El paseo Lluís Companys de Barcelona será este lunes el escenario de una nueva movilización masiva del independentismo, que muy probablemente marcará el pistoletazo de salida de un periodo decisivo del proceso soberanista. Decenas de miles de personas se acercarán para apoyar al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, en el primero de los cinco días de juicio que afrontarán bajo la acusación de ser los organizadores de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Con el lema "el 6F nos juzgan a todos", las principales entidades soberanistas -ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), además de la Asociación Catalana de Municipios- han convocado una concentración de apoyo en la que se prevé la asistencia de unas 40.000 personas, cerca de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Hasta el jueves ya se habían inscrito 28.000 personas, y se había confirmado el desplazamiento de 120 autocares procedentes de todo el Principado. Obviamente, la presencia de cargos políticos también será destacada, empezando por el gobierno en pleno -con el presidente Puigdemont a la cabeza-, electos de la CUP y también representación del espacio de los Comunes, como el cuarto teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Jaume Asens.

En cuanto a las acusaciones, Artur Mas se enfrenta a una petición de inhabilitación de diez años por parte de la Fiscalía, mientras que en el caso de Ortega y Rigau se queda en nueve. La Fiscalía atribuye al ex ex-presidente los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave y considera a las ex consejeras "cooperadoras necesarias".  Considera la fiscalía, básicamente, que ignoraron la orden de suspensión cautelar del 9N dictada por el Tribunal Constitucional (TC). Mas, Ortega y Rigau declaran el lunes, en la primera sesión del juicio, mientras que el martes será el turno de 15 testigos. El miércoles declararán otros testigos pero con mayor eco mediático -como Francesc Homs, Núria de Gispert o Xavier Trias,  el jueves la Guardia Civil presentará su informe pericial y viernes el caso quedará visto para sentencia.

Mas, convencido de la inhabilitación

Más allá de las cuestiones estrictamente judiciales, la importancia de la cita recae, obviamente, en sus consecuencias políticas y en que muy probablemente marcará el pistoletazo de salida de unos meses trepidantes en los que el enfrentamiento institucional entre los gobiernos español y catalán - el famoso choque de trenes- irá a más, con nuevos episodios de judicialización de la política, posibles inhabilitaciones y el horizonte del referéndum teóricamente cada vez más cerca. En este sentido, la decisión de la CUP de permitir la aprobación de los presupuestos de la Generalitat ha dejado a Junts pel Sí sin una de las hipotéticas coartadas para esquivar el compromiso de convocar el referéndum, una consulta que puede acelerarse si el juicio la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, termina con su inhabilitación.

En este contexto, la operación de este jueves de la Guardia Civil contra la supuesta financiación irregular de la antigua CDC -a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y con la detención de dos ex dirigentes muy cercanos a Mas, como Antoni Vives y Francesc Sánchez -, facilitó que el PDeCAT -la formación heredera de Convergència- jugara la carta del victimismo para manifestar que todo ello mostraría que son víctimas de una "persecución política", sobre todo por la fecha elegida.

Este viernes Artur Mas ha apelado al Estado a actuar "proporcionalmente" y sin "subestimar" la voluntad de autogobierno de Catalunya, ya que si los catalanes son puestos al límite no se quedarán "en casa" y responderán de manera "masiva en las calles". En una entrevista en Catalunya Radio, junto con Ortega y Rigau, ha defendido que no considera delito su actuación por el 9N, pero ha admitido que sería una "sorpresa" que no le inhabilitaran, una posibilidad que le dejaría sin opciones para ser el candidato del PDeCat en unas hipotéticas elecciones autonómicas que podrían convocarse si, finalmente, el referéndum no saliera  adelante.

El juicio a Forcadell, clave

La movilización masiva prevista ha dado lugar a algunas críticas por parte de la judicatura, como la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que en un comunicado manifestó que la convocatoria también busca "intimidar a la justicia". En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por Julia Pérez admiten que no dejó de ser un elemento de presión política y que en este caso la clave habría sido tomar medidas políticas que habrían evitado que la celebración de una consulta como el 9N pudiera acabar judicializada.

De cara el futuro del proceso, sin embargo, el juicio clave será el de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir las votaciones de la comisión de estudio del proceso constituyente, también suspendido por el TC. La cita, que se conocerá en las próximas semanas -probablemente en marzo-, podría acabar con la inhabilitación de la segunda autoridad institucional catalana, un factor que puede desencadenar una reacción en cadena y acelerar los tempos del proceso. De hecho, si hasta hace unas semanas, oficialmente, siempre se hablaba de septiembre como fecha límite para la celebración del referéndum, durante los últimos días ya se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacerlo antes del verano. Así lo han puesto de manifiesto tanto la CUP, como PDECat y ERC.

Más allá de la partida de póquer a dos bandas -Rajoy ha amenazado esta semana con precintar los colegios electorales si se intenta sacar adelante el referéndum-, la realidad es que todo apunta a que el choque institucional se acelerará en las próximas semanas, con el juicio a Mas como primer capítulo. Y en este escenario, las formaciones independentistas son conscientes de que la movilización ante el TSJC sólo será la primera de una serie de convocatorias en las que necesitará un masivo apoyo ciudadano si pretende, efectivamente, sacar su proyecto adelante.