¿Se puede llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional?

Llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra por el asedio al que su gobierno está sometiendo a la población palestina en Gaza no es imposible, aunque sí muy complicado por los apoyos estratégicos que tiene Israel entre los principales Estados, que vetan sistemáticamente sanciones e investigaciones por sus vulneraciones del derecho internacional.

En primer lugar hay que recordar que Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional desde 2015, después de ser reconocida por Naciones Unidas, mientras que el Estado de Israel no reconoce la competencia de este tribunal supranacional con sede en La Haya. Netanyahu lo califica de "antisemita" y lo acusa de "menoscabar el derecho de los países democráticos a defenderse". 

Ser o no ser miembro del CPI determina la capacidad del mismo para poder investigar los delitos internacionales de su competencia: agresión, delito de guerra, delito de lesa humanidad y genocidio. "En este caso, estaríamos ante delitos de guerra perpetrados por Israel --dice Manuel Ollé, abogado experto en Derecho Penal Internacional--, y al ser Palestina un Estado miembro, el fiscal de la Corte Penal Internacional podría perfectamente iniciar esa investigación". 

La CPI solo puede juzgar a personas, no a Estados, es decir, ante la Corte Penal Internacional podría responder el responsable del gobierno israelí, así como sus ministros, especialmente los relacionados con la defensa, y los mandos militares.

España puede como estado miembro de la CPI llevar una comunicación ante la fiscalía de la Corte para que estudiara si es posible iniciar una investigación contra Netanyahu y sus ministros. Así lo pidió hace unos días la ministra de Derechos Sociales en funciones y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a Pedro Sánchez. 

Las presiones a la Corte Penal Internacional

No sería la primera vez que la Corte Penal Internacional planteara sentar en el banquillo a Netanyahu. En 2021 la CPI declaró su jurisdicción en los territorios ocupados por Israel en Palestina: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este --ocupados tras la guerra de 1967--, abriéndose una investigación por crímenes de guerra, en concreto en la Franja de Gaza. 

La atención de la Corte Penal Internacional hacia los territorios ocupados por Israel en Palestina ya venía de atrás. En 2015, se abrió un examen preliminar para evaluar si el hostigamiento a la población de Gaza podría ser investigado. Los protocolos en la CPI son lentos e intrincados, como destacan expertos en Derecho Penal Internacional. 

En aquella ocasión, se incluía en el examen preliminar la operación israelí contra Gaza 'Margen protector', que tuvo lugar en el verano de 2014 y por la que murieron más de 2.000 palestinos y un centenar de israelíes, según las cifras que dio Naciones Unidas.

Pese a las presiones que tuvo que soportar el tribunal, incluida la petición de Israel para "desmantelar" la CPI, se mantiene la investigación y, según indican fuentes jurídicas, perfectamente se podría ampliar ahora a los hechos actuales. 

Desmantelar la CPI

"Cuando la Corte Penal Internacional investiga a Israel por falsos crímenes de guerra, esto es puro antisemitismo --dijo en 2021  Netanyahu, cuando se inició la investigación penal internacional--. El tribunal establecido para prevenir atrocidades como el Holocausto nazi contra el pueblo judío está ahora apuntando al único Estado del pueblo judío". 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría también llevar ante la CPI la actuación del Gobierno israelí en Palestina, pero el derecho de veto de los Estados miembros, entre ellos varios aliados de Israel, convierte la opción es inviable. 

Aliados de Israel

El sistemático asedio del Estado de Israel a la población palestina en los territorios ocupados, con bloqueos económicos, apropiaciones de tierra, detenciones arbitrarias e ilegales, cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que tampoco reconoce a la Corte Penal Internacional, creada en 1998, como tribunal para dirimir sobre los crímenes de guerra. 

De hecho, durante el mandato de Donald Trump se visibilizó la vulnerabilidad de la CPI. El presidente de Estados Unidos, como protesta por la investigación abierta ante los excesos de Washington en Afganistán, ordenó imponer una serie de sanciones a la entonces fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, y a algunos de los investigadores. Las sanciones, como no validar los visados de entrada a Estados Unidos, fueron derogadas por el siguiente presidente, Joe Biden. Finalmente la CPI rechazó emprender la investigación solicitada por la fiscal Bensouda sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.

Para el presidente Biden, pese al histórico apoyo a Israel de los Estados Unidos, es importante que Netanyahu actúe "según las reglas de la guerra. Y hay reglas de guerra", ha resaltado la prensa estadounidense en los últimos días. 

La ONU investiga y España se plantó

La Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados ya ha comenzado a recopilar pruebas sobre los crímenes de guerra cometidos por Hamás, que mantiene secuestradas a unas 200 personas, y el Ejército israelí desde el 7 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es conocido de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que lo investigaron por detener y encarcelar a varios ciudadanos españoles en 2010, en la primera 'flotilla solidaria' que intentó romper el bloqueo de Gaza. En 2010, en aquella primer incursión humanitaria, la marina israelí atacó a los barcos solidarios, provocando nueve muertes, decenas de heridos, centenares de detenidos, entre ellos, tres ciudadanos españoles. 

Estos españoles denunciaron los hechos y la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación, recayendo la causa por torturas y lesa humanidad en el juzgado del juez José de la Mata, que llegó a dictar orden de detención.

Sin embargo, la causa se archivó al declararse la Audiencia Nacional sin jurisdicción para proceder contra el primer ministro israelí y media docena de sus ministros y colaboradores.