PALMA DE MALLORCA.— Se abre la vía  para sentar al expresidente del Govern Jaume Matas en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo de capitales. El encargado ha sido el juez José Castro, quien ha llevado el caso desde que hace siete años la Fiscalía Anticorrupción detectara presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que Matas posee en el casco antiguo de Palma.

El magistrado ha concluido así una de las principales líneas de investigación que, impulsadas en 2009, constituirían el génesis del conocido como caso Palma Arena, cuya complejidad derivó años después en la apertura de hasta un total de 28 piezas separadas.  Y este no es el único fleco —el número 24— cuyas investigaciones ha concluido Castro.

Hace siete años desde que la Fiscalía Anticorrupción detectara presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que Matas posee en el casco antiguo de Palma

También ha cerrado la 17, centrada en el presunto cobro de comisiones en varias contrataciones vinculadas al velódromo palmesano; la 16, relacionada con el fraccionamiento de contratos por parte del Govern; la 19, en torno a la construcción de la pista del Palma Arena, y una subpieza de la 27, por contratos supuestamente amañados a favor de la empresa Over Marketing.

Junto a Matas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dado el paso previo para que también sean juzgados, por la pieza del palacete, su mujer, Maite Areal, el hermano de ésta y extesorero del PP balear Fernando Areal, el exconseller y supuesto testaferro del expresidente Bartolomé Reus y otros cuatro investigados:  el aparejador Miguel García-Inés, el decorador Antoni Obrador, la propietaria de una tienda de electrodomésticos, Josefa Lorca, y la exsecretaria de Obrador, Maria Rodríguez, todos ellos proveedores de la reforma del palacete.

Las investigaciones se extienden a una vivienda de Madrid y a gastos relacionados con varias propiedades en la Colonia de Sant Jordi. En cuanto al inmueble madrileño, ubicado en el barrio de Salamanca, las pesquisas apuntan a que Matas utilizó a Reus como testaferro en la titularidad del piso y que, por tanto, es propiedad del expresidente. Matas negó estos hechos ante el juez.

Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009. El exdirigente conservador había pagado unos 980.000 euros por su palacete pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones. A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones que, bajo el nombre de Operación Buckingham, fueron dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al elevado tren de vida que llevó Matas mientras era máximo mandatario balear.

Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, según la documentación recabada por los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.

Dos meses después, el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo.

A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del expresidente más de 300.000 euros en dinero negro.

El pasado mes de enero, Matas puso a disposición de la Audiencia Provincial de Baleares la mitad indivisa de su palacete a fin de reparar el daño causado en el marco del caso Nóos, en el que se enfrenta a una petición de pena de cinco años de cárcel.

Varios de los proveedores que participaron en la reforma del palacete aseguraron haberse embolsado del expresidente más de 300.000 euros en dinero negro

De forma paralela, el instructor ha puesto fin a las pesquisas en torno al convenio para el patrocinio del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, que costó a las arcas del Govern 350.000 euros. También Matas se encuentra encausado en esta pieza, en este caso por delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documentos oficiales.

Del mismo modo, mantiene la imputación por estos hechos el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester y contra el propietario de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, empresa investigada por financiar de forma presuntamente ilegal al PP balear y beneficiarse a cambio de contratos amañados durante el último mandato de Matas (2003-2007).

En lo que al caso Over se refiere, considerado la ramificación del caso Gürtel en Baleares, el procedimiento continúa contra el propio Matas, la exconsellera de Salud Aina Castillo, la exjefa de prensa de ésta Luisa Durán, y el propietario de Over Marketing Daniel Mercado.

A partir de ahora, las acusaciones deberán formular su escrito de calificación contra los imputados o, por el contrario, solicitar el archivo de las investigaciones.