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Matanza de Atocha Víctimas de matanza de Atocha piden la nulidad de las actuaciones sobre Carlos Juliá

Juliá fue condenado a 193 años de prisión en 1980, pero tan sólo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta. En 1991 consiguió la condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Latinoamérica por una oferta de trabajo y, aunque el permiso fue revocado posteriormente, nunca regresó a España.

El ultraderechista español Carlos Garcia Julia, uno de los autores de la masacre de Atocha ocurrida en 1977, aborda un avión en San Pablo para su extradición a España (EFE/ Fernando Bizerra)
El ultraderechista español Carlos Garcia Julia, uno de los autores de la masacre de Atocha ocurrida en 1977, aborda un avión en San Pablo antes de su extradición a España (EFE/ Fernando Bizerra)

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La Fundación Abogados de Atocha ha planteado la nulidad de las actuaciones judiciales sobre la matanza de 1977 que se han practicado desde que el presunto autor, Carlos García Juliá, fue extraditado a España en febrero, y ha impugnado la liquidación de condena dictada por la Audiencia de Ciudad Real.

Carlos García Juliá está condenado por ser uno de los autores de la matanza de Atocha, cometida el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas por miembros de la extrema derecha, y fue extraditado en febrero de este año a España tras ser arrestado en Brasil.

Fue condenado a 193 años de prisión en 1980, pero tan sólo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta. En 1991 consiguió la condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Latinoamérica por una oferta de trabajo y, aunque el permiso fue revocado posteriormente, nunca regresó a España.

Tras décadas prófugo y un periodo encarcelado en Bolivia, fue arrestado en Sao Paulo en diciembre de 2018 y finalmente extraditado a España el pasado mes de febrero e ingresado en la prisión de Soto del Real.

En ese momento a García Juliá le quedaban cumplir 3.855 días de pena en la cárcel (son 30 años como máximo de cumplimiento) como autor de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio.

Pero la Audiencia Provincial de Ciudad Real atendió en mayo la petición de su abogado para una nueva liquidación de la condena por la que podría salir de prisión en noviembre, tras rebajarse de diez años a diez meses la pena que le queda por cumplir.

El hecho de que la defensa de García Juliá haya acudido a ese tribunal se debe a que es el último órgano judicial que dictó una sentencia penal contra García Juliá. Esta sentencia no tiene nada que ver con el asesinato de los abogados de Atocha.

Los plazos para recurrir este nuevo cálculo de la pena se paralizaron con el estado de alarma, y es ahora cuando la Fundación Abogados de Atocha ha planteado un incidente de nulidad en relación con todo lo actuado desde que García Juliá llegó a España, "por no haber tenido en cuenta a las víctimas y a sus familiares, y a sus representantes, que eran parte del sumario desde un principio".

Así lo ha informado este domingo Comisiones Obreras, que detalla que la Fundación también ha impugnado la liquidación de condena de la Audiencia de Ciudad Real, sobre la que subraya que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación.

La Fundación Abogados de Atocha considera "increíble" que por un lado la Audiencia Nacional haga una liquidación al condenado en la que considera que le restan por cumplir 855 días, y que "la Audiencia de Ciudad Real le quiera poner en libertad" el próximo 19 de noviembre "aplicando redenciones de condena por trabajo a las que no tendría derecho por el quebrantamiento de condena que protagonizó".

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