Los grupos independentistas y nacionalistas se revuelven contra los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno

"Tics centralistas". "Incontinencia recurritoria". "Mutilación del Estatuto Autonómico". "Ansia judicializadora". Estas son algunas de las expresiones que los portavoces de las diferentes fuerzas territoriales del Congreso han lanzado desde la tribuna ante los recursos de inconstitucionalidad de los sucesivos gobiernos centrales contra las leyes aprobadas en los parlamentos autonómicos, teniendo muchas de ellas un marcado contenido social y económico.

A colación de una moción de EH Bildu sobre los recursos al Tribunal Constitucional contra las normas aprobadas por los Parlamentos Vasco y de Navarra, tanto este grupo como el resto de partidos independentistas y nacionalistas han pedido al Gobierno de coalición que "respete" las decisiones que se toman en las asambleas autonómicas por una amplia mayoría, representando así la voluntad de la sociedad.

"No les pedimos que nos den permiso, sino que respeten a partir de ahora nuestros logros sociales y, en todo caso, tomen como ejemplo nuestros pasos para que también en este Estado la mayoría social y trabajadora pueda verse beneficiados de ellos", ha sostenido la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, durante el debate de la moción, una iniciativa que ha coincidido con la decisión del Ejecutivo de impugnar la ley catalana de alquiler. Aunque en este caso, la presión ejercida por los movimientos sociales y los grupos políticos (incluso dentro del propio Gobierno), ha impedido que el PSOE pidiera su suspensión. 

Asimismo, Aizpurua ha recordado que esta moción es fruto de un acuerdo del Parlamento Vasco en 2018, que contó con el visto bueno de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE. "Entonces gobernaba Rajoy, y todos estos partidos denunciaban la intromisión del Gobierno mediante los recursos y se exigía el fin de las injerencias. ¿Este Gobierno se va a comportar como aquel de Rajoy? ¿Van a actuar igual a como lo hacía la derecha?", ha afeado.

El diputado de PNV Mikel Legarda también se ha pronunciado en esta línea al denunciar el "poco respeto hacia el autogobierno vasco y navarro", que se traduce en el "no desarrollo pleno de sus normas institucionales básicas y la altísima conflictividad competencial que el ejercicio de su autogobierno les comporta cuando se manifiesta en políticas públicas de contenido diferencial e incluso en materias calificadas como exclusivas".

ERC, Junts y la CUP han asegurado sentirse identificados con la propuesta de EH Bildu. "Desde Catalunya, desgraciadamente, también hemos sufrido en demasiadas ocasiones esta ansia judicializadora. Desde la aprobación del Estatut de Catalunya, en el año 2006, han sido impugnadas más de 40 leyes catalanas. Todas ellas, a día de hoy, han sido anuladas o suspendidas", ha reclamado la diputada republicana María Carvalho.

La prohibición del fracking y de la construcción de grandes superficies comerciales fuera de las grandes ciudades, la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el impuesto sobre los pisos vacíos o la ley de alquiler son algunas de estas normas recurridas y que comparten el mismo mínimo común denominador: "Representan avances significativos y son el vivo reflejo de los consensos de una sociedad, la catalana, que desea un futuro más justo", ha añadido la parlamentaria de ERC.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha apostillado que el PP, en mayor medida, y el PSOE, en menor medida, están aquejados de un "trastorno persistente". "Tienen incontinencia recurritoria", ha tildado. En esta línea, ha criticado que los conflictos, recursos e impugnaciones del Estado contra las leyes autonómicas ascienden a 1.214 desde 1980 hasta el 2018. "Esta misma mañana se ha producido contra una ley justa, progresista y que protege a los más débiles", ha añadido en referencia a la norma catalana de alquiler.

EH Bildu rechaza la enmienda de los partidos del Gobierno

Por su parte, los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, habían pedido enmendar el texto para "apostar por el diálogo" y reforzar el "autogobierno" vasco y navarro, unas propuestas que no han sido admitidas por el grupo impulsor. "No se trata de no recurrir las leyes al Tribunal Constitucional, sino de que ese instrumento esté bien usado", ha explicado la diputada morada Pilar Garrido.

Su homóloga del PSOE María Guijarro ha conminado a Bildu a no confundir el sujeto de la moción. "Con el Gobierno de Rodríguez Zapatero se presentaron seis recursos a leyes vascas y navarras. Con el Gobierno de Rajoy, 24 recursos. Con el presidente Pedro Sánchez, cuatro recursos", ha señalado para después rematar: "Distinga entre un Gobierno que ni hizo ni dejó hacer y este Gobierno progresista, federalista, que apuesta por el diálogo, la colaboración y el autogobierno".