La parálisis momentánea de la Memoria Democrática: entre la mayoría delicada del Congreso y el parón de los juzgados

Pareciera que apenas se ha avanzado en torno a la memoria democrática, una de las principales banderas del Gobierno de coalición, desde la exhumación de Franco y su recolocación sufragada con dinero público en el cementerio de Mingorrubio. Como si de un efecto tapón se tratara por diferentes casuísticas, el año que empieza deberá traer consigo algunos de los mayores avances en materia de memoria histórica acaecido en España.

Primero fue la destitución de Carmen Calvo y su sustitución por Félix Bolaños al frente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Después, el Consejo de Ministros aprobó enviar el proyecto de Ley de Memoria Democrática al Congreso más tarde de lo esperado. Una vez superadas en el Parlamento las enmiendas a la totalidad presentadas por la derecha y extrema derecha, además de ERC, el texto se debate en la Comisión constitucional. Por otra parte, las exhumaciones de los miles de restos que se encuentran en la cripta del Valle de Cuelgamuros se vieron paralizadas en los tribunales al ser denunciadas por organizaciones ligadas a la ultraderecha. Patrimonio Nacional ya ha presentado los recursos necesarios para que este proceso judicial no entorpezca el desarrollo de los desenterramientos. La resignificación del mausoleo que el dictador mandó construir será otro de los asuntos pendientes para el Ejecutivo, que además deberá hacer frente a algunas quejas por parte de organizaciones memorialistas que consideran que la mencionada norma, aún por aprobar en el Congreso, es demasiado tibia.

Fernando Martínez, secretario de Estado para la Memoria Democrática, asegura que la Ley estará aprobada durante este mismo año tras debatir las 471 enmiendas parciales en la comisión del Congreso. De esta forma, el secretario de Estado quita peso a las sospechas de algunas entidades memorialistas que temían que sucediera lo mismo que con la ley de Zapatero de 2007 y se aprobara justo al final de la legislatura.

Resignificar es explicar

La resignificación del Valle, a su vez, conlleva una serie de trabajos no tan visibles pero sí necesarios. "Convertiremos el lugar en un espacio de memoria, donde explicaremos cómo fue construido y quién lo construyó, que fue mano de obra libre y penada, y también en qué periodo y con qué significado se levantó, que no es otro que la simbiosis entre religión y política, lo que se conoce como nacionalcatolicismo", explica el propio Martínez.

Para que todo ello llegue a buen puerto, ya se han iniciado distintos proyectos de investigación que estudian la historia arquitectónica, funeraria, política y simbólica del lugar y todo lo que le circunda. En este sentido, Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) a nivel estatal, critica que el Gobierno esté esperando a la aprobación de la Ley para explicar, aunque fuera someramente y con unos carteles, qué es el Valle, quién y en qué condiciones lo construyeron y qué se venera realmente en el lugar.

Según la información aportada por la Secretaría de Estado, existen 33.821 cadáveres en el interior del Valle de Cuelgamuros y las solicitudes de devolución de los cadáveres a sus legítimos dueños se acercan al centenar. "Patrimonio Nacional ya cuenta con una partida económica para sufragar las obras que tendremos que realizar y el Consejo de Ministros aprobó la creación de una comisión de trabajo forense para las exhumaciones, así que está todo preparado", arguye Martínez. Este historiador de profesión se refiere a la demanda que algunas organizaciones ligadas a la extrema derecha presentaron y mediante la que consiguieron paralizar los desenterramientos: "Estamos listos para empezar a trabajar en cuanto llegue la resolución judicial".

Nulidad de los tribunales franquistas

"Declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género". Ese es el cuarto punto que tanto UP como el PSOE se comprometieron a llevar a cabo y que ahora el secretario de Estado defiende en la Ley.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, única fuerza alejada de la derecha que presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley, defiende que el texto legal no refleja la nulidad de las condenas: "Lo hemos dicho desde el principio. Para nosotros es básico, para poder abrir la puerta a una verdadera reparación judicial, el hecho de que se declarara, no solo nulo e ilegítimo un régimen surgido tras un golpe de Estado, sino ilegal", en los términos del diputado.

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, considera que en el texto ahora debatido en la comisión del Congreso "se ha buscado una especie de subterfugio para considerar esas condenas como ilegítimas, pero eso es un concepto moral, no jurídico". Martínez, a su vez, defiende que la nulidad de las condenas penales y administrativas se realizará en bloque, pero que tendrá que ser cada interesado el que pida la declaración de reconocimiento y reparación por parte del Gobierno de España si quiere tenerla en su poder.

El “concurso” de las exhumaciones

Criticado el secretario de Estado por no llevar a cabo muchos de los aspectos que recoge la Ley y esperar a su aprobación, pudiendo no hacerlo, este historiador de formación incide en que se están realizando numerosos "actos de reconocimiento de singular relevancia por todo el territorio nacional", así como un plan cuatrienal de exhumaciones de víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes, cumpliendo así el segundo punto del pacto de Gobierno.

