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Regulación de los alquileres La amenaza del PSOE de tumbar la ley de vivienda catalana irrita a Unidas Podemos y al bloque de la investidura

La norma autonómica contiene la limitación de los precios del alquiler, el principal escollo que separa a los socialistas y a la formación morada en las negociaciones de una ley de vivienda estatal que lleva ya más de cuatro meses de retraso. Por su parte, los socios parlamentarios cargan contra los "tics autoritarios y centralizadores" de los diferentes gobiernos conservadores y socialistas con los territorios.

Miquel Iceta
El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, el miércoles en el Congreso. Juan Carlos Hidalgo / EFE

La ley de vivienda y la regulación de los alquileres vuelven a ser, de nuevo, un elemento de tensión entre el PSOE, por un lado, y Unidas Podemos y el denominado bloque de la investidura, por otro. Las palabras del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, el pasado miércoles sobre la posibilidad de que el Gobierno interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional para tumbar la normativa catalana en materia de vivienda ha zarandeado las dos arterias que nutren al Ejecutivo: la coalición entre los socialistas y la formación morada, y la mayoría que sostiene la legislatura desde el Parlamento.

"Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, yo tengo políticamente, moralmente y legalmente la obligación de presentar ese recurso", avanzó Iceta este miércoles ante el Pleno del Congreso durante una interpelación urgente de EH Bildu. La portavoz del grupo, Mertxe Aizpurua, había exigido previamente al titular de Política Territorial un compromiso claro de que su Gobierno "no volverá a utilizar el recurso de inconstitucionalidad" contra las normas aprobadas por los Parlamentos Vasco y de Navarra y, por extensión, otras asambleas autonómicas. 

Según expuso la diputada de la izquierda soberanista vasca, los diferentes ejecutivos, tanto del PP como del PSOE, han recurrido más de 30 leyes aprobadas en sendas cámaras parlamentarias en los últimos diez años, lo que ha conllevado su posterior anulación. Muchas de ellas, incluso, tenían un marcado contenido social y económico, como la ley vasca de vivienda, la de protección del medio ambiente o la norma contra el fracking. También acabaron en saco roto la ley navarra anti-desahucios, la de asistencia sanitaria universal y la del copago farmacéutico.

Si bien, Aizpurua remarcó que este había sido el proceder del Gobierno durante los últimos 40 años, una queja compartida por el resto de fuerzas territoriales que componen el arco parlamentario. "Señor Iceta, este Estado aún tiene tics, grandes tics, autoritarios y centralizadores. Es la esencia de gran parte de su historia. Lo vemos en la incapacidad de solucionar los conflictos que este Estado mantiene con las naciones periféricas que en ellos convivimos. Lo vemos en la incapacidad de respetar las voluntades mayoritarias de sus territorios como son las leyes que los parlamentos aprueban", apostilló.

Concentración frente al Congreso

Esas palabras del ministro encendieron las alarmas de sus socios de investidura hasta tal punto que los grupos y partidos que sostienen al Ejecutivo participaron tan solo 24 horas después junto al Sindicat de Llogaters catalán y el madrileño Sindicato de Inquilinas en una protesta que resonó claramente a advertencia.

"Un Gobierno que se dice a sí mismo progresista no puede insinuar que va a tumbar la ley catalana de vivienda que regula el precio de los alquileres", ha afeado este jueves Jaime Palomera, miembro del sindicato catalán, a las puertas del Congreso. Los activistas del derecho a la vivienda, respaldados por diputados de Unidas Podemos, En Comú Podem, ERC, EH Bildu, Junts, Más País, Compromís y la CUP, han pedido a Pedro Sánchez que no recurra la limitación del precio del alquiler en Catalunya, una propuesta que, por otro lado, se debe extender al resto del país.

En este sentido, Palomera ha confesado que les causa "estupor" que el Gobierno "tenga la ley de vivienda en un cajón desde hace meses" mientras que "insinúa o amenaza" con tumbar la norma catalana, un paso que, de ser así, implicaría rebajarse a las "enormes presiones" de los "fondos buitre". También, a colación de la medida catalana, la diputada morada Sofía Castañón ha urgido a regular "cuanto antes" el precio del alquiler a nivel estatal.

