Los peritos llamados por acusaciones y defensas en el juicio al procés han protagonizado varios momentos cuanto menos curiosos, como cierre a la 15 semana de la causa. Después de que los últimos testigos de las defensas desfilaran ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, una docena de expertos llamados por todas las partes comparecieron miércoles y jueves para responder preguntas sobre muy diversas cuestiones relacionadas con el juicio.

La disputa entre el Supremo y el Congreso de los Diputados por ver quién debía decidir la suspensión de cuatro de los cinco presos que hasta el viernes eran parlamentarios -el Senado aún debe reunirse para tratar la situación de Raül Romeva la próxima semana-, saldada con la victoria del Alto Tribunal, sumado al carácter muy técnico de esta etapa procesal, daba pie a pensar que las sesiones 45 y 46 de la causa serían predecibles, tranquilas, con el foco puesto en otra parte. No obstante, acogieron varios episodios bastante llamativos.

Un supuesto cerco a la malversación que las defensas niegan…

La comparecencia de cuatro altas funcionarias del Ministerio de Hacienda para hablar sobre la supuesta malversación fue quizás el capítulo más tenso para las defensas, que siempre han defendido que la Generalitat nunca abonó ninguna factura por trabajos relacionados con el 1-O, y por tanto que nunca hubo delito.

En cualquier caso, lo que no logró el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro -que pasó de negar la malversación a reconocer que sí pudo darse- , sí lo explicaron las funcionarias de Hacienda llamadas como peritos. Estimaron en 917.000 euros el perjuicio a las arcas públicas por la realización de 1-O -sin contar con las facturas nunca pagadas a Unipost, ni el posible coste por haber alquilado los colegios para votar-. Sostuvieron que la malversación ya habría tenido lugar una vez contraído el compromiso de pago por parte de la Administración catalana, tanto si finalmente se hubiera abonado como si no.

No obstante, varias defensas consultas por este diario niegan que les haya sorprendido lo aportado por las funcionarias, o que haya acercado al tribunal al escenario de poder probar la supuesta malversación. Aseguran que su informe es “poco novedoso”, y que refleja “incongruencias acusatorias”. Sin ir más lejos, y según el razonamiento de las peritos, la empresa de mensajería Unipost -que iba a realizar trabajos para el 1-O que nunca se ejecutaron ni pagaron, y de los que no hay facturas- “quedaría directamente fuera” de la ecuación de la malversación.

… Y una victoria al apartar a un testigo

La agenda Moleskine del exnúmero dos de Oriol Junqueras en sus tiempos de vicepresident de la Generalitat, Josep María Jové, y el documento Enfocats -una presentación power point- son considerados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado como una suerte de resúmenes de la hoja de ruta del procés. Los 12 acusados, así como los testigos de las defensas, han negado conocer estos documentos, y han negado que tengan un carácter estratégico, si bien el Ministerio Público quería servirse de las periciales para incidir en el contenido de estos documentos. No logró su objetivo.

Después de haber intentado impugnar esta prueba anteriormente, el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, logró que Marchena no permitiera la comparecencia como “testigo experto”, más que como perito -como consta en el auto de admisión de prueba- de un capitán de la Guardia Civil, dado que este ya había declarado como testigo.

El sargento que le acompañaba en el estrado sí declaró, si bien las protestas de otros letrados, en especial de la abogada de Cuixart, Marina Roig -que denunció que los documentos por los que preguntaba el fiscal no estaban en la causa-, acabaron por lograr que Zaragoza tirara la toalla. Y hasta en la forma de expresarlo le faltó tino o suerte, ya que Marchena intervino para rechazar que en ningún caso se le hubieran planteado “dificultades” para cumplir su labor. Tanto la Moleskine como Enfocats serán tenidos en cuenta por el tribunal, pero no con las explicaciones que ansiaba el Ministerio Fiscal.