En este sentido, Silva se muestra en contra de la forma en la que se está gestionando el presupuesto: "La mayor partida va hacia la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de ahí a los ayuntamientos o diputaciones que lo pidan, compitiendo entre ellas y adjudicando las partidas a los mejores proyectos, como si fuera un concurso. Es un arma política, porque la derecha no pedirá ese dinero, y así la izquierda será la buena al prometer que ellos sí van a reclamar la financiación para exhumaciones". De hecho, la ARMH no participa de estas subvenciones.

El régimen sancionador, indispensable

Peinado, por su parte, incide la importancia de que, como sucede, la nueva Ley venga acompañada de un régimen sancionador, algo que no ocurrió en la de 2007. "Es vergonzoso que hayan pasado 14 años desde que una ley está en vigor y siga sin cumplirse porque determinadas fuerzas políticas no quieran hacerlo, simple y llanamente, y tampoco se les pueda obligar a ello", en sus propios términos. Además, el presidente de la Federación se refiere así a la retirada de condecoraciones a los represores de la dictadura: "Consideramos insuficiente la retirada solo a las personas que están vivas, debería hacerse con efecto retroactivo. Es increíble cómo las pensiones de viudedad de los torturadores y su consideración social sea más alta que la de los torturados".

Silva representa a la asociación más crítica con el proyecto de memoria democrática gubernamental de todas las fuentes consultadas. Según el primer punto del pacto de Gobierno en materia democrática, y así lo refleja el anteproyecto de Ley, el 8 de mayo será declarado como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio y el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo.

Así se expresa el presidente de la ARMH: "Las dos son fechas fallidas. El 8 de mayo, cuando la Alemania nazi firma su claudicación, a los españoles aún les quedaban 30 años de exilio, si es que llegaban con vida a la muerte del dictador. Luego, la de octubre es un despropósito. Bolaños equipara a todas las víctimas de la guerra y encima elige el día en que el Congreso y el Senado aprueban la Constitución de 1978. En esa Constitución nadie nombra a las víctimas de la dictadura, nadie la condena, ni siquiera hay hoy en día ningún reconocimiento a quienes la padecieron. Con esta fecha quieren apuntalar el relato idílico de la Transición ejemplar, pero esto no es más que un insulto a todos los represaliados", se explaya.

Una reparación incompleta

Concha Díaz es vicepresidenta en España de la Amical de Mauthausen y otros campos de concentración alemanes. Ella es la que expresa que "en Europa se han dejado enterradas a las personas en las fosas para reivindicar y hacer ver las masacres que hubo en los distintos territorios", refiriéndose a las exhumaciones de la cripta del Valle de Cuelgamuros. Conocedora de lo ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Díaz también referencia el último punto del pacto de Gobierno: la auditoría de los bienes expoliados por el franquismo. "No solo hablamos de los bienes como tal, sino que se deberían investigar todas las empresas que se beneficiaron de trabajo forzado. El juicio de Alemania se produce casi en el año 2000, mucho tiempo después, y después se crea un fondo económico para reparar a estos trabajadores y sus familias", arguye.

Jacinto Lara, abogado de Ceaqua, organización que lidera la querella argentina contra los crímenes del franquismo, considera que la Ley de Memoria Democrática es insuficiente al no abordar los obstáculos que los tribunales españoles invocan para no investigar los crímenes. "Ni siquiera trata temas como la Ley de Amnistía, algo que debería incorporarse sí o sí, pero ahí se dan muchas resistencias. Hay cierta falta de voluntad política para modificar el estado de las cosas y esto es más grave cuando se convierte en sinónimo de perpetuar una situación de impunidad que ha sido largamente mantenida durante más de 40 años en democracia"; concluye el letrado.

El PSOE hace suya la Ley de Amnistía del 77

Desde UP, conscientes de este asunto, intentaron que la Ley de Amnistía de 1977 no fuera óbice para investigar las torturas y crímenes perpetrados durante la dictadura. Enrique Santiago, portavoz adjunto de la formación política, presentó junto al PSOE una serie de enmiendas, entre las que destaca aquella referida al segundo artículo de la Ley de Memoria Democrática. Si se aprobase, el texto definitivo sería el siguiente: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario", por lo que "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Diferente fue la lectura que hizo el PSOE de todo ello. Bolaños llegó a afirmar que, en materia de justicia, no se produciría ningún cambio: "Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002", y concluyó que "la enmienda lo único que hace es ratificar la vigencia de la ley de Amnistía". Sentencias todas ellas que se terminaron diluyendo con el tiempo pero que, antes o después, marcarán el futuro y la justica para con los represaliados por el franquismo.

Rufián, en este sentido, agrega que "para que se dé una verdadera reparación judicial y económica, como sucedió en el resto de nuestro entorno, la Ley de Amnistía debe cambiarse, porque si no es imposible. No se puede prometer una reparación real sin poder perseguir a los victimarios, y esta ley no lo permite al igual que no lo permitió hace 14 años". Tal y como concluye el republicano, "simplemente habría que eliminar el borrón y cuenta nueva que supuso la Ley de Amnistía y que la gente, los familiares y las víctimas tengan que dejar de ir a Argentina y Chile a reclamar lo que es suyo, que lo puedan hacer en un juzgado de España".