Adolfo Carretero, el juez que investiga el caso del contrato de 11 millones de euros de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, ha decidido imputar a Luis Medina un delito de alzamiento de bienes y le ha dado un plazo de tres días para depositar una fianza de 891.000 euros.

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha decidido imputar a Medina por alzamiento de bienes, después de que la acusación popular formada por Podemos, Más Madrid, PSOE, la Funeraria de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid lo solicitaran.

El empresario y comisionista, que ganó más de un millón de euros en la operación en la que presuntamente estafó al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas, guantes y test de antígenos en los primeros meses de la pandemia, está imputado ya por estafa agravada, falsedad en documento y blanqueo de capitales.

Más de un millón de euros de beneficios por los delitos

La cantidad de la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados del empresario asciende su caso a 1.216.984,33 euros, de los que solamente se le ha podido embargar 325.515 euros por un velero matriculado en Gibraltar tras comprobar que en sus cuentas solo hay 247,26 euros. El juez le ha dado ese plazo de tres días para depositar 891.227,07 euros o, de lo contrario, procederá al embargo de todos sus bienes, muebles e inmuebles.

El hijo del duque de Feria y de Naty Abascal había vendido bonos cuando ya sabía que estaba siendo investigado y cuando Anticorrupción le había advertido de la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes. 

El magistrado ha propuesto además una medida para incluir en el proceso judicial la herencia que el imputado podría recibir de su abuela, Eugenia Fernández de Córdoba. En el caso de que el imputado sea heredero y beneficiario, el juez solicita que se embarguen preventivamente los derechos hereditarios del mismo.

La defensa de medina pide la expulsión de la funeraria

El abogado de Luis Medina ha solicitado al juez que se expulse del procedimiento como acusación particular a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid ya que en su momento firmó los contratos investigados en el procedimiento. El abogado también pidió anteriormente que se apartase de la acusación al Ayuntamiento de Madrid por las mismas razones.

La representación legal del comisionista se opone a que la empresa sea acusación particular en un asunto donde ha sido "la encargada de gestionar y canalizar los contratos investigados" y ha mostrado estar de acuerdo con los mismos, "suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos".