Junts votará contra el llamado decreto ómnibus que la semana que viene llevará a ratificación al Congreso de los Diputados el Gobierno español. Este es el primer gran decreto de la nueva legislatura e incluye diversas cuestiones de índole económica y jurídica.

La discrepancia ha surgido entorno a la parte del decreto que incluye modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afectaría a la aplicación de la ley de amnistía con una paralización en algunos casos a partir de su entrada en vigor. Al menos así lo considera la dirección de Junts y también es compartida por el PNV. Ambos partidos trasladaron ya al Gobierno esta preocupación.

La decisión de Junts ha sido tomada después de que el secretario general del partido, Jordi Turull, se reuniera este jueves con el número tres del PSOE, Santos Cerdán, en Barcelona y constataron sus diferencias en torno al decreto ómnibus, según ha avanzado TVE y ha confirmado Público.

El secretario general de Junts trasladó al secretario de Organización del PSOE que mantienen el 'no' en la norma, porque "puede poner obstáculos a la ley de amnistía". Tampoco ven con buenos ojos su tramitación como proyecto de ley, que consideran "una trampa", según apunta la agencia ACN. El decreto será debatido y votado en el pleno de la próxima semana en el Congreso de los Diputados y los votos de Junts son necesarios.

Retirada y nuevo decreto

Desde Junts ponen el foco en una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) incluida en el decreto, por la que las causas judiciales quedarían paralizadas cuando un magistrado planteara una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto, según el partido de Puigdemont, obstaculizaría la aplicación de la ley de amnistía una vez aprobada. Además, detectan otras cuestiones que "afectan al autogobierno".

El problema es que el decreto ómnibus incluye otras materias que se validarían o rechazarían conjuntamente. Entre ellas las medidas necesarias para poder solicitar el cuarto tramo de ayudas europeas, una dotación de 10.000 millones de euros, que correspondería al Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea.

En los últimos días, el ministro Félix Bolaños aseguró que el rechazo de Junts se debía a "un malentendido" y se ha mostrado convencido que el decreto se aprobaría con o sin los votos de Junts, sin especificar con que apoyos contaría el Gobierno ya que la mayoría de la investidura sería ahora insuficiente. Junts exige que se retire el decreto y se haga uno nuevo sin las cuestiones espinosas ya que aseguran: "No nos fiamos del Gobierno" y por ello justifican el rechazo a la propuesta del Gobierno de la tramitación como proyecto de ley.