Niños en los toros y violencia intrafamiliar: las cesiones del PP a Vox para gobernar en Balears
Marga Prohens (PP) será presidenta con la abstención de la ultraderecha. A cambio se aprobarán rebajas de impuestos, se derogarán la ley de memoria histórica y la ley trans autonómicas y se aumentará la lucha contra la 'okupación'.
La candidata del PP en Balears, la mallorquina Marga Prohens, será la nueva presidenta regional con un gobierno en solitario apoyado por Vox. La ultraderecha ha acordado que se abstendrá en segunda votación durante la sesión de investidura, que será el próximo lunes 6 de julio, para permitir gobernar al PP con apoyos externos y puntuales.
El acuerdo entre ambas formaciones llega después de que el PP diera a Vox la presidencia del Parlament balear, que recae en Gabriel Le Senne, un diputado ultra fiel al perfil que la extrema derecha está colocando al frente de varios parlamentos autonómicos: negacionista de la crisis climática, de la violencia machista y de los derechos LGTBI+.
Los populares también han cedido cargos a la ultraderecha en los consells insulares de Mallorca y Menorca y ambos partidos han firmado un acuerdo de gobierno de 110 puntos.
Entre estas concesiones del PP hay reformas de calado junto a detalles encumbran a la derecha y la ultraderecha en la batalla cultural, como que los menores puedan acceder a las plazas de toros para presenciar corridas y otros espectáculos si así lo quieren sus padres.
Los niños tenían prohibida la asistencia a eventos taurinos desde 2017, cuando la tauromaquia se prohibió tras la aprobación de la ley autonómica de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales, que luego tumbó el Tribunal Constitucional.
Fin del impuesto de sucesiones
El acuerdo también pone en la diana el impuesto de sucesiones y donaciones, que será eliminado en los cien primeros días de legislatura para las herencias entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges. También se reducirá a la mitad entre hermanos y sobrinos.
En la misma línea, PP y Vox han pactado la "reducción progresiva hasta la eliminación total" del impuesto de Patrimonio y la supresión de la Oficina Anticorrupción de Balears.
Catalán en las escuelas
El documento defiende la libre elección de centros escolares y de la lengua vehicular en la educación, tanto el catalán o castellano. Sin embargo, el PP se compromete a eliminar la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y a suspender la aplicación de la Lomloe en Balears, al mismo tiempo que no hablar catalán dejará de penalizar para acceder a empleos públicos.
Derogación de la ley de memoria histórica
Prohens promete a Vox derogar la ley de Memoria y Reconocimiento Democrático de las Balears y poner fin a la retirada de monumentos que ensalcen la dictadura, aunque el texto habla de evitar "la destrucción de monumentos y elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico".
Violencia intrafamiliar y fin de la ley trans
El pacto habla de aprobar una "ley integral de protección de la familia" con medidas para fomentar la natalidad mediante ayudas por nacimiento, adopción y acogida. También contempla aprobar una nueva ley de infancia con medidas "ante el adoctrinamiento y manipulación de menores y la violencia en todos los ámbitos: familiar, escolar, redes sociales...".
Textualmente, el documento recoge: "Exigiremos la derogación de la ley Trans" y "modificaremos la ley autonómica" para que las mujeres "estén y se sientan protegidas en espacios de intimidad como vestuarios o baños, así como en el ámbito del deporte".
En cuanto a la violencia machista, el término ultra "violencia intrafamiliar" gana enteros. "Apoyo y asistencia a la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren las mujeres, los niños y los ancianos", dice el documento. Sin embargo, también recoge el compromiso de "apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres" con prevención "identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores". Habla de trabajar para erradicar "los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos".
Entre otras medidas, el pacto entre derecha y ultraderecha apuesta por "la defensa de la propiedad privada frente a la okupación".
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