La jueza que destapó la corrupción en Galicia lleva al TC la sanción del CGPJ que la apartó de su juzgado

La jueza Pilar de Lara no se resigna y sigue luchando contra la acción disciplinaria de la que fue objeto y que la apartó del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. Ha presentado recientemente un recurso de amparo con el que trata de que el Tribunal Constitucional declare nula la sanción de siete meses y un día de suspensión que en 2019 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso y que significó la pérdida de destino, el final de sus investigaciones sobre varias tramas de corrupción en Galicia. 

La jueza, instructora de varias macrocausas de corrupción, como 'operación Carioca', sobre tramas de prostitución; o 'Pokémon' y  'Garañón', sobre corrupción política, considera que la sanción fue "desproporcionada" y que sólo tuvo por objeto apartarla de su juzgado "debido a su actuación dirigida a investigar actividades de corrupción que involucraban a políticos y ayuntamientos". 

El CGPJ consideró que Pilar de Lara era responsable de una falta muy grave consistente en desatención generalizada y dilaciones indebidas en la instrucción de sus macrocausas y la sancionó con siete meses de suspensión, lo que lleva aparejado el cambio de destino. Ahora está destinada en un juzgado de Ponferrada (León). Ella siempre ha negado desatención en los asuntos que instruía y denuncia que no la han dejado defenderse y presentar las pruebas para ello. Está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Constitucional no admite su recurso.

Si por algo se ha destacado esta jueza gallega es por su empeño investigador, lo que le ha costado amenazas, presiones, campañas en su contra, además de un alto precio personal. Ha destapado la corrupción más enraizada en Galicia, por ejemplo, la que compraba voluntades políticas a cambio de la explotación sexual de mujeres vulnerables.

Su abogado, Agustín Azparren, explica a este medio los pilares del recurso de amparo, con trascendencia constitucional en cuanto a la posible vulneración del principio de imparcialidad por el hecho de que los miembros de la comisión disciplinaria del CGPJ forman parte del Pleno que ha de resolver los recursos de alzada contra sus propias resoluciones. "Es algo irregular y hay que revisar si ese sistema es conforme a la Constitución o no".

Azparren, exmagistrado y exvocal del CGPJ, considera que el caso de Pilar de Lara es "extraordinario". "No es baladí que Pilar investigara lo que estaba investigando, con alcaldes imputados y tramas de prostitución impunes -- dice el letrado--. Era una jueza incómoda para los poderes establecidos". Asegura que "he llevado una veintena de expedientes sancionadores y como este, ninguno", en referencia a la "indefensión" de la que ha sido objeto su clienta.

Intensidad de trabajo

La Sala Tercera del Supremo, en un sentencia del 13 de mayo pasado, ponencia de Eduardo Espín, inadmitía el recurso de casación de Pilar de Lara contra el acuerdo del Pleno del CGPJ por el que se resolvía su recurso de alzada, interpuesto frente al expediente disciplinario. Decía el Supremo: "La sorprendente acumulación de macrocausas y causas complejas en solo uno de los Juzgados de Lugo tiene como causa evidente la propia labor poco rigurosa de la magistrada sancionada. A ello no obsta la intensidad de su dedicación a una tarea creciente como consecuencia del propio modo de trabajar de la magistrada. Pero intensidad (horas y trabajo) no es incompatible con el desorden y la desatención que acreditan los hechos probados ni los desvirtúa". 

Indefensión

El abogado de la jueza destaca que el Supremo no admitió como prueba el testimonio de varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que intervinieron en las macrocausas y que son "conocedores directos de la dedicación y esfuerzo de la magistrada y de su forma de llevar las

investigaciones". Tampoco dejó que testificaran dos letrados de la Administración de Justicia en Lugo que podrían haber corroborado la atención en los asuntos que instruía la jueza sancionada.