Sociólogos, una lingüista y un debate entre tasadores

El miércoles, la sala escuchó a dos sociólogos que defendieron a capa y espada que el referéndum del 1-O fue un acto de desobediencia civil, y que estuvo rodeado por múltiples ejemplos de acciones noviolentas -salvo casos “aislados”. También que esos episodios “aislados” de violencia en absoluto son imputables a los líderes sociales y políticos procesados, sino a quienes los cometieron, fruto de su “falta de disciplina noviolenta".

Un día después le llegó el turno a la jefa del departamento de Gramática del Institut d'Estudis Catalans, Gema Rigau, que certificó un fallo de traducción, tirando hasta de ejemplos del refranero. Concretamente, Rigau, llamada por el abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, Xavier Melero, se refirió a una traducción de la Fiscalía de un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra (septiempre de 2017).

El fallo estaría en haber traducido como un imperativo una frase que, en la lengua original, expresaba un escenario futurible. La traducción oficial reza: “El día 1 de octubre de 2017 se ha de celebrar el referéndum”. “La traducción ideal sería 'el 1 de octubre se va a celebrar o se celebrará”, indicaba.

Esto, sin olvidar el debate entre peritos de las acusaciones y las defensas que eran expertos en materia inmobiliaria. Fueron llamados para opinar sobre el valor -e incluso las fórmulas de cálculo a aplicar- de los colegios públicos usados como centros de votación el 1-O, si bien acabaron enzarzándose en varios rifirrafes.

Los peritos de Ibertasa y Segipsa, propuestos por la Fiscalía, fueron duramente criticados por los llamados por las acusaciones, dos miembros del Colegio de Arquitectos de Barcelona. La Fiscalía y la Abogacía del Estado calcularon que se habrían malversado 900.000 euros por el uso de los locales electorales, y los expertos llamados por las defensas les reprocharon que incluyeran en sus cálculos todas las plantas de los inmuebles, y hasta los espacios deportivos de los centros, cuando sólo se utilizó parte de las plantas inferiores, o incluso que llegaran a esta cifra teniendo en cuenta los precios de mercado, cuando estaban ante locales públicos.

Los expertos de la Fiscalía rebatieron estos argumentos, pero los peritos de la defensa insistieron: no existe “la posibilidad de lucro cesante” ante estos bienes públicos, utilizados además un domingo, cuando los centros suelen estar cerrados, y por tanto su uso no habría causado un prejuicio al erario público. "Si un restaurante cierra un día tiene lucro cesante, pero los colegios no. Si no se hubiera celebrado la votación, los colegios tampoco hubieran sufrido ningún cambio patrimonial".

Como cierre de la jornada, también el jueves, dos peritos informáticos llamados por las defensas de Cuixart y de la exconsellera Dolors Bassa aseguraron que la Guardia Civil llegó a conclusiones erróneas en uno de sus informes. Los expertos afirmaron que algunos de los accesos a la web pactepelreferendum.cat no son atribuibles a Òmnium Cultural, pero tampoco al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, en contra de lo que afirmó el Instituto Armado. Según los peritos, entre estos accesos se contabilizaron algunos de los realizados por la propia empresa proveedora del servicio.

La inflamación testicular "motu proprio"

A su vez, otros dos peritos analizaron un centenar de informes médicos sobre las lesiones que sufrieron los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que actuaron para frustrar el referéndum, y rebajaron de 101 a 33 el número de ellos que sufrieron lesiones por agresiones. Los dos médicos, llamados por el letrado Van den Eynde, aseguraron que la mayoría de estas lesiones fueron leves, sin que se diera ningún caso grave, y sin que los afectados fueran hospitalizados. Casi todos presentaban “contusiones o erosiones”, según su análisis.

En este punto, el fiscal Javier Zaragoza aprovechaba para preguntar si un golpe, una caída tras un forcejeo o una patada pueden generar lesiones. También si, específicamente, podrían causar una lesión testicular. Los médicos asintieron. “¿Una inflamación testicular se produce por motu proprio o por una patada?”, que diría Zaragoza. Y todo esto, en sólo dos días de juicio.