El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de ley que estaclece una nueva regulación de la custodia compartida en caso de nulidad matrimonial, separación y divorcio. La medida a buen seguro levantará cierta polémica porque faculta al juez para imponer la custodia compartida aunque no haya acuerdo entre los padres salvo en los casos en los que existan "indicios" de violencia machista.

Cuando el juez aprecie, durante el procedimiento civil, indicios fundados de que el padre es un maltratador tampoco tendrá la custodia del menor, aunque no exista denuncia por malos tratos.

"La custodia compartida deja de ser una medida excepcional", dijo Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro fue incluso más precisio: será el juez quien determine qué forma de guarda es la más conveniente en cada caso atendiendo al interés del menor. Además, la nueva norma que prepara el Ejecutivo establecerá que se seguirá pagando pensión alimenticia para aquellos hijos que sigan estudiando o estén buscando su primer empleo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ruiz-Gallardón explicó que el anteproyecto de ley responde a la necesidad de adaptar los cambios de la sociedad española durante "los últimos decenios" y ha subrayó que la custodia compartida no puede ser excepcional sino normal.

El anteproyecto, que inicia ahora su fase consultiva, recoge toda una batería de medidas teniendo siempre como horizonte, según dijo el ministro, "la protección del interés superior del menor, que será la medida sobre la cual se habrán de adoptar todas y cada una de las decisiones que les afecten". Este "interés superior" del menor se antepondrá "incluso al acuerdo entre las partes".

Gallardón aclaró que la norma no fija la custodia compartida como un régimen "preferente o general". "Lo que vamos a hacer es que el juez, en cada caso, atendidas las circunstancias y siempre en interés del menor, decida cuál tiene que ser la solución al régimen en conflicto" y lo hará sin necesidad de que un informe del fiscal lo avale.

El juez también será el encargado de regular los aspectos y el contenido de las relaciones parentales, sin que la custodia compartida "implique necesariamente" una alternancia de residencia de los hijos con los progeniores.

El juez también será el encargado de regular los aspectos y el contenido de las relaciones parentales

Hasta ahora, la custodia compartida se concedía cuando los padres estaban de acuerdo o cuando uno de ellos lo solicitaba y tenía el informe favorable del fiscal. Con el anteproyecto, el informe del Ministerio Fiscal dejará de ser vinculante, aunque el juez lo podrá pedir y, además, éste estudiará las alegaciones de las partes, tendrá en cuenta la opinión y deseos del hijo y el dictamen de los expertos, así como los criterios "relevantes" para el bienestar del menor.

La norma, según el Ministerio de Justicia, tendrá en cuenta la relación existente entre los progenitores y de éstos con sus hijos, la voluntad de cada uno de ellos a la hora de asumir sus deberes y su posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral.

La patria potestad se equipara a la corresponsabilidad parental y una vez que se apruebe el texto final se dejará de hablar de "guardador, custodio o de visitas" para referirse "a convivencia y régimen de estancia, relación o comunicación con el no conviviente". Los padres tendrán que incorporar un "plan de ejercicio de la patria potestad" para concretar cómo van a ejercer sus responsabilidades con sus hijos. Sobre este aspecto, el anteproyecto diferencia entre gastos por necesiades ordinarias o previsibles, gastos extraordinarios y voluntarios.

Además, los progenitores podrán, de común acuerdo o por decisión del juez, acudir a la mediación familiar para resolver las discrepancias que puedan surgir de la ruptura. El anteproyecto aprobado por el Ejecutivo contempla también que las medidas definitivas adoptadas podrán ser modificadas cuando "lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o cambien las circunstancias de los padres".

Otra de las novedades del anteproyecto es la liquidación del régimen económico matrimonial, cuya tramitación se alarga "excesivamente", lo que supone uno de los "principales focos de conflictos en las rupturas", para lo que será necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Con la reforma, al iniciar los procedimientos de separación o divorcio "se deberá solicitar la formación de inventario de la masa común de bienes y derechos sujeta a las cargas matrimoniales para su posterior liquidación". Además, una vez admitida la demanda, se empezará a aplicar el régimen de separación de bienes.

En relación con la asignación a la vivienda, si bien prevalecerá el interés del menor, se separará de la concesión de la guarda y custodia y se tendrán en cuenta los intereses del progenitor con más dificultades para encontrar una nueva.

El anteproyecto no ha satisfecho ni a las asociaciones de mujeres ni a aquellas que defienden la custodia compartida. Las presidentas de la Federación de Mujeres Progresista y de la Fundación Mujeres, Yolanda Besteiro y Marisa Soleto, respectivamente, han coincidido en criticar, en declaraciones a Efe, que el Ministerio no haya consultado a las asociaciones de mujeres durante el proceso de elaboración del texto.

Por su parte, el presidente de la Asociación Custodia Paterna, Miguel Rodríguez ha señalado que el texto ha supuesto una "auténtica desilusión", entre otras cosas, porque es el juez el que tomará la decisión.