La jueza que investiga por presunto fraude fiscal a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido por tercera vez la declaración del empresario, programada para el 29 de noviembre, a petición de su defensa.

Fuentes jurídicas confirman que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha atendido a la petición de los abogados del empresario y ha acordado dejar sin efecto su declaración y la de los otros cuatro imputados.

La defensa de González Amador solicitó suspender su declaración hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviese el recurso que presentó contra la ampliación de la causa dirigida a investigar sus negocios con la empresa Quirón Prevención.

La magistrada que investiga a González Amador ha tratado de tomarle declaración hasta en dos ocasiones, si bien ambas veces los interrogatorios se acabaron posponiendo. La primera vez debido a las dificultades encontradas por la jueza para interrogar a los otros investigados, lo que hizo que pospusiese la declaración de todos ellos más adelante; y la segunda porque las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE solicitaron ampliar la investigación.

Este empresario está siendo investigado por un fraude a Hacienda de 350.951 euros. En un principio, su defensa reconoció el delito en un intento de llegar a un acuerdo con el fiscal del caso a cambio de no ir a juicio y por el que estuvo dispuesto a aceptar ocho meses de cárcel y el pago de una multa.

En una pieza separada del procedimiento, la magistrada también investiga si el empresario pudo incurrir en "otros delitos distintos" mediante el presunto uso de una sociedad pantalla para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por la empresa Maxwell Cremona, de la que el González Amador es administrador.

Un informe de la Agencia Tributaria alertó de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" por la que, presuntamente, este empresario habría utilizado una sociedad pantalla en 2021 mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona y su cliente Quirón Prevención SL.

El objetivo, explica la jueza, sería "ubicar de forma ilícita y fraudulenta en esa mercantil parte de los ingresos generados por servicios prestados realmente por Maxwell Cremona" y así generar unas "bases imponibles negativas a compensar para el futuro".