Este artículo se publicó hace 11 años.
El juez Ruz halla indicios de que el PP pagó en B el 30% de la reforma de su sede
La Agencia Tributaria descubre "un descuadre contable" entre los pagos recogidos en la contabilidad oficial del partido y las facturas del arquitecto Gonzalo Urquijo, a quien el instructor imputa por delito fiscal
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió el proyecto de reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova entre 2005 y 2011, al considerar que podría haber cobrado en negro el 30% del coste de la obra, según declaró el extesorero Luis Bárcenas y se recogía en tres apuntes de la supuesta contabilidad B.
En un auto hecho público este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 imputa a Urquijo como responsable de la mercantil Unifica, cuya sede en la calle Conde de Peñalver de Madrid fue registrada el pasado viernes, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable.
Ruz acuerda esta medida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y después de analizar un informe de los peritos de la Agencia Tributaria en el que se destaca la necesidad de "clarificar la existencia o no de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas". En su informe, remitido al juez el pasado miércoles, los peritos ponen de relieve que la contabilidad oficial del PP entre 2007 y 2010 no menciona dos pagos a esta empresa por valor de 522.000 euros y 859.140 que se produjeron, respectivamente, en los años 2007 y 2009.
Además, señalan que los 'papeles de Bárcenas' consignan tres apuntes contables con referencias a 'Gonz. Urquijo', 'Gonzalo (Arquitecto)' y 'G.U.' por un importe total de 888.000 euros. Estas salidas de efectivo, según el informe, deberían haber conllevado el pago de una cuota superior a 120.000 euros para Unifica en concepto al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2008, lo que superaría el umbral del delito fiscal y no prescribiría hasta el 27 de junio de 2014.
Del análisis documental que obra en la causa se derivan "indicios de una falta de concordancia o descuadre entre la facturación y documentación soporte de los servicios ejecutados por la referida mercantil para el PP respecto de las obras de remodelación de su sede central". En concreto, Unifica, según señala el juez, podría haber percibido "anticipos a cuenta" por estas obras que "no aparecen descontados en las facturas finales", por lo que además del delito tributario se podría haber producido otros de falsedad documental o contable.
El juez constata la existencia de indicios suficientes para imputar a Urquijo por uno o varios delitos contra la Hacienda pública cuya responsabilidad final podría alcanzarle a él y, en concepto de cooperadores necesarios, "a aquellas personas que hubieran contribuido activamente a realizar actos que eventualmente resulten integradores de ese delito".
Bárcenas aseguró durante su declaración ante el juez del pasado 15 de julio que los apuntes consignados en sus papeles y referidos al arquitecto correspondían a pagos realizados a la empresa encargada de las obras. El extesorero explicó entonces que la forma de desembolso "seguramente no se realizó a propuesta del constructor" sino que el pago en B salió del propio PP "porque tendríamos más dinero en negro que en blanco".
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