El juez da 48 horas al comisionista Luceño para que entregue una fianza de cuatro millones de euros

El empresario Alberto Luceño tiene 48 horas para abonar los cuatro millones de euros que le quedan por pagar de fianza. Así lo ha sentenciado el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero que, a su vez, ha rechazado imputarle un delito de alzamiento de bienes, que sí pesa sobre Luis Medina, ni un delito fiscal, como pedía alguna acusación. 

Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos empresarios se embolsaron 6,2 millones de euros en comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia. 

Hasta el momento, solo ha podido ser embargado a Luceño un inmueble valorado en 1,1 millones de euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros. Por ello, de acuerdo con lo pedido por el fiscal, que deberá abonar la diferencia en menos de tres días.

En la misma línea, el juez advierte de que si no se encuentran bienes para embargar a Luis Medina, la cantidad impuesta a Luceño puede ampliarse en calidad de una "fianza solidaria".

No será imputado por alzamiento de bienes ni delitos fiscales

En el mismo fallo judicial, el juez rechaza ampliarle la imputación a un delito de alzamiento de bienes al no haber "realizado disposiciones patrimoniales tras su declaración" el año pasado ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que el dinero de las ventas de tres coches fue ingresado en las cuentas de su sociedad, Takamaka Invest S.L.

Si no se encuentran bienes para embargar a Luis Medina, la cantidad impuesta a Luceño puede ampliarse

Además, el juez tiene en cuenta que Luceño ha aportado los relojes que se le han pedido y ha justificado los gastos necesarios para su vida personal y las necesidades de su empresa. En cuanto a la acusación popular ejercida por Podemos para que fuera investigado por delito fiscal, Carretero ha declarado que "por el momento no hay indicios de elusión de impuestos".

El juez también ha dictado una providencia en la que atiende la petición del Ayuntamiento de Madrid, que también es acusación, y de Podemos, y requiere a la Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Spain) una serie de datos sobre los contratos suscritos por ambos empresarios que constan con membrete de dicha institución.