El Tribunal Superior de Londres dictó este jueves que el rey emérito Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra tras su abdicación y por tanto puede seguir adelante la demanda por acoso interpuesta en su contra por su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

El juez Matthew Nicklin debía decidir si Juan Carlos I podía ser juzgado en la jurisdicción inglesa, antes de evaluar la demanda de Sayn-Wittgenstein, que lo acusa de acoso, seguimiento ilegal y difamación desde la ruptura en 2012 de su relación, que entablaron en 2004.

Corinna Larsen presentó la demanda civil en diciembre de 2020: lo hizo con el nombre de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn contra Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, el rey emérito. Como pruebas de acoso cita un agujero que simulaba una bala en su casa de campo de Shropshire (oeste de Inglaterra) el 21 de junio de 2017 mientras ella dormía. Otras pruebas del memorial de agravios son el encuentro de un libro sobre la muerte de la princesa Diana en las mesitas de noche de sus apartamentos de Mónaco y Suiza o las amenazas a sus hijos.

La defensa del rey emérito alegó desde el principio ante el juez inglés que "su Majestad goza de inmunidad" y que la justicia británica no era competente para atender la demanda presentada por Larsen. Los representantes de Corinna alegaron por su parte que, tras su abdicación el 2 de junio de 2014, Juan Carlos I ya no está protegido por la inmunidad que se confiere a los jefes de Estado al amparo de la legislación británica.

El tribunal argumenta que el acoso no es una acción gubernamental y por lo tanto Juan Carlos I no tiene derecho a la inmunidad. El juez considera  que el rey emérito "ya no es soberano o jefe de Estado" ni tampoco forma parte de la Casa Real de Felipe VI aunque sea miembro de la familia real. "Mi decisión es que no se ha demostrado ninguna de las bases por las que se reclamó la inmunidad estatal. Por lo tanto, la demanda procederá", afirma el magistrado en su dictamen.

En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.

Este fallo llega seis días antes de que el 29 de marzo los reyes Felipe VI y Letizia asistan en la Abadía de Westminster de Londres al funeral en memoria del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, marido de Isabel II, fallecido el 9 de abril de 2021 a los 99 años.

El Gobierno respeta la decisión de la Justicia británica

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha confirmado este jueves que el Gobierno respeta la decisión de la justicia británica. Llop también ha recordado que los asuntos pendientes de la corona británica con España han sido archivados por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La ministra ha afirmado que el Ejecutivo central respeta las decisiones adoptadas por los sistemas judiciales extranjeros en base a sus propios procedimientos judiciales y procesales. Llop ha explicado que la decisión en materia de estrategia de defensa que tenga que adoptar Juan Carlos I la tendrá que anunciar su propia defensa.