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El juicio contra Trapero arrancará el próximo 5 de febrero

La sección primera de la Audiencia fija para ese día la vista de artículo de previo pronunciamiento y en la que se tratarán las cuestiones previas planteadas por el ex secretario general de Interior César Puig, uno de los acusados.

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El ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero enla Audiencia Nacional. EFE/Archivo

La Audiencia Nacional celebrará el próximo 5 de febrero la vista para resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados en el juicio por el 1-O contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y otras tres personas.

En una diligencia, la sección primera de la Audiencia ha fijado para ese día la vista de artículo de previo pronunciamiento, anterior al juicio en sí y en la que se tratarán las cuestiones previas planteadas por el ex secretario general de Interior César Puig, uno de los acusados.

A estas peticiones se ha adherido al menos otro de los acusados, el exdirector de los Mossos Pere Soler, pero no Trapero, según han indicado a Efe fuentes jurídicas.

En sus peticiones, a las que ha tenido acceso Efe, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, alega la falta de competencia de la Audiencia Nacional para conocer de estos hechos.

Recuerda Cuevillas, abogado también de Puigdemont, que la jueza que instruyó el caso, Carmen Lamela, solo se pronunció sobre su competencia para investigar un delito de rebelión en la admisión de la querella de Fiscalía, pero no posteriormente ya que instruyó solo por sedición.

Además, argumenta "importantes precedentes de la propia Audiencia Nacional que resultaban absolutamente contrarios al reconocimiento de la competencia de este tribunal para el enjuiciamiento del delito de rebelión" y el "prácticamente unánime consenso existente entre la comunidad científica" sobre esa falta de competencia.

La falta de competencia fue la misma cuestión que plantearon las defensas de los acusados en el juicio del procés que se celebrará próximamente en el Supremo, aunque en ese caso alegaban que el caso no tiene carácter internacional y por tanto la competencia sería del TSJ de Catalunya, lo que rechazó el alto tribunal.

Después de esta vista, que será pública, el tribunal tendrá que resolver estas cuestiones y luego los abogados de los acusados presentarán sus escritos de defensa en los que propondrán pruebas, tras lo que se fijará la fecha del juicio, en el que Trapero se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel por rebelión.

La misma pena pide la Fiscalía contra el exdirector de los Mossos Pere Soler y contra Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que a la intendente de los Mossos Teresa Laplana la acusa solo de sedición y reclama 4 años de prisión.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal Pedro Rubira consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión -la jueza de instrucción solo les atribuía sedición- en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".

Lo hicieron, no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como "mandos subalternos", lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.

Los fiscales les responsabilizan de haber consentido la celebración del 1-O y también de no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.

Mientras que a Trapero, Soler y Puig les imputan los dos hechos, a Laplana solo le atribuyen responsabilidad en el asedio a la Conselleria.

Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 "una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia".

Ello lo hicieron, dicen, "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas".

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