Pero el rechazo de dos testigos concretos es lo que más ha sorprendido a la jueza y a su abogado: se trata de dos inspectores que participaron en inspecciones al Juzgado de Instrucción 1 de Lugo en 2013 y 2014 y que "destacaron la gran dedicación de Pilar de Lara", dice su letrado, que explica que "estos dos inspectores participaron también en la inspección extraordinaria posterior, en 2018 [la que dio lugar a la incoación del expediente disciplinario], por lo que conocen, tras la realización de tres inspecciones en los últimos cinco años, cual ha sido el trabajo desarrollado por la jueza y la evolución de las causas de especial dedicación".   

Según Azparren, el testimonio de los dos inspectores era "necesario para conocer el cambio de valoración repentino. Qué había cambiado para que de repente se le echara la culpa a la jueza de todos los retrasos". Sin embargo, el Supremo lo rechazó "por tratarse de personas dependientes del órgano sancionador y cuyos informes obran en el expediente", consta en el auto de admisión de pruebas. En otras ocasiones, al contrario, la misma Sala ha admitido la declaración de los inspectores del Servicio de Inspección del CGPJ, como ha podido comprobar este medio.  

El mail de Conde-Pumpido, en el Supremo

Sí admitió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo una prueba solicitada por la jueza: el mail que recibió en abril de 2014 del abogado Cándido Conde-Pumpido Jr., hijo del magistrado del Constitucional y exfiscal general del Estado. Este abogado representaba entonces a José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del Partido Socialista de Galicia, que llegó a estar imputado en el caso 'Garañón' por presuntos delitos urbanísticos siendo concejal del Ayuntamiento de Lugo.

El mail en cuestión sonaba a algo parecido a una presión: "Empieza a sonar un run run en el TS (Tribunal Supremo) de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política", decía el abogado Conde-Pumpido y añadía: "Si necesita de apoyo en el Consejo para optar alguna plaza [sic] o para facilitar su traslado (...) hágamelo saber y haré todo lo que esté en mi mano. En cualquier caso no creo que sea difícil de conseguir como le comenté". El abogado había visitado a la jueza días antes de enviarle el mail. Su empeño era, según se desprende del correo electrónico publicado en exclusiva por este medio, que Pilar de Lara abandonara su juzgado de instrucción y con ello, las investigación en curso.

"Según mi experiencia -continuaba la misiva de Conde-Pumpido a Pilar de Lara- es mucho más peligroso para un Juez investigar a un determinado partido que a otro" y a continuación explicaba que "no lo digo solo por [Elpidio] Silva y Garzón, el propio [Javier Gómez] Bermúdez con el que doy clase en la Universidad Europea está convencido que [sic] si no llega a soltar lo de Bárcenas a tiempo le habrían hundido la carrera, y razones no le faltan, pues me constan movimientos en este sentido".

Sin embargo, los magistrados del Supremo consideran que las afirmaciones contenidas en el mail de Cándido Conde-Pumpido "carecen de trascendencia" y les atribuyen un carácter altruista:  "En todo caso, revelarían el deseo de solventar una situación difícil para la magistrada dada la situación del Juzgado". 

Hay que señalar que de ser admitido a trámite el recurso de Pilar de Lara en el Constitucional, uno de los magistrados que deberá decidir sobre él es el padre del abogado Conde-Pumpido.

La Fiscalía no apoyó a la jueza

La 'operación Carioca' desveló las condiciones deplorables en las que vivían numerosas mujeres sin papeles prostituidas en dos burdeles de Lugo y las conexiones de los proxenetas con miembros de la Guardia Civil, a los que obsequiaban con bebidas y sexo en sus locales para evitar la realización de inspecciones y controles de extranjería o para conseguir información privilegiada. Los testimonios de las mujeres eran atroces. Sin embargo la Fiscalía forzó el archivo de una pieza separada en la que estaban investigados varios guardias civiles. 

La pieza principal de la causa se ha saldado con condenas mínimas a los dos dueños de los burdeles, después de llegar a pactos de conformidad con la Fiscalía hace un mes. Los dueños de los clubs Queens y La Colina, José Manuel García Adán y José Manuel Pulleiro, han aceptado seis y tres años de prisión respectivamente, lo que ha indignado a las integrantes de la Plataforma contra la Impunidad de la Carioca. Este colectivo reprocha a la Fiscalía "las indignantes decisiones que tomó durante todo el proceso".