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"Varios miles" de represaliados del franquismo serán exhumados en Córdoba

La firma de un convenio entre el Gobierno de España (PSOE y Unidas Podemos), la Junta de Andalucía (PP y Cs), la Diputación (PSOE e IU), y el Ayuntamiento (PP y Cs) garantiza los fondos necesarios para llevar los trabajos hasta el final

Cementerio de la Salud, Córdoba.
Cementerio de La Salud, en Córdoba. –Archivo.

raúl bocanegra

Las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y de la Huerta de la Salud, en Córdoba van a ser finalmente exhumadas después de años y años de reivindicaciones de las familias y de las asociaciones memorialistas.

La firma este viernes de un convenio entre el Gobierno de España, formado por una coalición de PSOE y Unidas Podemos, la Junta de Andalucía, en manos de PP y Ciudadanos, la Diputación de Córdoba (PSOE e IU) y el Ayuntamiento (PP y Ciudadanos) garantiza los fondos necesarios para llevarla hasta el final.

El protocolo "establece las bases que regirán las labores de exhumación, levantamiento, custodia de restos, extracción de muestras e identificación de las personas halladas en estas dos fosas", según el Gobierno andaluz.

Esta exhumación sigue el modelo de la llevada a cabo en Málaga en el año 2006, de la que se extrajeron los cuerpos de 2.840 personas, y es la tercera –después de la de Sevilla, que está en ejecución– que se acomete en una capital andaluza con cierta ambición y con el entendimiento entre instituciones gobernadas por partidos de distinta sensibilidad e ideología.

En esas fosas, se calcula que hay "varios miles" de cadáveres producidos tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior represión franquista, según los estudios más rigurosos, uno de los cuales, elaborado por Rafael Espino, Julio Guijarro, Juan Manuel Guijo, Jesús Román, Fernando Sígler y Elena Vera Cruz se puede consultar en la página web todoslosnombres.org, aquí

En ese trabajo se documenta, además del origen de los cuerpos –a los que se identifica en numerosos casos con su nombre y apellidos– el incremento de trabajo y de gasto en los camposantos tras el golpe, sobre todo en septiembre y octubre de 1936 como consecuencia del "colapso en los enterramientos", que llevó a las autoridades a tomar decisiones.

"El gran condicionante de los mecanismos de enterramiento de las personas represaliadas por el franquismo, así como de las actividades póstumas asociadas a sus entornos, viene dado por la gran masa de cadáveres en los meses del verano de 1936 y de la falta de disponibilidad de espacio para su inhumación. A las víctimas del franquismo que integraban la mayor parte de esa masa de cadáveres, se les debían unir los fallecimientos cotidianos sin violencia, víctimas de bombardeos e integrantes del bando franquista", se lee en el trabajo. Al noreste de Córodoba se fijó una línea de frente, una frontera en la que se produjeron refriegas, escaramuzas y batallas hasta principios de 1939.

Una caja de zapatos con las gafas dentro

Uno de los símbolos de la represión en Córdoba fue el diputado socialista Luis Dorado Luque, cuya hija, Carmen, murió en 2010 sin que nadie hubiera movido un metro de terreno para encontrarlo. Ni a él ni, por supuestos a los otros miles. La familia Dorado llegó a acudir sin ñexito al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Córdoba, gobernó la izquierda durante décadas y la exhumación se va a hacer ahora, con un alcalde del PP, José María Bellido, al frente.

La microbiografía recogida en la web todoslosnombres de Dorado Luque recoge lo siguiente: "Luis Dorado y Antonio Bujalance [también socialista] fueron asesinados la noche del 29 al 30 de julio. El cuerpo sin vida de Dorado fue llevado el día 30 por una ambulancia de la Cruz Roja al Cementerio de la Salud de Córdoba, donde fue examinado por un forense que dictaminó que había fallecido "a consecuencia de heridas por arma de fuego que han herido el cerebro y el hígado". En los bolsillos de su ropa se encontraron varios documentos, tarjetas y una cédula personal a nombre del difunto y Luis Dorado Luque fue inscrito con su nombre y apellidos en el Libro de Registro o Necrológico General del Cementerio. Pero fue a partir de ahí donde comenzó el esfuerzo por ocultar o tergiversar los hechos. Las familias de los dos diputados se enteraron de sus muertes cuando recibieron sus efectos personales. La de Bujalance recibió el reloj y la cartera. La de Luis Dorado recibió una caja de zapatos, remitida de modo anónimo, con sus gafas dentro".

"Lo que nunca tuvo la familia es una comunicación oficial de la muerte, del asesinato. La ocultación de la represión a efectos legales ya había comenzado. Luis Dorado fue inscrito en el registro del cementerio, pero el juez que debía inscribirlo en el Registro Civil puso en tela de juicio la identidad del cadáver que acaba de registrarse en el cementerio y procedió a inscribirlo como un "varón desconocido" que portaba documentos de Luis Dorado", añade la microbiogafia, basada en dos fuentes fundamentalmente, La Justicia de Queipo, de Francisco Espinosa Maestre (Barcelona, Crítica, 2006) y Exilio interior. Cuadernos para el Diálogo, nº 11, junio de 2006, págs. 24-27, de Antonio Gutiérrez Dorado.

El terreno de la razón

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo (PSOE), cordobesa, acudió a la firma del convenio con la Junta, en cuya representación acudió la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), la Diputación, por la que rubricó su presidente, Antonio Ruiz (PSOE), y el Ayuntamiento, cuyo alcalde –Bellido (PP)– también participó. Calvo afirmó que le resulta "muy gratificante" un acuerdo común con todas las administraciones públicas "que constituyen la vida del Estado en Andalucía" para seguir avanzando "en un objetivo que tiene mucho que ver con la dignidad de nuestra democracia".

"Esta imagen de las cuatro administraciones públicas, los cuatro niveles políticos y administrativos que tiene nuestro único Estado español es una magnífica propuesta de lo que el Gobierno de la Nación considera que es una verdadera agenda de la democracia: la Memoria Democrática", agregó Calvo.

La vicepresidenta afirmó que España "tiene deudas pendientes" en algunos de los lugares "tragicámente significativos" como es el caso de Córdoba. "Estamos hablando de más de 4.000 víctimas en los cementerios de San Rafael y La Salud, donde hay restos mortales de personas de 35 provincias y 15 nacionalidades. Hablamos del martirio infinito que supuso la defensa del orden constitucional y la confrontación entre españoles", dijo.

"La mejor concordia es la justicia, porque la concordia es un sentimiento admirable, excelente, pero la justicia entra en el terreno de la razón y cuando entramos en el terreno de la razón todos estamos conformes", remachó.

La consejera Del Pozo (PP), por su parte, destacó que el protocolo de colaboración para la exhumación de fosas en los dos cementerios ahora firmado está presidido por «el espíritu de consenso, diálogo y concordia necesario para la reparación de las heridas en las familias de las víctimas, que es el objetivo prioritario de todas las actuaciones del Gobierno andaluz en esta materia».

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