El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado a instancias de Fiscalía Anticorrupción imputar como persona jurídica a Procisa, la promotora de la urbanización de lujo La Finca (Madrid) por los contratos que suscribieron sus administradores con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para el llamado proyecto Land. Su representación legal está citada el próximo 3 de octubre.

En línea con el criterio de Anticorrupción, el juez imputa a las tres sociedades en que se segregó Procisa en el año 2016 en tanto que herederas de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir la primera: La Finca Global Assets (oficinas); La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios (residencial) y La Finca Somosaguas Golf, según informan en fuentes jurídicas a Europa Press.

La imputación se produce por presuntos delitos de cohecho continuado y revelación de secretos, en el marco de la pieza separada número 3 de esta macrocausa, y después de que el instructor acordase la imputación de otras tres empresas por sus contratos con Villarejo: el BBVA, la naviera Pérez & Cía y el despacho Herrero y Asociados.

La imputación se produce por presuntos delitos de cohecho continuado y revelación de secretos

En este caso, obedece al encargo que la administradora Susana García Cereceda, el socio Francisco Peñalver y el jefe de seguridad David Fernández hicieron a Villarejo entre 2012 y 2014 para posicionarse en la pugna por la herencia millonaria del constructor Luis García Cereceda frente a su otra hija y su viuda, y por el que acabaron pagando 340.252 euros de la empresa.

Tres fases de ejecución, dos tramos de pagos opacos

El proyecto Land arrancó en 2013, se desarrolló durante un año, tenía tres fases y un plan de facturación en dos tramos: un primer nivel de "investigación exhaustiva" con un precio de 275.000 euros y otro nivel de "rentabilización de los resultados" por 150.000 euros más, por lo que Anticorrupción sostiene que debieron cumplirse objetivos al menos, parcialmente.

No obstante, se investiga a Procisa también por un proyecto anterior, pues ya en 2012 le habían pagado 21.830 euros a Villarejo por un informe sobre tres empresas con las que tenían un litigio y la juez de Pozuelo que había de resolverlo. En total se abonaron "desde la mercantil Procisa" 362.082 euros en tres años y con "el máximo de opacidad", de acuerdo a los investigadores.

Los pagos, según detallaba el escrito de Fiscalía que pedía la imputación, se ejecutaron "de forma opaca en los términos que las partes pactaron, de manera que los acuerdos sobre la facturación que se plasman en las grabaciones incautadas concuerdan a la perfección con la simulación de los conceptos y las fechas facturadas".

Anticorrupción exponía en el escrito avanzado por Europa Press que la empresa de Villarejo emitía facturas por conceptos ficticios y en Procisa "maniobraban para que su ilicitud quedara enmascarada durante el proceso de contabilización y pudiera además redundar fiscalmente en beneficio de la sociedad", tanto en Land como en el informe sobre la jueza.

Listado de llamadas, intoxicación informativa

La primera fase, Land 1, estaba centrada en Jaime Ostos Alcalá, marido de la otra gran heredera de Procisa, Yolanda García Cereceda, e hijo del célebre torero. El encargo se selló en febrero de 2013 y en marzo, Villarejo ya tenía un informe preliminar que define el proyecto como "contextualización socio económica y familiar dentro del escenario en que se mueve 'Jimi' para manipular a Viola (el mote que pusieron a Yolanda) e intentar ejercer el control de su patrimonio y rentas".

'Land 20 se desarrolló con el foco puesto en Joaquín Torres, el conocido 'arquitecto de los famosos'

De acuerdo al resumen de la Fiscalía Anticorrupción, se trataba por un lado de "investigar si el matrimonio celebrado entre ambos en EEUU era válido y podía surtir efectos en España" dado que estarían en gananciales; y, por otro, "conocer sus 'debilidades/irregularidades'" para después "rentabilizar la información" obtenida, así como "generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación.

Land 2 se desarrolló a continuación y con el foco puesto en el conocido como 'arquitecto de los famosos', Joaquín Torres, amigo íntimo de Luis García Cereceda y su esposa. El primer informe llegó en mayo de 2013 con objetivo de investigar su esfera patrimonial y "especialmente, en su vida íntima con el fin de conocer sus 'debilidades' y difundir información en los medios de comunicación que perjudique su honorabilidad", según explicaba Anticorrupción.

Informes de origen ilícito

El objetivo, "poder presionarle y que Procisa obtuviera una posición de ventaja en los contenciosos económicos entablados por Torres contra la empresa" con una estrategia similar a la aplicada con Ostos, pero "llegando a conseguir a través de dichas 'maniobras de intoxicación informativa' por medio de los contactos de Villarejo en la cadena Telecinco que Joaquín Torres abandone su colaboración periódica en el programa Sálvame mediante la divulgación de informaciones ultrajantes en el programa Cazamariposas de la misma cadena".

Por último, Land 3, para la "búsqueda de información íntima" de Silvia Gómez Cuétara que la disuadiera de la pugna por la herencia. Villarejo incorporó a su informe un trabajo elaborado por la agencia de detectives Método 3 y datado el 18 de julio de 2012 que la propia Gómez Cuétara les había encargado sobre la estructura de todas las empresas de su difunto esposo.

La cuestión es que ese documento obraba en esas fechas en poder de la Policía Nacional, dado que en febrero de 2013 Método 3 fue registrada por orden de un juzgado de Barcelona y todos sus discos duros, intervenidos. Villarejo se habría hecho así con el informe "de forma ilícita", pues no contaba con permiso de ninguno de los implicados ni con autorización judicial. Hasta la fecha no se ha esclarecido cómo llegó a sus manos.

'Land 3' buscaba información íntima de Silvia Gómez Cuétara, que la disuadiera de la pugna por la herencia

Consiguió además para sus clientes datos de posicionamiento y tráfico de llamadas telefónicas de Ostos, Yolanda García Cereceda, Torres, Gómez Cuétara y dos amigos de éstos, así como desarrolló "otras medidas de seguimiento personal directamente dirigidas a conocer vínculos de carácter estrictamente íntimo que les permitieran posteriormente utilizarlos como instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar existentes".

Para ejecutar todos estos proyectos, Villarejo y Redondo no estaban solos, pues según Anticorrupción, contaron con la colaboración a cambio de precio de otros funcionarios policiales también en servicio activo que se los facilitaran, los "equipos humanos de apoyo", tal y como los describían en sus informes.

El comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y los policías ya retirados Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, están investigados por este asunto y niegan su implicación.