La ley de vivienda del Gobierno, en punto muerto

Y es que, las palabras de Iceta no solo encendieron las alarmas del denominado bloque de investidura, sino que en el propio seno del Gobierno de coalición provocaron el sonido de unos tambores de guerra que parecían enterrados. Desde hace algunos meses, Unidas Podemos parece haber cambiado de estrategia respecto a las negociaciones que mantiene con los socialistas, una cambio que pasa por alejar estos debates del foco mediático y evitar que las confrontaciones y diferencias que siguen existiendo salgan a la luz.

Sin embargo, estas negociaciones "en la sombra" tampoco parecen estar dando sus frutos; un ejemplo es, precisamente, la ley de vivienda, que acumula ya más de cuatro meses de retraso pese a que el PSOE y la formación morada han enterrado el hacha de guerra, al menos en público. El movimiento de los socialistas afecta directamente a estas negociaciones y al desarrollo de una normativa estatal en materia de vivienda, ya que la ley catalana contenía, entre otros preceptos, la limitación de los precios del alquiler con el fin de evitar las subidas abusivas.

Este es precisamente el principal punto de discordia entre la formación morada y los de Pedro Sánchez, pese a que en el acuerdo de coalición ambos partidos se comprometieron con la regulación de los alquileres. Desde el principio de las negociaciones, el Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista José Luis Ábalos, rechaza la idea de limitar los precios y aboga por una regulación a través de incentivos fiscales a los propietarios de los inmuebles, una posición que para Unidas Podemos es, directamente, un incumplimiento del acuerdo de coalición.

Pese a los retrasos en la aprobación de la ley (y a que las negociaciones han entrado en una fase de estancamiento), ambos partidos han dejado de reprocharse públicamente sus diferencias en esta materia. Sin embargo, el eventual recurso de Iceta sobre la ley catalana (que contiene la regulación de los precios del alquiler) podría romper este armisticio y la imagen de unidad que el Gobierno se está trabajando desde el varapalo de las elecciones madrileñas.

El recurso podría tensionar las relaciones con sus socios 

Además, en Unidas Podemos están preocupados por las relaciones con el bloque de la investidura. Conscientes de la importancia que tiene para grupos como ERC la aprobación de una normativa estatal que ampare la ley catalana de vivienda, temen que un eventual recurso de los socialistas ante el Constitucional lleve a la cuerda floja el apoyo del bloque de la investidura.

"No es la primera vez que el bloque de la investidura advierte al Gobierno de que no le saldrá gratis obviar la limitación de los precios del alquiler; no solo es un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, sino que se extiende a la mayoría que sustenta al Ejecutivo en el Parlamento, que se está hartando de esta situación", advierten desde la formación morada.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, son conscientes de la complejidad de la situación y estarían tratando de frenar ese eventual recurso ante el Constitucional que anticipó Iceta. Sin embargo, fuentes del partido insisten en que este asunto "depende en última instancia del PSOE. Sería un grave error", concluyen.

PNV avisa de una "ruptura de la confianza"

Además de ERC, otros socios parlamentarios del Gobierno, como PNV, EH Bildu, Más País o Compromís, han apremiado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo a poner en marcha la agenda progresista que se comprometió a impulsar a principios de la legislatura (enero de 2020). La regulación de los alquileres es una de esas reivindicaciones, pero hay más: la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza, la reforma de las pensiones y un nuevo sistema de financiación autonómica, entre otras.

Asimismo, en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles, el diputado del Grupo Vasco en el Congreso Iñigo Barandiaran (en línea con las quejas expuestas por distintos portavoces de PNV a lo largo de las últimas semanas), denunció el retraso de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi y Navarra prevista para octubre de 2020. Por ello, avisó al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que, de mantenerse en su posición, "supondría una ruptura de la confianza" con su ministerio.

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