugar de ubicar tres juzgados por planta, se reduzcan a dos juzgados por planta. También solicitan que en las planta primera o baja se ubiquen el Decanato, el Registro (SCRRDA), unas salas de espera para los profesionales, con salas de consulta de los procedimientos; dos salas de uso alternativo para previsibles refuerzos de funcionarios y dos salas de reuniones para uso de los jueces. También piden destinar el espacio actual del salón de actos para crear dos salas de declaraciones con una capacidad de entre 30 y 50 personas.

En el edificio construido bajo el subsuelo del parque de la Villa de París ─donde en la planta -2 está la Sala de Prensa─ los jueces solicitan insonorizar las salas de declaraciones; habilitar una pequeña dependencia para preservar a los testigos; tener un acceso independiente y establecer “una política de uso de espacios” cuando dichas salas no cuenten con espacio suficiente para acoger a todos los asistentes.